Escuintla, Quetzaltenango, Zacapa, Chiquimula —en su zona industrial— y Puerto Barrios son las ciudades, fuera del departamento de Guatemala, que cuentan con el potencial productivo para recibir inversión en proyectos de mediana envergadura, gracias a alianzas público-privadas a partir de las reformas a la Ley de Alianzas Público-Privadas (APP), según Rubén Morales, director general de Guayacán Trade & Investment y exministro de Economía.

Las reformas a la Ley de APP fueron aprobadas el martes 25 de noviembre, con 129 votos a favor. Estas nuevas disposiciones aún deben ser sancionadas por el presidente Bernardo Arévalo.

La oportunidad para las ciudades fuera del departamento de Guatemala fue presentada durante el foro “Retos y Oportunidades Normativas 2026, una mirada hacia los posibles cambios más importantes para el sector”, organizado por la Cámara de Construcción con el fin de analizar el panorama regulatorio y los cambios más relevantes que impactarán el sector el próximo año.

Durante el encuentro se abordaron tres normas: las reformas a la Ley de Alianzas Público-Privadas, la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria y la iniciativa de Ley de Aguas.

En este tipo de ciudades, conocidas también como intermedias, pueden impulsarse proyectos de infraestructura bajo la figura de alianzas público-privadas. Estos podrían abarcar desde plantas de tratamiento de desechos sólidos hasta centros de acopio, terminales de buses o de transporte pesado, según Morales.

“Son proyectos de tamaño medio. No se trata de una gran carretera o una megaobra, porque las municipalidades no tienen la capacidad técnica para hacer los estudios ni el funcionamiento. Por eso aparece la oportunidad para una alianza público-privada”, explicó el exministro.

Ciudades con potencial

Para Rubén Morales, la decisión sobre dónde construir debe basarse en cuánto aporta la infraestructura a la productividad del país. A partir de ello, considera que es necesario tomar en cuenta dónde está la actividad productiva, cómo se pueden conectar esos nodos con los puertos y cómo establecer la conexión de frontera a frontera.

A raíz de lo anterior, el exministro argumentó que las ciudades intermedias, debido a su dinamismo productivo, podrían beneficiarse de alianzas público-privadas para avanzar en su urbanización. “La economía crece, las exportaciones crecen, pero la infraestructura no crece al mismo ritmo”, destacó.

Morales explicó que las ciudades intermedias fueron seleccionadas por su importancia económica hace aproximadamente diez años, y subrayó que, a pesar de ese peso, no necesariamente cuentan con el desarrollo urbano que deberían tener. Añadió que se requiere inversión pública, privada y municipal para su crecimiento urbano.

Tras identificar a Quetzaltenango, Chiquimula o Puerto Barrios como prioritarias, el exministro indicó que Huehuetenango, Cobán, Antigua Guatemala, Petén y Retalhuleu figuran como las siguientes en su lista para recibir inversión.

Leyes relevantes para el sector de construcción

Durante su exposición, Rubén Morales explicó que, para avanzar con las reformas a la Ley de Alianzas Público-Privadas (APP), es necesaria la elaboración o actualización de su reglamento, con el fin de incorporar las nuevas disposiciones.

Del mismo modo, indicó que el Ministerio de Finanzas debe garantizar que el presupuesto asignado se convierta en recursos disponibles en caja para su ejecución: “Sin recursos no se puede contratar personal ni financiar estudios de preinversión. Ese es el riesgo: que en la práctica no cambie nada”.

Además de las reformas a la Ley de APP, Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, destacó la urgencia de implementar la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria. Señaló que la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios —entidad creada a partir de dicha ley— tiene bajo su responsabilidad proyectos incluidos en el Plan Maestro de Movilidad del Área Metropolitana, conocido también como Plan Koica.

Entre las novedades, Zapata mencionó que el directorio ya aprobó el uso de estándares internacionales como guía para fortalecer la construcción. Asimismo, precisó que el primer plan de Infraestructura Vial debe estar formulado 12 meses después de validarse la red vial del país, la cual debe estar lista seis meses después de la toma de posesión. Es decir, la evaluación deberá completarse el 23 de abril.

Finalmente, durante el foro se abordó la propuesta de Ley de Aguas, presentada por Daniel García, gerente ambiental de la Cámara de Industria de Guatemala, quien expresó que se requiere una gestión integrada del recurso hídrico. Sin embargo, advirtió que la iniciativa contempla la creación de un directorio reducido que definiría quién usa el agua, cuánto, cuándo y a qué precio.

Como alternativa, García propuso establecer un Consejo Nacional de Agua descentralizado, con comités de cuenca que incluyan representación de usuarios productivos, municipalidades y comunidades.