Desde hace seis años, el país dispone de un fondo de US$100 millones, poco más de Q771 millones, para la seguridad alimentaria de la niñez durante sus primeros mil días de vida. Los recursos provienen del préstamo Crecer Sano, aprobado en el último año del gobierno de Jimmy Morales, y aunque el Ministerio de Salud destaca avances en 139 municipios, expertos critican la falta de reorientación de prioridades en el gasto.

El préstamo, que cierra en ocho meses, reporta hasta mayo desembolsos por 64%, según datos del Ministerio de Finanzas, y una ejecución del 55%, según la cartera de Salud, el equivalente a Q430 millones 839 mil desde que fue aprobado.

Además, los datos oficiales muestran que el Ministerio de Salud ha utilizado un 8% de los Q205 millones asignados para este año. La ejecución corresponde a poco más de Q16 millones. Sin embargo, se reportan más de ocho mil casos de desnutrición aguda. Guatemala y Suchitepéquez son los departamentos con más casos.

“Según los planes, sí es posible la ejecución del cien por ciento del préstamo, con el único inconveniente del período de finalización del proyecto, establecido para el 31 de enero de 2026, requiriéndose un período de nueve meses adicionales, para cumplir con las metas establecidas”, informó la cartera.

Prioridades

Al revisar los portales de información pública de la cartera del tesoro, es posible determinar los principales destinos de los recursos durante la administración de Bernardo Arévalo.

En total, se han utilizado Q128 millones y medio, de los cuales, el 68% corresponde a construcciones o remozamientos de centros de Salud. El Gobierno inauguró 17 puestos, principalmente en Quiché y San Marcos, y otros 66 han sido renovados.

Con el 9% le sigue las supervisión de las construcciones o remozamientos, así como las acciones relacionadas con la vigilancia de la calidad del agua y saneamiento, con el mismo porcentaje.

El investigador Jorge Pernillo opina que el Gobierno tuvo que asumir la tarea de revisar y reorientar las prioridades de gasto al asumir el poder. Explicó que, con la pandemia del covid-19, la administración de Alejandro Giammattei destinó parte de los fondos a la construcción de hospitales, pero la actual gestión no evaluó las posibilidades de ajustarlo. Además, señaló, son acciones “más visibles”.

“La construcción de hospitales no debería ser la prioridad, porque el tema de atender la desnutrición crónica es preventivo, no curativo, y eso debió haber sido evaluado por el Gobierno”, comentó.

El Ministerio de Salud estima que con los centros y puestos de salud nuevos se beneficia a cerca de 80 mil personas.

Sin estrategia clara

Los siguientes rubros con menos del 5% son la dotación de insumos, consultorías, publicidad, logística y gastos administrativos. La cartera asegura que se brindó equipamiento a más de 600 puestos de Salud, se entregaron más de 200 mil kits de alimentación complementaria a menores de 2 años y casi siete mil bolsas con material didáctico a mujeres reconocidas como “comadronas promotoras de la lactancia materna”.

Sin embargo, Pernillo sostiene que el modelo de atención primaria en salud no funciona correctamente porque, por ahora, no existe la organización comunitaria. Tal método se dejó de aplicar en el 2015, el personal del Ministerio que comparte idioma y conoce el área se queda en la comunidad para prestar la asistencia.

“Si no funciona la atención primaria en salud, no estamos haciendo lo mínimo para atender o prevenir la desnutrición crónica. Esto es parte de la administración de Arévalo, que creo que no tenía una estrategia muy clara para asumir estos retos”, subrayó el investigador.

Amplió que hace 10 años esa cartera era la responsable de organizar a las comunidades para facilitar la atención primaria, así como practicar auditorías social de salud. Por las características del país, eran vigilantes en salud quienes se quedaban en las localidades, para lo cual eran capacitados por el Ministerio. El modelo guatemalteco fue seguido por Honduras y El Salvador, en su momento.

El reto de atender comunidades rurales

El Programa de Extensión de Cobertura (PEC) funcionó hasta el 2014, cuando, por decisión política del Congreso, no se renovaron los convenios. En ese entonces funcionaba con acuerdos entre la cartera en mención y oenegés, con las que se ampliaba la atención primaria en salud en todos los departamentos y llegó a cubrir a 2.6 millones de personas en áreas rurales.

De acuerdo con la explicación de Pernillo, desde el cese del programa el Ministerio no ha logrado cubrir con eficiencia las necesidades de las poblaciones más rurales del país. Indicó que, a pesar de que la cartera envía personal a algunas comunidades, la atención es deficiente porque no es de localidad, no permanece en el área y no conoce el idioma local.

Atención en moto

El Ministerio de Salud asegura que ha acercado los servicios a la población por medio de la dotación de unas 800 motocicletas, tanto al personal de la cartera como al del Ministerio de Desarrollo Social y al de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Además se adquirieron picops, para la entrega de medicamentos e insumos, así como para divulgar información.