La construcción de la cárcel de máxima seguridad El Triunfo, en Morales, Izabal, está detenidaa consecuencia de resolución de la Sala Mixta de Apelaciones de dicho departamento, que otorgó amparo provisional a favor de cuatro ciudadanos que accionaron legalmente en contra de los ministerios de Gobernación y Defensa, que están a cargo de la ejecución del proyecto.

Bajo este escenario, analistas y expertos en temas penales y de seguridad consideran que entrar en el laberinto legal complica el ofrecimiento del gobierno de concluir la obra en marzo del 2027. A la actual administración le quedan menos de dos años para culminar su gestión, lo que pone en riesgo la construcción y la habilitación de espacios y controles carcelarios, una de las principales necesidades del país.

Retraso significativo

A criterio de Mario Mérida, exviceministro de Gobernación y analista en temas de seguridad, la suspensión de las obras por orden judicial genera un retraso “significativo” en la construcción del penal, lo que, aunado a los tiempos establecidos para la resolución definitiva de la acción legal, podría implicar que la construcción de la cárcel de El Triunfo no se concrete durante lo que resta del actual gobierno, poniendo en riesgo el ofrecimiento y las necesidades del Sistema Penitenciario.

“Como lo veo, no les va a dar tiempo dejar construida esa cárcel de alta seguridad, que se lleva un promedio de construcción más o menos de un año. Lo más rápido sería un año y medio. Para el gobierno es un tema complejo, ya que además de ser una oferta de campaña es una necesidad del sistema penitenciario”, asegura.

Sobre este aspecto, Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), afirma que si el Ejecutivo espera hasta que haya una sentencia firme del amparo, en lugar de lograr un levantamiento provisional de la suspensión, se le irá el tiempo que le resta de gobierno para realizar la edificación.

“En el tema del amparo, si no tienen el levantamiento de la suspensión del amparo y van a esperar hasta que haya una sentencia, yo creo que se les va a ir el tiempo de gobierno —que resta—, ya que tienen que buscar el levantamiento del amparo; de lo contrario, el tiempo les va a quedar muy corto si esperan sentencia”, asegura.

El analista independiente Óscar Morales considera que, aunque los procesos y los tiempos legales son delicados y lentos, es obligatorio que el Ejecutivo agote la vía judicial para impugnar el amparo que suspendió la construcción de la cárcel.

“El Ejecutivo tiene que agotar la vía judicial, que es delicada, larga, tortuosa, pero necesaria. Los funcionarios públicos deben acatar con la legalidad estricta todos los procesos y, desgraciadamente, enfrentan procesos judiciales, como este, que tratan de impedir la ejecución de esa obra”, asegura.

La sala otorgó el amparo bajo el argumento de que en el terreno donde se proyecta la obra “hay riesgo de inundaciones”, así como posibles amenazas a la seguridad de los habitantes de la localidad, por lo que ordena la suspensión de cualquier tipo de edificación relacionada con el nuevo centro penal. La sala también argumentó que la decisión fue tomada en respeto a los derechos de las personas que serían recluidas en esta cárcel.

Además, la Sala Mixta de Apelaciones de Izabal señala en su resolución que “se inhibe” de continuar conociendo dicho amparo, por lo que fue remitido al Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Civil, Económico, Coactivo y Contencioso Administrativo de la Ciudad de Guatemala.

Rechazo de la población

La construcción de la cárcel se inició en medio del rechazo de la población local, como ha ocurrido con otros proyectos de infraestructura penitenciaria.

En este sentido, Mérida observa “un desfase” del Gobierno en cuanto a la selección del lugar y considera que faltó un “análisis económico–político–social” en el área, ya que el rechazo de los pobladores a la construcción de esta cárcel era completamente “predecible”, a consecuencia de las implicaciones del proyecto.

“El rechazo de los pobladores era algo predecible debido a que, cuando ocurre esta construcción de cárceles, siempre hay una movilización de familiares o de miembros de las bandas —delictivas— que visitan a los reclusos”, afirma.

Como ejemplo de esta situación, Mérida menciona lugares como Chimaltenango, Fraijanes e incluso los alrededores de la cárcel de Mariscal Zavala, en la zona 17 de la Ciudad de Guatemala, en donde, debido a las cárceles, “se ha dado un aumento de la presencia de presuntos integrantes de pandillas y otros grupos delictivos”.

Mérida considera que es importante que el Gobierno también entre en un proceso de comunicación con los pobladores de Morales para abordar planes de seguridad que eviten el desplazamiento de delincuentes a la localidad, haciendo “responsables” a quienes alquilen viviendas o vendan terrenos a personas vinculadas a actividades ilícitas.

Francisco Quezada también coincide en que “ningún vecino quiere un centro de detención cerca”, esto debido a la dinámica que se genera en los alrededores en donde se ubican. De esa cuenta, considera que toda cárcel debe estar ubicada en áreas lejanas a centros o zonas urbanas.

“Prácticamente tienen que ser áreas muy lejanas, donde no haya centros urbanos, porque, como digo, hay una dinámica a veces no muy sana y también muy alrededor de atender a los reclusos, de atender visitas y se genera un círculo muy intenso de actividades a su alrededor. Entonces, muchos vecinos no lo quieren, ¿Quién lo querría?”, afirma.

Nuevas alternativas

Mario Mérida indica que el Ejecutivo debería considerar como alternativas, buscar nuevas áreas o incluso otras opciones que ya cuenten con una infraestructura carcelaria que podría ser ampliada o modernizada, como Cantel, en Quetzaltenango, o la Granja Penal Canadá en Escuintla.

“Pues yo considero que simultáneamente al proceso de negociación o de diálogo tendrían que ir pensando en una nueva área. Quizás Cantel o la granja Canadá, porque cualquier proyecto de esta naturaleza encontrará resistencia poblacional”, puntualiza.

Francisco Quezada considera que, si los estudios técnicos avalan este sitio en Izabal, el Gobierno debe insistir y litigar, porque al tratar de buscar otra opción en otra localidad también encontrará el mismo rechazo.

“Si todos los dictámenes técnicos que utilizaron para hacer los planos y localizar un lugar como viable, pues tienen que insistir, porque buscar otra opción siempre va a encontrar ese tema cuesta arriba”, asegura.

Por su parte, Morales considera que además de la nueva cárcel, el Gobierno también debería enfocarse y redireccionar esfuerzos en las cárceles existentes, las que considera “funcionan mal”, pero que, con inversión en infraestructura, tecnología y seguridad, podrían brindar una mejora al Sistema Penitenciario.

“Creo que es importante que el Ejecutivo tenga un plan integral de cárceles. Enfocarse en una cárcel de alta seguridad es bueno, pero no creo que sea suficiente para las necesidades actuales del país”, concluye.