El 8 de abril de 2026 quedará marcada como otra “crónica de una muerte anunciada” en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Como en la novela de Gabriel García Márquez, el desenlace era previsible: un Consejo Superior Universitario con la mayoría de sus miembros con mandato vencido, leal al actual usurpador a la rectoría Walter Mazariegos, consumó un proceso electoral plagado de irregularidades, exclusiones de planillas opositoras, ignorancia de órdenes judiciales y manipulaciones que repiten —y empeoran— el fraude de 2022.⁠

De la clica que mantiene la rectoría desde hace cuatro años se podía esperar todo y de todo: desacato sistemático a la Corte de Constitucionalidad, anulación arbitraria de planillas como ocurrió en facultades como Arquitectura, Medicina, Ingeniería y Odontología, con el agregado de los votos de Enfermería que ni ganó. Para ponerle la tapa al pomo agrega el uso de la “educación virtual” como cortina de humo ante la ausencia de una gestión académica digna y evitar las protestas del estudiantado sancarlista. Lo que no se esperaba, o al menos yo no lo esperaba, fue la indiferencia y el silencio del presidente Bernardo Arévalo ante este nuevo atraco a la única universidad pública del país.

Como lo expliqué en “La perpetua crisis de la Usac: Parte 2” (enero de 2026), el problema no es solo de personas, sino de un diseño institucional obsoleto. La USAC mantiene un monopolio constitucional como única universidad estatal, con un rol político forzoso en las comisiones de postulación de magistrados, fiscal general y otras autoridades. Este diseño la convirtió en botín político, facilitando su cooptación.

El Consejo Superior, integrado en buena parte por consejeros caducos, actúa sin legitimidad y en abierta rebeldía contra resoluciones judiciales. Países como Costa Rica y Panamá muestran modelos más modernos y menos politizados de educación superior pública. Guatemala sigue anclada en un esquema que prioriza el control sobre la excelencia académica y la rendición de cuentas.

El fraude del 8 de abril no fue un incidente aislado. Fue la culminación de meses de maniobras: robo de boletas, rechazo de inscripciones opositoras por tecnicismos absurdos (incluso por “apellido de casada”), bloqueos a estudiantes y docentes de la resistencia universitaria (USAC-DIRE) y un quórum cuestionable. Todo ello mientras el sistema de justicia, una vez más, se mostró ciego, sordo y mudo ante las denuncias.

Ante este panorama, el silencio del Ejecutivo resulta especialmente desconcertante. Arévalo llegó al poder con un discurso de lucha contra la corrupción y defensa de las instituciones. Durante la campaña, Semilla criticó abiertamente los pactos de corruptos y la captura de entidades estatales. Sin embargo, desde enero, cuando advertimos sobre la crisis perpetua y la necesidad urgente de acción, el gobierno ha optado por la inacción. No ha impulsado una intervención temporal para restituir la autonomía (como propone la iniciativa de Raíces y la mía propia), ni ha apoyado una reforma estructural que saque a las universidades de las comisiones de postulación y cree nuevas universidades públicas especializadas y regionales. Ese silencio se percibe, para muchos sancarlistas y guatemaltecos que creyeron en un cambio real, como una traición. Así lo percibo yo, como una traición.

No se trata de exigir que el presidente resuelva mágicamente un problema estructural de décadas. Se trata de que cumpla su rol constitucional: proteger la autonomía universitaria real, no la simulada por un grupo que la ha convertido en instrumento político. La recuperación de la USAC no es solo un asunto académico; es clave para la democracia. Una universidad cooptada sigue alimentando la captura del Estado a través de sus votos en postuladoras.

Recuperar a la Universidad de San Carlos es recuperar el futuro de Guatemala. No hay más tiempo para silencios ni tibiezas. Del usurpador y sus aliados lo esperábamos todo. Del gobierno que prometió cambio, los guatemaltecos esperamos al menos coherencia y acción.