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Decisión de Arévalo sobre ley de Codedes agita carrera por la Anam
La sanción o veto del presidente Bernardo Arévalo sobre el Decreto 7-2025 podría redefinir las alianzas entre alcaldes y marcar el rumbo de la elección en la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam).
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Una presidencia necesitada de alianzas se enfrenta a la decisión de sancionar o vetar el Decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Ambas opciones incidirán en la gobernanza local, la relación con los partidos y la elección de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), según analistas.
Los interesados en la presidencia de la Asociación han marcado sus posturas respecto de la ley, y la decisión de Bernardo Arévalo influirá en cuáles alcaldes ganan favoritismo para la próxima elección.
El actual presidente de la Anam, Sebastián Siero, lideró la acción para reunir más de 300 cartas dirigidas al presidente, en las que se solicita la sanción del decreto. También anunció manifestaciones en caso de veto. De tal forma que, si el presidente Bernardo Arévalo sanciona la ley, Siero capitalizaría un importante logro en su ruta a la reelección.
Enrique Arredondo, alcalde de Nueva Santa Rosa, publicó un video en sus redes sociales explicando que, como alcalde, respalda a Arévalo en el veto, pero que, como municipalidad, se firmó la carta enviada a la Anam pidiendo la sanción. Justificó que dicha decisión fue aprobada por mayoría del Concejo, y que, al ser la autoridad superior, le correspondía firmarla. El video circuló un día después de que Arévalo visitara el departamento y se reuniera con alcaldes.
Su postura también le valió el distanciamiento del diputado Luis Aguirre, del partido Cabal. Aguirre señaló que Arredondo no pidió apoyo del partido para plantear su postura; además, afirmó que el jefe edil está buscando respaldo del Ejecutivo. “Él creo que tiene el apoyo del presidente de la República”, indicó Aguirre.
Juan Carlos Pellecer, alcalde de San Juan Sacatepéquez, también se ha pronunciado al respecto; sin embargo, evita tomar una postura frontal sobre la decisión. Sus declaraciones se limitan a afirmar que el presidente tiene derecho a decidir y a criticar a Siero. Su jefatura edil fue una de las que no envió carta pidiendo la sanción del decreto.
La investigadora de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), Virginia Pinto, comentó que la decisión podría no incidir directamente en la Anam, pero los interesados pueden aprovechar el momento político e influir en la relación con el Ejecutivo.
“Se da en un contexto de un gobierno necesitado de negociaciones, que requiere una buena relación con los actores”, puntualizó Pinto.
Agregó que el presidente se encuentra en una encrucijada, pues cualquier decisión fortalecerá su relación con algunos actores, pero perjudicará a otros.
Decisión compleja
A criterio del politólogo Ricardo Barreno, la elección de la Anam es un factor que presiona la decisión de Arévalo, ya que ocurre en un año preelectoral y puede ser determinante para fortalecer o debilitar a algunos de los candidatos.
“Tener a actores locales afines no solo les asegura a ellos su reelección, sino que también les da respaldo político a nivel legislativo y presidencial. Pero, al final, el interés parece no ser general —en la Anam—, sino uno de reelección”, indicó Barreno.
Señaló que, en este momento político, es prudente que los alcaldes mantengan una postura neutral, mientras se evidencia la intención del Ejecutivo de acompañar o frenar a los jefes ediles.
Gobernabilidad
Describió que el equipo de Arévalo debe poner especial atención en ese análisis político y no enfocarse exclusivamente en la parte técnica, debido a las implicaciones que tiene la ley en la fuerza edil.
“Muy pocas veces hemos visto en este gobierno esa capacidad de análisis político que implica una decisión técnica. El peligro es que no lo estén haciendo, y en este caso, la decisión afecta a un cuerpo municipal que puede llegar a ser determinante para la gobernabilidad local”, añadió el politólogo.
Comentó que uno de los riesgos podría ser que la gobernabilidad local se vea comprometida, limitando la presencia del Ejecutivo en los municipios. También conlleva el riesgo de desgaste o pérdida de credibilidad a nivel municipal, especialmente si entra en conflicto con el Congreso al vetar la ley.
“Lo preocupante es el tiempo que se está tardando en tomar una decisión, lo cual genera una expectativa que, en este momento político, provoca desgaste. No es una incertidumbre por entusiasmo, sino por rechazo”, advirtió.
Pinto sostuvo que no necesariamente se generará una ingobernabilidad local, pero sí se definirá cómo y para qué se relaciona el Ejecutivo con las fuerzas ediles y, por ende, con los partidos representados en el Congreso.
“La participación ciudadana en niveles inferiores a los Codedes es muy baja. Por eso, se cuestiona la finalidad de los recursos. También hay que prestar atención a lo que suceda después de la decisión del presidente, quien está siendo presionado por este asunto y por la necesidad de establecer conexiones”, agregó.
Reelección
El alcance de la decisión de Arévalo llega hasta los alcaldes interesados en una reelección. Al tratarse de un año preelectoral, algunos podrían alinearse con determinados partidos, dependiendo de su postura y apoyo a la decisión presidencial.
“Este es un momento coyuntural marcado por un componente político, electoral, partidario, organizativo e individual”, expresó Barreno.
Añadió que, muchas veces, lo que asegura la reelección edil es la obra gris, lo cual sería posible con la ejecución inmediata que permitiría la aprobación del decreto.