La institución llamada Registro Electoral era el ente designado por el Organismo Ejecutivo para llevar a cabo las elecciones en 1982. El resultado de la elección presidencial, que dio por ganador al candidato del presidente Lucas García, fue tan cuestionada que no se logró que tomara posesión el cuestionado ganador, general Guevara, ya que el 23 de marzo se dio el golpe de Estado que llevó al poder al triunvirato militar de Ríos Montt, Maldonado Schaad y Gordillo Martínez.

En 1983 el gobierno de facto decretó la Ley Orgánica del Tribunal Supremo Electoral, donde lo reguló como un órgano autónomo. Esa nueva institución fue quien convocó a la Asamblea Nacional Constituyente, que elaboró la vigente Constitución Política de la República de Guatemala. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) fue creado para normar todo lo relativo a los derechos políticos de los ciudadanos. En 42 años, el TSE ha organizado 17 procesos electorales. Los integrantes del actual y el anterior TSE cuentan con cuestionamientos así como de la veracidad del resultado de la elección presidencial del 2023.

En 1983 también se emiten dos leyes adicionales: la del Registro de Ciudadanos y la de Organizaciones Políticas. Menciono estas dos para que el lector vea la visión de quienes decretaron esas leyes, ya que eran necesarias y complementarias.

El primer Tribunal Supremo Electoral (1983) fue reconocido por la integración de abogados notables como su presidente, el licenciado Arturo Herbruger Asturias, y los cuatro vocales, así como la Primera Magistratura (1984-1990), también presidida por el licenciado Herbruger Asturias, con el acompañamiento de los licenciados Menéndez de la Riva, Ruano Mejía, Ordóñez Polanco y Schwank Durán. Por el autogolpe de Estado de Jorge Serrano en 1993, el Congreso de la República eligió al licenciado Herbruger Asturias como vicepresidente de la República.

La Tercera Magistratura la encabezó el licenciado Félix Castillo Milla. La Cuarta la encabezó el licenciado Óscar Bolaños Parada, y la Quinta, la licenciada María Eugenia Villagrán de León. Ahí se empezó a hablar de que era necesaria una reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que, tristemente, en mi opinión, no fue una mejora a lo que se tenía, sino que ya tenía muchos intereses políticos de los influyentes del momento en la cancha política, pero con presiones muy fuertes de actores que afortunadamente ya no viven en el país.

La Sexta Magistratura ya fue integrada con abogados que en la mayoría de los casos tenían simpatía por cierto partido político o personaje político. Ahí cambió a que se rotaran la presidencia los titulares cada año, y en la Séptima Magistratura fueron elegidos bajo simpatías similares. Quizá lo que más destaca de la Sexta Magistratura hoy día fue el proceso de registro del partido Movimiento Semilla, ahora ya cancelado por ilegalidades en su creación. Lo que más destaca de la actual magistratura son las acusaciones de corrupción por la compra de unos equipos tecnológicos para facilitar el conteo de votos y por qué, en la mayor parte del período, cuatro titulares aún siguen estando fuera del cargo.

En mi opinión, el TSE se desacreditó totalmente durante esta Séptima Magistratura, y bajo la ley actual hace difícil pensar que el proceso que llevará a elecciones antes del 20 de marzo de 2026 sea nuevamente con personajes notables, como fueron las primeras magistraturas.

Hay que seguir muy de cerca lo que los cinco integrantes de la Comisión de Postulación hagan camino a la nómina de los 20 candidatos, entre los cuales el Congreso de la República (con 107 votos) elija a los cinco titulares y a los cinco suplentes. La Comisión de Postulación la integran el rector de la Usac (presidente); el decano de Derecho de la Usac; uno elegido por los rectores de universidades privadas; uno, por decanos de las facultades de Derecho de las privadas; y uno, por el Colegio de Abogados y Notarios.