La trampa de la urna judicial

La trampa de la urna judicial

  El presidente acaba de externar: “Las elecciones que se celebrarán en 2026 para renovar autoridades en órganos clave que marcarán el rumbo democrático de Guatemala”. Me referiré solo a uno de esos órganos: el Poder Judicial, y considero que esa afirmación presidencial es una visión peligrosamente incompleta. Por supuesto que reconozco, como indican los […]

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Resumen Automático

03/10/2025 07:57
Fuente: La Hora 
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El presidente acaba de externar: “Las elecciones que se celebrarán en 2026 para renovar autoridades en órganos clave que marcarán el rumbo democrático de Guatemala”. Me referiré solo a uno de esos órganos: el Poder Judicial, y considero que esa afirmación presidencial es una visión peligrosamente incompleta.

Por supuesto que reconozco, como indican los politólogos, que los tribunales superiores (incluyendo los supremos y constitucionales) tienen bajo el dictado de las leyes la última palabra en la interpretación de estas y de la Constitución. Esto les otorga un poder que afecta directamente la vida política y social del país (por ejemplo, en derechos fundamentales, regulaciones económicas o límites al Poder Ejecutivo y Legislativo).

Considero que un hecho que rompe con la esencia de la democracia es que esas elecciones de las que habla el presidente están más que politizadas y, ante ello, en un proceso político tan poco democratizado como el nuestro, no cabe esperar mayor cambio en la sustancia democrática, es decir, en el establecimiento de una Justicia independiente que funcione correctamente (el verdadero Estado de Derecho).

No me cabe duda de que la legitimidad democrática central sigue recayendo en las elecciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo; sin embargo, pretender que este evento judicial particular pueda transitar de la mera legalidad a la legitimidad democrática plena, es pecar de ingenuidad.

Autores como Norberto Bobbio afirman que «no hay democracia sin derechos, y no hay derechos sin garantías judiciales». Yo añadiría: no hay garantías judiciales si las elecciones de sus representantes están viciadas.

Desde esta perspectiva, la justicia (y, por extensión, quienes la administran) en nuestro medio no actúa como el vector estratégico que hace que la democracia sea una realidad viable y no solo un ideal procedimental. Me refiero, concretamente, al proceso de selección de candidatos a magistrados.

Permítanme usar una metáfora para clarificar mi punto. Para que una silla se sostenga con estabilidad, necesita al menos tres patas. La salud de la democracia se define por pilares esenciales como la separación de poderes, la libertad de prensa y la participación ciudadana. En nuestro caso, los tres pilares están apolillados, especialmente el de la participación ciudadana activa.

Señor presidente, sea realista. En el caso de las elecciones judiciales, la independencia para postular a candidatos de calidad y con la debida legitimidad moral en la primera parte del proceso de elección está más que contaminada por el clientelismo, la corrupción, el pacto político ilegítimo y la influencia indebida de grupos de poder.

Bajo estas circunstancias, quien sea electo en condiciones tan comprometidas, poco aportará a la integridad del Poder Judicial y a salvaguardar el destino democrático a largo plazo. Al contrario: el colapso de la pata judicial de la silla mantendrá la imposibilidad de sentar a la democracia plena en Guatemala.

Señor presidente, no nos asuste con el petate del muerto. Nuestro país tiene las patas de la democracia totalmente apolilladas. Mientras el pueblo se mantenga al margen de la acción política, la libertad de opinión esté restringida y llena de amenazas, y no existan elecciones verdaderamente libres y justas para todos los cargos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), nada cambiará.

Y quítese la venda de sus ojos: la corrupción sigue campeando en los cuadros medios de todos los poderes y sus instituciones. Sea franco y claro: ni las instituciones que usted dirige están libres de esa corrupción.

Usted, como sociólogo, lo sabe: la justicia es fundamental para el consenso social. Cuando el árbitro supremo de la ley es visto y lo demuestra como corrupto o parcial, la sociedad pierde la fe en los canales institucionales. Un proceso de elecciones para organismos como el judicial, que ya está viciado, es la antítesis de la razón pública, pues opera en la opacidad y el interés particular. Es legal, pero no legítimo.

Al avalar estas elecciones viciadas, seguimos propiciando la muerte lenta de la democracia por dentro.