Cuentas vinculadas a la Fundación contra el Terrorismo, denominadas como netcenter, avisaron de nuevo sobre acciones del Ministerio Público (MP). En esta ocasión se trata de una investigación que se deriva de la orden que emitió el juez séptimo penal A, Fredy Orellana, para suspender la personería jurídica del partido político Movimiento Semilla. El anuncio ahora fue sobre el involucramiento de Eleonora Noemí Castillo, subdirectora del Registro de Ciudadanos (RC) del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en contra de quien se habría girado una orden de captura.

Castillo quedó a cargo de la referida unidad después de que el director, Ramiro Muñoz, saliera de vacaciones. Una fuente informó a La Hora que por solicitud del MP se emitió una orden de aprehensión

El TSE informó el pasado domingo 16 de julio que el funcionario solicitó su separación temporal de sus labores, y salió del país.

Una fuente explicó a La Hora, que Muñoz habría sido amenazado antes de que abandonara el territorio nacional.

Halcón caído
—repito, Halcón Caído

Nadie es superior a ley, licenciada ELEONORA CASTILLO
—la justicia NO se negocia. #OnFirepic.twitter.com/FTY4vx1F9j

— ¡𝗬𝗲𝘀, 𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿! (@__VaderGT) July 20, 2023

ALLANAMIENTOS

Autoridades realizaron un nuevo allanamiento en oficinas del órgano electoral. La Dirección de Recursos Humanos fue el objetivo este jueves 20 de julio.

Se supo que el ingreso de los agentes policiales y elementos del MP a eso de las 13:15 horas.

En dicha sede, el MP y la PNC se dirigieron a Recursos Humanos a pedir el expediente de Castillo.

CASO SEMILLA

La salida del registrador se dio en medio de las acciones ordenadas por el Juzgado Séptimo Penal, que giró instrucciones al RC para suspender la personería jurídica del partido político Movimiento Semilla.

También certificó lo conducente a la Fiscalía para que se inicie una investigación en contra del registrador de ciudadanos por supuestamente haber incurrido en desobediencia al negarse a cancelar a la agrupación política.

El Ministerio Público solicitó al RC un informe en el cual se debía detallar si se había cumplido con lo ordenado por Orellana, pese a que la Corte de Constitucionalidad (CC) dejó sin efecto la resolución del juez para evitar perjuicios en el proceso electoral.