La medida contempla penas de hasta 15 años de prisión para quienes transporten indocumentados al estado de Florida. La pena máxima es para los que lleven a menores de edad y se establecen castigos de 5 años si en el vehículo hay mayores de 18 años.

También obliga a las empresas con más de 25 empleados a utilizar el sistema E-Verify, impulsado por el gobierno federal, para verificar el estatus legal de todos los trabajadores. En caso de tener gente contratada sin papeles, se establecen multas de 1.000 dólares diarios.

Además, se invalidan las tarjetas de identificación comunitarias y de otros estados que, como Nueva York, otorgan a los indocumentados. Lo mismo pasa con las licencias de manejar, la única válida será la de Florida.

Otro punto que ha causado gran indignación entre la comunidad migrante es el que obliga a los hospitales a reportar trimestralmente al estado sobre los pacientes indocumentados a los que atienden.

Dudas sobre su aplicación

Y es que es una ley tan dura hay muchas dudas sobre cómo se aplicará esta legislación en el estado. En una reciente reunión con miembros de líderes religiosos, varios legisladores republicanos admitieron públicamente que la ley pretendía “causar temor” para evitar que los migrantes lleguen a Florida, sin detallar de qué manera se podría aplicar este tipo de legislación.

Ya en una reunión el legislador republicano, que es granjero y cultiva entre otros vegetales, caña de azúcar, arroz, maíz y apio, hizo un llamado para que los líderes religiosos difundieran el siguiente mensaje: “Es urgente que hablen con su gente para convencerles de que tienen recursos, representantes estatales y otras personas que les pueden explicar el proyecto de ley”.

Ni siquiera los expertos legales saben de qué manera las autoridades podrán aplicar la ley SB 1718. “No sabemos, al final del día, qué tan estrictos van a ser los policías y que tan estrictos van a salir a aplicar esta ley”, comenta Claudia Cañizares, una abogada de inmigración que lleva varios años dedicándose a la asesoría legal en materia migratoria.

Dijo que lo más preocupante es que esta ley ofrezca “total discreción” a los agentes de policía para preguntar a cualquiera por su estatus legal sin motivo alguno. “Me preocupa que me detengan o detengan a un ciudadano normal y que quieran abusar de sus derechos preguntándole cuál es el estatus migratorio de los pasajeros o cuál es tu estatus migratorio, lo cual viola la quinta enmienda”. La abogada además aclara que ese punto señala que “tú no tienes que responder a ninguna pregunta que te pueda incriminar”.

El gobernador defiende sus políticas
Sin embargo, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, dice que estas medidas solo pretender luchar contra el tráfico humano y minimizar los efectos que, según él, han causado las políticas en la frontera sur con México.

“Debemos fortalecer aún más nuestras leyes contra la inmigración ilegal mejorando la verificación de empleo, aumentando las penas por el contrabando de personas y desincentivando aún más la migración ilegal al estado de Florida. Florida no es un estado santuario y defenderemos el estado de derecho”, dijo DeSantis hace unas semanas.

Más movilizaciones y demandas

Mientras tanto, los grupos pro-inmigrantes de Florida se están movilizando para organizar una gran marcha este sábado 1 de julio en Homestead, la ciudad de Florida que alberga una gran población de indocumentados que trabajan, principalmente, en el sector del campo y la construcción.

Los portavoces de estas organizaciones advierten que se van a interponer demandas ante la corte para que sea la justicia de Estados Unidos quien decida si esta ley puede aplicarse o no. Eso sí, no se puede presentar una denuncia hasta que la ley entre en vigor y haya perjudicado a alguien.

Fuente: VOA