Varios hechos podrían originar reticencias entre potenciales aspirantes a magistraturas del próximo Tribunal Supremo Electoral (TSE). El 1 de diciembre de 2023, después de la derrota electoral, el anterior oficialismo legislativo —hoy con muchos tránsfugas a otros cascarones electoreros— les retiró la inmunidad a cuatro magistrados titulares del TSE que oficializaron los resultados de las elecciones. El Ministerio Público (MP) los señaló de supuesta sobrevaloración del equipo digital de cómputo rápido. Hasta la fecha son inconsistentes los resultados de la pesquisa. El 29 de noviembre último, estos cuatro magistrados retomaron sus cargos y el MP interpuso un amparo, extemporáneo, para que sigan suspendidos.

Si a ello sumamos al asedio contra la democracia y la voluntad popular, con todo e inédito secuestro de actas y papeletas, que al final tampoco sirvió para probar nada, la calidad de “supremo” del TSE se ve cuestionada y los precedentes son tóxicos. En todo caso, para cuando el siguiente TSE tome posesión, también faltarán dos meses para el relevo en la Fiscalía. De todo puede pasar en medio de un pulso entre intereses lícitos o ilícitos, de sectores que dan la cara y también corros mafiosos —conexos con alfiles pervivientes—; entre ideales y obtusos convenencierismos, ya se ven en la virtual precampaña electoral: una lucha en el barro de los perfiles falsos, las granjas robóticas y fundaciones que son seudónimos partidarios.

Aun así, el ojo ciudadano, orgánico, humano, cotidiano, experiencial y, sobre todo, preocupado por el devenir de la Nación, tiene un papel fundamental en la observación y auditoría del proceso de postulación. El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) ya dio el primer paso.

Seis planillas participan en la elección de representante titular y suplente del Cang ante postuladora, y ello evidencia el peso estratégico de esta instancia, no solo como un espacio gremial, sino como un punto de incidencia en la definición del árbitro electoral que organizará y calificará las elecciones generales de 2027 y 2031. Decanos de facultades de Derecho de las universidades del país serán la responsable de evaluar perfiles, con todo y calificación de la “reconocida honorabilidad” establecida en la Constitución. Nadie debería rehuir eso y nadie debería entorpecer la calificación mediante litigios maliciosos. Organizaciones sociales hicieron un llamado, la semana recién pasada, a todos los rectores y decanos para que asuman su deber histórico, legal y ético.

La expectativa es que todos los postuladores actúen con profesionalidad, objetividad y transparencia. Que no se anden reuniendo a escondidas en tugurios y menos aún que resulten ser aspirantes a los cargos: tal conflicto de interés nunca más debería ocurrir y, si se tiene tal aspiración, es necesario excusarse. Si no se es ético para eso, ¿cómo se puede ser para orientar el voto a la selección de los mejores perfiles?

Desde una mirada prospectiva, esta postuladora es la responsable, ante la ciudadanía, de integrar una nómina fuerte, sólida, independiente, a partir de la cual el Congreso designe al nuevo TSE, que deberá recuperar la supremacía e impulsar los cambios legales necesarios. Porque lo que está en juego no es solo la credibilidad de los siguientes comicios, sino la protección de la institucionalidad democrática del azote de la infiltración de dinero electoral sucio. Por ello, la postulación del TSE no es un hecho aislado ni técnico: es una decisión estructural que incidirá en la vigencia efectiva del principio de soberanía que radica en la decisión ciudadana.