Una delegación mexicana fue ayer a Washington para cerrar un acuerdo de seguridad, mientras los funcionarios de la Casa Blanca debaten una estrategia para combatir a los carteles y frenar el flujo de drogas a través de la frontera.

Dentro de la Casa Blanca, los funcionarios de Donald Trump están inmersos en un debate sobre si llevar a cabo ataques militares contra los carteles mexicanos de la droga o, en su lugar, colaborar con las autoridades mexicanas para desmantelar conjuntamente a las organizaciones criminales.

Por un lado, dicen varias personas familiarizadas con el asunto, algunos funcionarios estadounidenses abogan por una acción militar unilateral contra las figuras y la infraestructura de los carteles para detener el flujo de drogas a través de la frontera. En contraparte, dicen esas personas, algunos funcionarios abogan por una mayor colaboración con el gobierno mexicano para garantizar, entre otras cosas, una cooperación continuada en el tema de la migración.

En las conversaciones mantenidas hasta ahora, los funcionarios estadounidenses han lanzado ultimátums vagos y exigencias políticas poco claras para que México desmantele los carteles o se enfrente a toda la fuerza del poder de Washington, según tres personas familiarizadas con las negociaciones preliminares que no estaban autorizadas a hablar públicamente, lo que ha provocado confusión entre los funcionarios mexicanos. Gran parte de la confusión se debe a la división existente al interior del gobierno de Trump sobre el trato a los carteles de la droga, varios de los cuales fueron designados recientemente por el Departamento de Estado como organizaciones terroristas extranjeras.

Uno de los bandos está liderado por Sebastian Gorka, director principal de contraterrorismo del presidente Trump dentro del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, según tres funcionarios estadounidenses actuales y anteriores que no estaban autorizados a hablar públicamente. Gorka, un combativo defensor de Trump, ha estado trabajando con un antiguo oficial del Mando Conjunto de Operaciones Especiales, que supervisa las operaciones especiales militares estadounidenses altamente secretas, en un esfuerzo por impulsar el uso del poder militar estadounidense para acabar con los capos mexicanos de la droga y sus operaciones sobre el terreno, dijeron los funcionarios actuales y anteriores.

El Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dirigido por Stephen Miller, ha adoptado una postura más prudente. Miller se ha hecho de un grupo sólido de funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley, quienes tienen gran experiencia en investigar, procesar y dirigir operaciones de captura en México contra líderes de cárteles con homólogos locales.

Según dos personas familiarizadas con las conversaciones, el enfoque más mesurado de Miller se debe a la preocupación de que ir con demasiada dureza contra los carteles podría cancelar la cooperación más amplia con las fuerzas mexicanas en una de sus principales políticas emblemáticas: impedir que los migrantes lleguen a la frontera estadounidense.

Descontento

La delegación mexicana llegó solo unos días antes de que Trump dijera que impondrá un arancel del 25 por ciento a las importaciones mexicanas como represalia porque el gobierno mexicano no hace lo suficiente para contrarrestar el flujo de fentanilo, y así los sostuvo ayer.

El borrador del marco de seguridad, que sentará las bases para una futura cooperación, pide actualmente más detenciones de líderes de carteles y la creación de más unidades mexicanas examinadas por las fuerzas de seguridad estadounidenses para combatir desde el blanqueo de dinero hasta la lucha contra los grupos de narcotraficantes sobre el terreno, según tres personas familiarizadas con el mismo. También se espera que aborde la migración y la frontera.

Lo que está en juego para México no podría ser mayor. Cuando el Departamento de Estado designó a seis carteles mexicanos como organizaciones terroristas a principios de este mes, esa acción estableció la posibilidad de que el Pentágono y los recursos de inteligencia se desplegaran contra las organizaciones de narcotraficantes, si Washington decidía hacerlo.

A medida que aumentan los llamamientos de los funcionarios del gobierno de Trump a favor de una solución militar para los carteles y para combatir el narcotráfico, en particular el fentanilo, el gobierno mexicano se ha opuesto enérgicamente.

El martes, Sheinbaum dijo en una conferencia de prensa que su gobierno no quiere “que haya operaciones de ellos en nuestro país con sus fuerzas”, refiriéndose a las autoridades estadounidenses y añadió que actualmente existe un amplio intercambio de inteligencia e información con ellas.

En México hay “coordinación y colaboración, pero nunca subordinación, nunca invasión”, dijo. Sheinbaum añadió que su gobierno buscaría enmiendas a la Constitución para frenar la labor de los agentes extranjeros en México, a fin de garantizar que no operen de forma independiente.

En un esfuerzo por ayudar al gobierno mexicano, la CIA ha intensificado los vuelos secretos de aviones no tripulados sobre el país, aunque la agencia no ha sido autorizada a utilizar los aviones no tripulados para llevar a cabo ninguna acción letal por su cuenta, según han dicho los funcionarios. Por ahora, los agentes de la CIA en México han estado transmitiendo la información recogida por los drones a funcionarios mexicanos.

El Mando Norte del ejército estadounidense también está ampliando su vigilancia de la frontera, pero a diferencia de la CIA, no está entrando en el espacio aéreo mexicano.

“La soberanía no es negociable, ese es un principio básico”, declaró Sheinbaum en una conferencia de prensa a principios de este mes, después de que The New York Times revelara los vuelos de aviones no tripulados de la CIA.

Las fuerzas mexicanas han intensificado su lucha contra los carteles en medio del aluvión de amenazas de Trump, con la esperanza de aplacar a Washington y demostrar que son socios dispuestos y capaces en la guerra contra los carteles.

En el estado de Sinaloa, centro neurálgico de la organización delictiva más poderosa de México, el cártel de Sinaloa, el gobierno mexicano ha llevado a cabo detenciones de alto nivel, desmantelamientos de laboratorios de drogas e incautaciones de estupefacientes que han desbaratado las operaciones de producción de fentanilo.

En diciembre, las autoridades mexicanas también incautaron más de 20 millones de dosis de fentanilo en Sinaloa, la mayor incautación de opiáceos de su historia.

El martes, el secretario de Defensa mexicano dijo que se habían utilizado aviones no tripulados estadounidenses para detener a altos cargos del cártel de Sinaloa. Recientemente, las autoridades mexicanas anunciaron la detención de José Ángel Canobbio Inzunza, de quien se dijo que era la mano derecha de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo del famoso narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo.

Canobbio Inzunza fue imputado en Estados Unidos en noviembre acusado de contrabando de fentanilo en ciudades estadounidenses como Chicago, donde dos de los hermanos menores de Iván Guzmán —Joaquín y Ovidio Guzmán López— también se enfrentan a cargos.

Este verano, las autoridades mexicanas se indignaron por lo que consideraban una implicación directa estadounidense en el secuestro de uno de los capos de la droga más poderosos del país, Ismael Zambada García, quien fue trasladado por la fuerza al otro lado de la frontera, donde fue detenido por agentes federales estadounidenses cerca de El Paso. A pesar de las afirmaciones estadounidenses de que el secuestro lo llevó a cabo uno de los hijos del Chapo sin ayuda estadounidense sobre el terreno, las autoridades mexicanas exigieron que el Departamento de Justicia diera más respuestas.

El episodio de Zambada García, quien se enfrenta en Brooklyn a una amplia acusación de narcotráfico, se produjo solo unos años después de otra ruptura de las relaciones entre Estados Unidos y México en la que estaban implicados los cárteles.

En octubre de 2020, agentes de las fuerzas de seguridad estadounidenses detuvieron en el aeropuerto de Los Ángeles al general Salvador Cienfuegos, ex secretario de Defensa mexicano, acusado de haber recibido sobornos de un violento cártel mexicano.

En sus niveles más altos, el gobierno mexicano reaccionó con una demostración de ira colectiva que prácticamente paralizó las operaciones antinarcóticos conjuntas de EE. UU. y México. Por orden de William Barr, entonces fiscal general, los fiscales federales de Brooklyn desestimaron finalmente los cargos contra el general Cienfuegos y lo enviaron de vuelta a México.