El Tribunal Segundo de Sentencia Penal suspendió el inicio del juicio contra la fiscal Miriam Reguero, luego que la defensa presentara un memorial indicando que existe un amparo pendiente de resolver.

Según se conoce, el juicio estaba previsto para la semana pasada, pero minutos antes ingresó al tribunal el documento de Reguero en el que solicitó la suspensión, derivado de la acción que hasta el momento se espera que conozca la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La acción se interpuso luego de que la Sala Tercera de Apelaciones Penal ordenara que la fiscal debía enfrentar un debate oral y público, pues el juez Fredy Orellana decidió sobreseer el caso en su contra.

Dado que el proceso hasta la fecha se mantiene bajo reserva, no se han conocido mayores detalles sobre el alegato que Reguero presentó para evitar que se cumpla la orden de la Sala.

Por su parte, el Tribunal confirmó que los juzgadores decidieron suspender el juicio hasta que no se tenga la decisión de la Cámara para determinar si se debe o no realizar el debate oral y público.

Juez liga a proceso a fiscal Reguero solo por un delito de tres señalados

DE VÍCTIMA A CAPTURADA

Miriam Reguero sufrió dos atentados en los que murieron su madre y dos guardias de seguridad que le proporcionó el Ministerio Público (MP), hechos que se encuentran bajo investigación y está pendiente de resolver la situación legal de un grupo de sindicados ante un juzgado de mayor riesgo.

Sin embargo, el MP manifestó que derivado de las investigaciones que se realizaron a raíz del primer ataque contra la fiscal, ubicaron posibles acciones ilícitas de Reguero que podrían haber generado dicho ataque en su contra, por lo que fue señalada de incumplimiento de deberes, lavado de dinero y abuso de autoridad.

No obstante, tras realizar las audiencias respectivas, la jueza de turno Carol Patricia Flores indicó que no había indicios suficientes contra Reguero y de los tres delitos solamente la ligó a proceso por abuso de autoridad.

Bajo la premisa de continuar el caso en reserva, el expediente pasó a manos del Juzgado Séptimo Penal, donde Orellana decidió que no había elementos suficientes para dictar un juicio contra la fiscal, por lo que cerró el caso, pero tras una apelación interpuesta por el ente investigador, la sala revirtió la decisión.