En esta legislatura, el Congreso de la República ha aprobado normas que impactan directamente en la inversión pública a cargo de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes). Aunque la intención sea mejorar la ejecución de obras, lo que se está buscando es una salida conveniente y no una solución integral al problema de fondo que es la gestión pública.

El decreto 27-2024, publicado en diciembre pasado, buscaba “agilizar la ejecución de proyectos de los Codedes. Reformó la Ley Orgánica del Presupuesto para permitir que obras inconclusas pudieran continuar durante el siguiente ejercicio fiscal, evitando que sus fondos regresaran automáticamente al Fondo Común. Desde entonces ya había cuestionamiento sobre la ilegalidad de este decreto. Lamentable que, en lugar de enfocarse en soluciones de fondo como digitalizar trámites, simplificar procesos o estandarizar requisitos, este decreto abrió la puerta a un manejo más flexible de los recursos que puede traducirse en pérdida de control fiscal.

El decreto 7-2025, aprobado de urgencia nacional la semana pasada, reforma el decreto anterior y autoriza que los recursos no ejecutados en 2025 se utilicen en 2026. Con ello se rompe de nuevo el principio de anualidad presupuestaria y se permite que los Codedes retengan saldos para el siguiente ejercicio sin aprobación parlamentaria. Esto debilita el control democrático y erosiona la unidad presupuestaria, abriendo la puerta a prácticas opacas. Según estimaciones, podrían trasladarse más de seis mil millones de quetzales adicionales al próximo año.

El Cien ha señalado que este decreto vulnera la obligación de cerrar las cuentas al 31 de diciembre, relaja los controles del gasto y deja sin atender la verdadera causa, que es la limitada capacidad de planificar, diseñar y ejecutar proyectos. A esto se suma que la evaluación PEFA 2018 —metodología elaborada por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y varios gobiernos— advirtió desde entonces que Guatemala enfrentaba debilidades en control interno, adquisiciones y auditoría; diagnóstico que sigue vigente y hace aún más riesgosa la flexibilidad que el decreto propone.

En este contexto, otorgar más tiempo sin fortalecer previamente los sistemas de control y seguimiento incrementa la probabilidad de errores, irregularidades y corrupción. El decreto también debilita los controles ex ante y establece mecanismos de “vía rápida” o aprobaciones tácitas en un entorno donde la fiscalización ya es insuficiente. En lugar de premiar la falta de ejecución con más plazos, se deberían exigir expedientes completos, cronogramas realistas y metas verificables con monitoreo trimestral. Lo responsable sería reintegrar las economías al Fondo Común y, si procede, reprogramarlas por medio del Presupuesto 2026, respetando la legalidad constitucional y el rol del Congreso.

El decreto 7-2025 sienta un precedente peligroso que podría extenderse a otros programas e instituciones, multiplicando riesgos y debilitando la disciplina fiscal.

Por ello, la mayoría de los centros de investigación y otras organizaciones le han solicitado al presidente de la República vetar este decreto como una señal inequívoca de compromiso contra la corrupción y la opacidad. El mayor reto, si el presidente toma esta decisión, es hacer conciencia en la mayoría de los diputados que impulsaron y votaron a favor de este decreto de no insistir en su error y que desistan de publicarla.

Es urgente que los organismos Ejecutivo y Legislativo avancen en un conjunto de reformas para modernizar la gestión pública. El país no necesita excepciones ni parches, sino un presupuesto que funcione: gastar con disciplina, transparencia y resultados.