El Congreso sostendrá un pulso político contra el presidente y buscará anular el veto a la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.

El presidente Bernardo Arévalo anunció la decisión el viernes último y la justificó por encontrar una serie de inconstitucionalidades en el decreto 7-2025, según lo informó mediante un comunicado.

Los diputados no comparten el criterio de Arévalo y desde ya buscan los 107 votos necesarios para mantener vigente la ley, pese al rechazo del Ejecutivo.

La Ley Orgánica del Organismo Legislativo (LOOL) establece, en su artículo 132, que los diputados pueden ratificar un decreto vetado, siempre que cuenten con el voto favorable de las dos terceras partes del total de legisladores.

El asunto será discutido este 7 de octubre, durante la sesión plenaria. La Instancia de Jefes de Bloques acordó incluir la discusión del tema entre los primeros puntos de la agenda.

Durante la discusión de las propuestas de agenda, ningún diputado adelantó opinión sobre el veto a la ley aprobada de urgencia nacional, con 108 votos, el pasado 2 de septiembre.

Rechazan el veto

Durante la aprobación del decreto, fuentes legislativas señalaron como principales operadores del tema a los diputados Luis Aguirre, de Cabal, y Allan Rodríguez, de Vamos.

Aguirre, jefe del bloque Cabal, aseguró que no comparten la decisión del Ejecutivo y adelantó que para la sesión de este martes buscarán mantener el decreto y rechazar el veto.

“Lo que ellos están planteando es una ampliación presupuestaria para el próximo año, y el asunto de los avales sigue sin resolverse. El decreto 7-2025 no tiene inconstitucionalidades”, indicó el legislador.

Por parte del partido Vamos, el diputadoHéctor Aldana,sostuvo que tampoco observan vicios de inconstitucionalidad en la norma. Añadió que defenderán la ley, ya que busca atender necesidades de inversión.

“No entendemos por qué vetan algo que ellos mismos propusieron. Pero estamos convencidos de que esto es necesario para el país. Si han sido incapaces de ejecutar, que las municipalidades y los Codedes utilicen los saldos de caja”, afirmó.

Para Aldana, es contradictorio que el Ejecutivo vete una propuesta que también recogió aportes del oficialismo. “El Congreso solo le dio forma a la iniciativa”, añadió.

Aldana prevé que contarán con el respaldo suficiente para rechazar el veto. “En el Congreso vamos a rechazarlo. Hemos hablado con distintas bancadas, y hay consenso en que se necesitan esos 107 votos”, dijo.

Valor tampoco comparte el veto

El bloque Valor, clave en varias decisiones de la décima legislatura, también respaldará el decreto y se opondrá al veto.

Elmer Palencia, jefe de la bancada, afirmó que, aunque respeta la decisión presidencial, no observa fundamentos jurídicos claros para justificarla.

“Respetamos la postura del presidente, pero afirmar que hay inconstitucionalidades es una presunción. Solo la Corte de Constitucionalidad puede definirlo”, afirmó.

Sin embargo, a diferencia de Aldana, Palencia no garantizó contar con los votos suficientes. “Sería atrevido decirlo. En su momento logramos 108 votos y, por lo que he conversado, casi todos repetirían su voto, respetando la supremacía legislativa”.

Contrapropuesta

Antes de oficializarse el veto, fuentes legislativas adelantaron que el Ejecutivo buscaría presentar una nueva ley, similar al decreto 7-2025.

El borrador de dicha propuesta se filtró el viernes y fue confirmado durante el fin de semana por diputados oficialistas, quienes planean presentarla este martes.

Victoria Palala, del grupo afín al Movimiento Semilla, señaló que están recogiendo comentarios de distintos legisladores para presentar una iniciativa consensuada.

El diputado José Carlos Sanabria, actual operador político del presidente, indicó que se busca alcanzar consensos, aunque los bloques mayoritarios ya adelantaron que no están dispuestos a apoyar.

Cabal, Vamos y Valor apuestan por defender el decreto vetado. Aldana y Palencia incluso señalaron que el borrador de la nueva propuesta coincide ampliamente con el decreto 7-2025.

Piden subsidio

Tras aprobar la agenda de la semana, la Instancia de Jefes de Bloque recibió este lunes a un grupo de transportistas que manifestó en el Centro Histórico.

Se trató de pilotos de transporte público, quienes pidieron apoyo económico para continuar brindando servicio a adultos mayores. La propuesta será analizada por los diputados.

Walter Montiel, representante del gremio, indicó que necesitan un subsidio anual de Q35 millones para mantener el servicio, pero no supo sustentar esa cifra ante los legisladores.

Los transportistas también solicitaron una ley de “chatarrización” que les permita acceder a créditos para renovar sus flotillas.

La caravana partió desde Mixco hasta el Centro Histórico de la ciudad de Guatemala.