La terapia de choque económico en Bolivia atrae inversionistas y provoca rechazo ciudadano
La aprobación del presidente Rodrigo Paz cayó del 65% al 21%, mientras el Fondo Monetario Internacional prevé que la economía boliviana se contraiga un 3% este año.
El desmantelamiento de los controles de precios y los subsidios establecidos durante los gobiernos socialistas de Bolivia está atrayendo a los inversionistas, pero también provoca el descontento de los bolivianos, que han salido a las calles.
Las reformas de libre mercado del presidente Rodrigo Paz han contribuido a estabilizar la moneda y a recuperar el acceso a los mercados internacionales de deuda desde que asumió el cargo el año pasado. Los inversionistas han respondido impulsando al alza los bonos del país.
En Bolivia, la reacción ha sido muy diferente. El fuerte aumento de los precios de los alimentos y una economía que se encamina hacia una tercera contracción anual consecutiva han alimentado protestas que paralizaron amplias zonas del país a principios de este año. Esto plantea interrogantes sobre cuántas medidas adicionales de austeridad puede aplicar Paz.
El apoyo ciudadano ha caído considerablemente. Solo el 24% de los bolivianos afirmó que el país iba por buen camino en una encuesta de Ipsos Ciesmori realizada en septiembre, frente al 68% de enero. Mientras tanto, el índice de aprobación de Paz cayó del 65% al 21% durante el mismo período.
El dilema de Paz es común en América Latina, donde los gobiernos han tenido dificultades para controlar el gasto y flexibilizar las restricciones económicas sin agotar la paciencia de los votantes antes de que las reformas produzcan resultados.
En Argentina, el presidente Javier Milei atrajo a los inversionistas con un fuerte ajuste fiscal y medidas de desregulación, pero después enfrentó una menor actividad económica y una caída de su aprobación mientras persistían las dificultades.
Para Reyna Villena, los efectos del ajuste se sienten a la hora de comer.
“No te alcanza para llegar a fin de mes; tienes que estirar el dinero”, dijo Villena, una madre soltera de 48 años con seis hijos que lustra zapatos afuera de una iglesia en el centro de La Paz.
Según contó, la carne de res, el pollo y los huevos están ahora fuera de su presupuesto, por lo que el pan, el té, el arroz y los fideos son los alimentos básicos para ella y sus hijos.
El costo de muchos alimentos básicos se ha disparado mientras el Gobierno desmantela el sistema de subsidios heredado de las administraciones socialistas que gobernaron durante la mayor parte de las últimas dos décadas.
Los precios de 18 de los 21 alimentos básicos se han más que duplicado, mientras muchos bolivianos afirman haber tenido que reducir sus comidas diarias, según un informe reciente de la Defensoría del Pueblo.
Bolivia se encuentra entre los países de menores ingresos de América, con aproximadamente la mitad de su población en situación de pobreza. Además, solo uno de cada 10 bolivianos tiene un empleo formal, señala Carla Cordero, analista de políticas sociales de la Fundación Jubileo, una organización de investigación vinculada con la Iglesia católica.
Esto deja a los hogares especialmente expuestos al aumento de los precios de los alimentos, el combustible y otros productos básicos.
Debido a la pobreza generalizada y a que la mayoría de los trabajadores depende de la economía informal, muchos bolivianos tienen pocos ahorros, escasa estabilidad laboral o acceso limitado a mecanismos de protección social que les permitan amortiguar el impacto, afirmó Cordero.
Esto hace que el ajuste del Gobierno sea especialmente delicado, con el potencial de provocar una “explosión social”, advirtió.
El costo de la estabilización
El Gobierno atribuye las dificultades económicas a los desequilibrios heredados de años de administraciones socialistas.
“Hoy, lamentablemente, los bolivianos están pagando el precio de los errores y la fiesta que el gobierno anterior protagonizó durante muchos años”, declaró el portavoz presidencial José Luis Gálvez a los periodistas el 14 de octubre.
El Gobierno ha anunciado ayudas sociales destinadas a mitigar el impacto de medidas como la eliminación de los subsidios al diésel.
Estas incluyen transferencias de dinero a grupos vulnerables, como mujeres embarazadas, estudiantes de escuelas públicas, personas con discapacidad y adultos mayores.
Paz apuesta a que la inversión privada creará empleos que reemplacen la actividad económica que antes se sostenía con el gasto público.
Sin embargo, elementos clave de esta estrategia han tardado en concretarse. Un paquete legislativo prometido desde hace tiempo para las industrias minera y de hidrocarburos aún no ha llegado al Congreso, casi un año después de que Paz asumiera el cargo.
En el mercado Lanza, en La Paz, Herminia Medrano ha visto cómo se vacían las sillas alrededor de su puesto de comida. La mujer, de 71 años, lleva medio siglo vendiendo alimentos allí.
“Parece que la gente está siendo precavida y ya no come fuera de casa”, dijo Herminia Medrano.
Medrano señala una olla grande que ya no utiliza. A medida que disminuía la clientela, primero la sustituyó por una mediana y finalmente por la más pequeña que tiene.
Ella y otros vendedores inicialmente aumentaron los precios, pero cuando comenzaron a perder clientes, redujeron los ingredientes y la cantidad de platos que ofrecían.
Sin embargo, según varios de los principales indicadores, la economía de Bolivia se está estabilizando.
El tipo de cambio del mercado paralelo, que superó los 20 bolivianos por dólar durante los últimos meses del Gobierno de Luis Arce, se ha fortalecido hasta situarse alrededor de los 12 bolivianos por dólar.
A pesar del aumento de los precios de los alimentos, la inflación general se desaceleró al 5.7% en septiembre, frente al 23% de un año antes. Además, la escasez de combustible ha disminuido desde que Paz comenzó a eliminar los subsidios.
La mejora de la inflación general ofrece menos alivio a los hogares más pobres, que destinan una mayor proporción de sus ingresos a alimentos básicos cuyos precios han aumentado mucho más rápido.
Bolivia recupera acceso a mercados internacionales
El cambio de rumbo económico ha permitido a Bolivia obtener varias mejoras en su calificación crediticia soberana y un programa de US$1,900 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que proporciona un respaldo financiero tras años de disminución de las reservas.
Moody’s Ratings mejoró la calificación de Bolivia en septiembre, al señalar una reducción del riesgo de un evento crediticio después de un canje de bonos realizado en marzo y del regreso del país a los mercados internacionales de deuda. Su perspectiva sigue siendo positiva.
“Lo que realmente nos interesa es la durabilidad, si Bolivia continúa implementando las reformas y si estas no son simplemente una respuesta a la entrada de liquidez, sino que se mantienen a lo largo del tiempo”, dijo Dylan Walsh, analista de Moody’s para Bolivia.
Las reservas de efectivo en moneda extranjera siguen siendo escasas y se situaban en US$536 millones a finales de septiembre.
El programa del FMI de US$1,900 millones, junto con otros US$4,000 millones a US$5,000 millones que se esperan de prestamistas multilaterales, da a Bolivia un respiro a corto plazo, pero también genera obligaciones que el país tendrá que pagar en algún momento, afirmó Walsh.
Para los partidarios del programa de Paz, las dificultades son consecuencia inevitable de años durante los cuales Bolivia mantuvo los precios del combustible artificialmente bajos y no invirtió en nuevas industrias de exportación que sustituyeran la caída de la producción de gas natural.
“Estamos mucho mejor que hace un año; parece que tenemos poca memoria”, dijo Oswaldo Barriga, presidente de la Cámara Nacional de Exportadores.
Economía seguirá en contracción, según el FMI
Según el FMI, se prevé que la economía se contraiga un 3% este año y otro 1.5% en el 2027, antes de recuperar un crecimiento de apenas el 0.5% en el 2028.
El organismo señala que el ajuste a corto plazo afectará la demanda interna antes de que comiencen a recuperarse la inversión y la confianza.
Para lograrlo, será necesario reducir aún más el déficit fiscal, reestructurar o cerrar empresas estatales que registran pérdidas y completar los cambios legales para que la minería, los hidrocarburos y otras industrias resulten más atractivas para el capital privado, según el FMI.
También se requerirá apoyo político en el Congreso para aprobar el financiamiento extranjero y la legislación necesaria para atraer inversiones.
Mientras tanto, las pequeñas empresas bolivianas afirman que el impulso a la inversión del Gobierno también debe apoyar a los negocios nacionales que ya enfrentan mayores costos, en lugar de centrarse principalmente en atraer a grandes inversionistas extranjeros.
Sostienen que las empresas locales serán fundamentales para crear empleos mientras la economía se ajusta.
Para la amplia fuerza laboral informal del país, el ajuste ya está poniendo a prueba los límites de lo que los hogares y las pequeñas empresas pueden soportar.
César González, dirigente de la confederación nacional que representa a vendedores ambulantes, artesanos y otros trabajadores por cuenta propia, dijo que las ventas entre sus afiliados han caído a la mitad.
Nuevos recortes a los subsidios al gas natural y la gasolina serían “un golpe muy duro para nuestra economía” y deberían aplicarse gradualmente, dijo González.