Este examen público solo tiene tres preguntas y una fase práctica. Participan voluntariamente en el mismo los rectores de universidades del país. Su resultado confirmará o contravendrá los postulados éticos fundacionales de la entidad educativa a su cargo. 1. ¿Es correcto que una persona que tiene una controversia abierta con la Contraloría General de Cuentas —por falta de finiquito— dirija la comisión a cargo de calificar y definir la nómina para elegir al próximo titular de dicha institución guatemalteca? 2. ¿Es coherente el mensaje que transmiten —a su comunidad estudiantil, docente, de egresados, si los hay, y a toda la Nación— aquellos rectores que avalen como presidente de la postuladora de contralor general de Cuentas a un funcionario público con un evidente, público y grave conflicto de interés? 3. ¿Permitirían a un alumno que ha perdido exámenes e incumplido requisitos elegir a un catedrático afín que le facilite ganar una asignatura o un título? Es claro que la respuesta correcta a las tres preguntas es un rotundo “no”.

Al revisar los postulados fundacionales, las declaraciones institucionales y hasta la publicidad, las universidades privadas proclaman valores como la ética, la transparencia, la integridad, la búsqueda de excelencia, el espíritu de servicio, la responsabilidad profesional; algunas incluso invocan a Dios, supremo creador y sumo bien, a cuyos ojos nada queda oculto.

Las casas de estudios superiores del país usualmente tienen códigos de conducta para sus estudiantes, docentes y personal, porque tales normas constituyen el fundamento sobre el cual descansa su funcionamiento armonioso y su proyección de valores a la esfera pública. Y todo valor se demuestra no solo con discursos, sino con acciones concretas, coherentes.

Para el próximo 15 de julio están convocados al Congreso de la República los rectores universitarios de Guatemala para elegir al presidente de la comisión de postulación que evaluará perfiles y elaborará la nómina de seis aspirantes a contralor general de Cuentas para el siguiente cuatrienio. Es un cargo de carácter técnico, no político, pero cuya función tiene gran relevancia en el escenario político sobre todo de cara al año electoral 2017.

Se asume que los rectores universitarios encarnan estándares especialmente elevados de conducta profesional y personal. No solamente administran, sino que representan instituciones clave para el desarrollo del mayor activo del país: su talento humano. Y por eso mismo preocupan e indignan los subrepticios cabildeos de la semana anterior en favor del cuestionado rector de la Universidad de San Carlos, Walter Mazariegos, quien no tiene finiquito, pero tendría directa incidencia en la elección del funcionario que podría proseguir la exigencia de cuentas o facilitarle tal constancia, cuya constancia le impide hoy por hoy asumir como rector en un segundo período.

Es notorio que no solo a Mazariegos le interesa la discrecionalidad, sino también a los opacos intereses de la politiquería: en año preelectoral, los finiquitos se convierten en un requisito indispensable para la inscripción de candidaturas de alcaldes y funcionarios para los comicios del 2027. El foro de rectores representa a la institucionalidad del país sobre el filo de la navaja. Pero así como las preguntas de inicio, la disyuntiva no es un laberinto ideológico ni un choque de simpatías o animadversiones, solo es actuar de manera íntegra. Y no hay nada que justifique designar en ninguna responsabilidad pública a un individuo que sea juez y parte.