Ciudad de Guatemala, 26 jul. (AGN).- Advirtiendo el ambiente de polarización política y consecuentes riesgos a la gobernabilidad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este viernes sus consideraciones y hallazgos preliminares de su visita a Guatemala, efectuada del 22 hasta hoy 26 de julio.

La CIDH observó el respeto a los derechos humanos en múltiples aristas: libertad de expresión, migración, equidad racial, derechos LGBTI, medio ambiente, acceso a la tierra, derecho a servicios esenciales, gobernabilidad, estructura institucional frente al cumplimiento de derechos humanos y más. Sin embargo, la CIDH alertó ampliamente sobre las prácticas observadas de persecuciones penales contra operadores de justicia.

La comisionada Andrea Pochak señaló la instrumentalización del sistema de justicia para la persecución contra defensores de derechos humanos, activistas que defienden la democracia y operadores de justicia que formaron parte de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Además de legisladores, periodistas, estudiantes, profesores, políticos, funcionarios públicos, campesinos, sindicales y hasta contra el propio Presidente y Vicepresidenta de la República.

Persecución desde el MP

En tal sentido, Pochak advirtió que aunque el Ministerio Público (MP) negara que exista una práctica de criminalización se observa la enorme cantidad de personas que han sido o se encuentran investigadas.

Muchas de las personas con las que nos reunimos advirtieron la existencia de una resistencia arraigada al cambio de visión y modelo impuesto por parte de poderes fácticos, de carácter político, económico y militar, que busca mantener la impunidad estructural tanto respecto de crímenes cometidos en el marco del conflicto armado como en casos de corrupción.

Agregó que los entrevistados señalaron que la persecución aumentó desde la salida del país de la antigua Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Además, que se persiguió a quienes trabajaron para la CICIG, así como para la Fiscalía Especial contra la Impunidad, juzgadores y hasta magistrados del Tribunal Supremo Electoral, quienes pasaron de investigar y juzgar casos a ser investigados e imputados por supuestos delitos.

Estos retrocesos en la lucha contra la impunidad generan un sentimiento de frustración y revictimización de quienes padecieron graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado.

La relatora sobre Derechos Humanos de la CIDH, Roberta Clarke, remarcó que aunque el MP debe ser independiente, se debe evaluar su estructuración debido a que en los días de observación escucharon de los entrevistados que el Ministerio Público no está actuando independientemente ni imparcialmente, y que está dirigiendo sus objetivos a ciertas personas.

Patrones específicos

La CIDH advirtió que detectaron prácticas de persecución en contra de quienes investigaron o resolvieron en casos de corrupción. Mencionó que organizaciones entrevistadas aquejaron represalias emprendidas con la intervención activa de ciertos actores privados, como por ejemplo la Fundación contra el Terrorismo.

Los comisionados observaron que se presentaban masivas denuncias contra la misma persona, en muchos casos por los mismos hechos, con la intención de dificultar su defensa.

Asimismo, denuncias anónimas o infundadas con el propósito de mantener un clima de presión, hostigamiento e intimidación. Además, acusaciones que no corresponden a lo denunciado, como personas que no son funcionarias públicas que son investigadas por delitos propios de funcionarios públicos, persecución de jueces por resoluciones o a abogados por obstrucción de la justicia.

También apuntaron el uso abusivo de la prisión preventiva e imputación de delitos graves que no permitan medidas sustitutivas o medidas sustitutivas atadas a cauciones económicas millonarias o difíciles de afrontar.

Por último, afectaciones al debido proceso y derecho de defensa por medio de ampliaciones de los procesos penales o denegación al acceso a expedientes.

También se omite información sobre las causas en las que una persona está siendo investigada de manera oportuna y se impide la producción de pruebas de descargo.

Se alertó que las víctimas deben permanecer en la clandestinidad o el exilio, y que si se quedan en el país enfrentan la amenaza de prisión, ejemplificando los casos del periodista José Rubén Zamora y el exfiscal contra la corrupción Stuardo Campo.

Después de siete años, Guatemala abre sus puertas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta visita refleja la apertura de nuestro gobierno y nuestro compromiso con el fortalecimiento institucional y la justicia independiente.

Agradecemos a la @CIDH por su… pic.twitter.com/gRSGo8viAC

— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) July 22, 2024

Visitas por el país

La CIDH visitó a organizaciones, campesinos, activistas y víctimas de derechos humanos en San Marcos, Petén, Sololá, Totonicapán y Quetzaltenango. Como resultado, señalaron la persistencia de discriminación racial, conflictos sobre la tierra y más. En este sentido, se observó el desplazamiento de comunitarios por vulneraciones. Además, que organizaciones de sociedad civil manifestaron su preocupación por la actuación de la Fiscalía contra el Delito de Usurpación y el poder Judicial para intereses privados, mediante la criminalización, el desalojo y despojo de tierras. Por tanto, la comisión urgió a velar por la independencia judicial, especialmente con la elección de magistrados de las altas cortes del país.

También se hicieron visitas a centros carcelarios de la zona 18 capitalina, Cobán y Mariscal Zavala, así como en centros de protección de menores de edad y centros para la recepción de migrantes retornados en San Marcos y la ciudad capital.

En medio ambiente, el comisionado Javier Palummo señaló la gravedad del estado de los cuerpos de agua del país por sus altos niveles de contaminación. Hizo énfasis en el caso del río Motagua, la necesidad de una ley de aguas y atención al país por ser uno de los más vulnerables a los efectos del cambio climático.

Recomendaciones

Como primeras recomendaciones, la CIDH instó:

1. A adoptar e implementara políticas públicas para abordar la pobreza; discriminación por edad, por discapacidad, condición migratoria, diversidad sexual, de género, y más.
2. Establecer mecanismos para prevenir y erradicar cualquier forma de corrupción que afecte el Estado de derecho.
3. Al MP, cesar la criminalización contra personas operadoras de justicia, contra personas defensoras de derechos humanos, contra legisladores, contra periodistas, estudiantes, profesores, integrantes de partidos políticos, funcionarios públicos; así como contra integrantes de asociaciones indígenas, campesinas y sindicales.
4. Usar de forma prudente la prisión preventiva conforme a las normas internacionales.
5. Liberar a personas criminalizadas por defender los derechos humanos.
6. Al Estado, realizar un examen independiente del funcionamiento del Ministerio Público y su impacto en los derechos humanos.
7. Al Estado, generar las condiciones para la atención y el retorno de las personas exiliadas, que incluya un plan de reparación integral.
8. Que funcionen prontamente las comisiones de postulación para elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones.
9. Garantizar transparencia en elecciones de operadores de justicia, por meritocracia.
10. Restablecer la institucionalidad, según los Acuerdos de Paz.

La CIDH hará públicas sus observaciones preliminares en próximos días, las recomendaciones iniciales en próximas semanas y el informe de país en próximos meses.

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