Hoy, 15 de septiembre, se conmemora el 204o. aniversario de la Declaración de Independencia de Centroamérica de España. Esta declaración se complementó con la Declaración de Independencia Absoluta de la antigua España, México y cualquier otra potencia, emitida el 1 de julio de 1823, después de que Centroamérica pusiera fin a su anexión a México (5 de enero de 1822).

El 22 de noviembre de 1824, los representantes provinciales decretaron la Constitución de la Federación de Estados Centroamericanos (FEC), que incorporó un sistema presidencialista, un Legislativo bicameral y un Judiciario encabezado por una Corte Suprema de Justicia, cuyos integrantes debían ser elegidos por el pueblo.

El Congreso designó a Manuel José Arce como primer presidente de la FEC, después de la invalidación del resultado de la votación popular, que favoreció a José Cecilio del Valle, consumándose así el primer fraude electoral, que envenenó el futuro.

Las luchas irreconciliables entre conservadores y liberales, así como la debilidad institucional del Legislativo y de la justicia oficial, lo que condujo a la concentración y abuso de poder en el Ejecutivo, al incumplimiento de la ley, a la imposición por la fuerza y, finalmente, a la ruptura de la unión centroamericana. En Guatemala, se consolidó el régimen de los 30 años (1841-71); y, a raíz de la Revolución Liberal de 1871, se decretó la Constitución de 1879 y se inició un perverso e interminable juego de poder entre líderes militares y políticos “liberales”, con vocación despótica.

La Revolución de 1944 allanó el camino hacia la modernidad política surgida después de la derrota del fascismo y el nazismo, basada en las cuatro libertades (de expresión, de culto, frente a la necesidad y frente al miedo) y el Nuevo Trato, postulados por el presidente de los EE.UU., Franklin Roosevelt. Se decretó la Constitución de 1945, que incorporó, además de las libertades individuales, los derechos sociales. Se suscribió la Carta de la ONU (1945) y se emitió la Declaración Universal de los DD. HH. (1948), instrumentos que son la base del multilateralismo o cooperación colectiva para abordar temas globales como la paz y la seguridad, el cambio climático, el desarrollo sostenible y los DD. HH., que, hoy día, se encuentra en crisis.

La Guerra Fría supuso la confrontación ideológica y política entre los defensores de los sistemas capitalista liberal y comunista. La sociedad se desangró en medio de esta pugna brutal. El militarismo y el enfrentamiento armado interno inhibieron la eficacia de las Constituciones de 1956 y 1965.

La apertura política de 1983-5 garantizó la instalación de una autoridad electoral confiable y la celebración de comicios libres. Se emitió una nueva Constitución y se habilitó un proceso democratizador en 1986. No obstante, este degeneró en una cleptocracia (corrupción e impunidad sistémicas), caracterizada por el vaciamiento de la Constitución, es decir, la desprotección de los DD. HH., la regencia de antivalores políticos (inmoralidad, humillación, codicia, intoxicación ideológica y deshumanización) y la desinstitucionalización política (ausencia de mérito y rendición de cuentas, seudorrepresentación, opacidad y arbitrariedad).

Por lo tanto, la sociedad guatemalteca no ha contado con una patria constitucional, o sea, con un genuino Estado de derecho, garante de la constitucionalidad, la independencia judicial y la resolución pacífica de conflictos, responsable de la realización del bien común y comprometido con la protección de los DD. HH., el mérito, la probidad, la transparencia y la no violencia.