Los tres primeros artículos constitucionales de Guatemala confluyen, se implican y abarcan a todo el resto de la Carta Magna. 1. Proteger a la persona y a la familia. El 2 fija la obligación de garantizar la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo. El 3 fija como primera garantía la vida y vuelve a resaltar la seguridad. El Organismo Ejecutivo es el más visible responsable de velar por la generación de condiciones seguras para el desempeño de actividades personales y productivas, aunque no el único; el Organismo Judicial es el que debe aplicar las leyes a los transgresores, y el Congreso debe fiscalizar y reforzar esa protección en favor del bien común.

Por eso, cuando pululan extorsionistas, asaltantes y matones, no se trata solo de poner más policías en la calle, sino de reforzar procesos certeros para que existan precedentes de sanción o condenas estrictas que los alejen de la sociedad. Tal como lo reiteraron expositores en el Encuentro Nacional de Empresarios (Enade) 2026, celebrado ayer, la seguridad ciudadana es una condición indispensable para el desarrollo integral. Sin ella, la inversión pierde incentivos, las empresas enfrentan mayores costos, el empleo se debilita y la ciudadanía vive bajo amenazas que limitan su libertad e incluso en el riesgo de perder la vida.

Pero el desafío de Guatemala va más allá de combatir la delincuencia en las calles: también abarca impedir que las mafias criminales del narcotráfico, el contrabando, la trata y las pandillas se infiltren en instituciones estatales. La abundancia de recursos ilícitos y las ambiciones de poder conducen a estos grupos a intentar copar ciertos cargos e instituciones en busca de protección, información privilegiada y acceso a decisiones públicas. Por desgracia, tales situaciones ya han sucedido.

En este mismo espacio hemos mencionado el abyecto espectáculo de presidenciables extraditados y confesos de narcodelitos; sus nombres ya están en la lista negra de la historia de Guatemala pero, por desgracia, instituciones de justicia se han encargado de exculparlos y casi convertirlos en falsos mártires. Las municipalidades, sobre todo de zonas fronterizas y costeras, se han convertido en objetivos vulnerables a esas redes. Basta ver la cantidad de alcaldes y exalcaldes extraditados a Estados Unidos por colaborar con el trasiego de drogas.

De ahí la importancia de fortalecer la coordinación entre Policía, Ministerio Público, Ejército y Sistema Penitenciario, pero también la Intendencia de Verificación Espacial, que alerta sobre flujos dinerarios sospechosos; o el Tribunal Supremo Electoral, que debe exigir una rigurosa rendición de cuentas a las organizaciones sobre el origen de sus recursos —hasta ahora, no lo está haciendo, y con ello deja amplio espacio a que la narcopolítica se cuele—.

La actividad política debería dejar de dar el espectáculo circense de campaña anticipada y reyertas anodinas, a fin de poner en limpio acuerdos mínimos para una hoja de ruta en materia de seguridad pública, política penitenciaria, vigilancia fronteriza y también la prevención del delito. Por supuesto que también debe haber compromisos fundamentales en otras áreas como salud, educación y economía, pero estos difícilmente podrán resultar fructíferos si prevalece el miedo a ser víctima de violencia. Guatemala necesita retomar la senda de reducción en la tasa de homicidios y aumentar la capacidad operativa de golpear a las redes criminales donde más les duele, es decir, en el dinero; pero para ello se necesita de administradores serios, probos, íntegros y capacitados. Eso no se puede lograr si solo se siguen los manidos discursos de mano dura sin cerebro.