Hoy se cumple un mes de la tragedia vial más mortífera en la historia de Guatemala: 54 connacionales murieron en el bus que se precipitó al río Las Vacas el 10 de febrero último, suceso que causó conmoción en todo el país. Familias dolientes aún acuden al sitio del siniestro, para colocar cruces, flores o velas en memoria de sus seres amados. Según testimonios de los pocos sobrevivientes, la causa del percance fue la imprudencia del piloto —quien conducía a excesiva velocidad, sin licencia para transporte de pasajeros y con multas previas—, y también él murió.

Este evento infausto expuso de manera brutal los peligros extremos generados por el irrespeto a las leyes de tránsito y transporte, las cuales adolecen de anacronismos. Sin embargo, el mayor agravante radica en que las autoridades solo vigilan el cumplimiento de ciertos artículos, los más fáciles de monitorear y que generan ingresos a través de multas. Es más fácil poner cepos que poner orden; es más rentable colocar retenes de policías devenidos en cobradores que distribuirlos en las hora pico de noche y madrugada; es más conveniente imponer multas que generar una estrategia de educación e inteligencia viales fundamentada en una iniciativa de ley integral.

¿Existen operativos para retirar o inmovilizar vehículos que no llevan una o ambas luces delanteras de noche? ¿Han emprendido las comunas metropolitanas un registro pleno, exigente y auditado de los permisos para circulación de taxis o buses en buenas condiciones mecánicas y de interiores dignos? ¿Está en marcha el registro de pilotos de autobuses y camiones de carga, para asegurar calidades psicológicas y periciales? Hasta el 17 de febrero último iban mil 10 accidentes de tránsito y 292 muertos. ¿No es eso una reiterada llamada de auxilio?

Se supone que están en proceso reformas a la Ley de Transporte de Pasajeros y de Carga, así como a la Ley de Tránsito. A cargo de su formulación están autoridades de la Dirección General de Transporte (DGT), el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial). Si el asunto fuera una prioridad, ya debería existir un borrador básico para comenzar la discusión multisectorial, dado el riesgo que enfrentan a diario millones de guatemaltecos. Aquí se aplica lo que señala el viejo dicho: “En la tardanza está el peligro”.

Del Congreso de la República, del cual depende la legislación, no se puede esperar proactividad o innovación alguna. Sus diputados solo son aptos para aumentarse abusivamente el sueldo a deshoras y no para discutir leyes que verdaderamente salven vidas de ciudadanos. También son buenos para hacer montajes egolátricos de verborrea altisonante para escenificar fiscalización; pero, de allí a la propuesta inteligente, visionaria e integral hay tanto trecho como de sus falsos ofrecimientos en campaña a sus nimias eficiencias.

Se viene la temporada de mayores desplazamientos masivos entre urbes, puntos turísticos y destinos religiosos. Es previsible el anuncio de estados de alerta con algunos puestos de atención que quizá funcionen en los días de verano, pero ¿y el resto del año? Además, se incrementan ejercicios publicitarios con reparto de muestras o presencia de edecanes, lo cual deriva en cuellos de botella que terminan detonando ilícitos rebases en tercera o cuarta “filas”, sobre todo, por parte de autobuseros ávidos de más pasaje. Si a eso se suma el deficiente mantenimiento, la impunidad prevaleciente en rutas y el carácter anacrónico de la Ley de Tránsito, estamos en presencia de un caldo de cultivo para el próximo percance.