El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos reconoció el 5 de diciembre, ante una corte federal de Texas, haber deportado de manera ilegal a un guatemalteco que tenía un recurso legal activo para evitar su expulsión, luego de haber llegado al país en el 2012 en busca de asilo, al huir de la violencia en el país centroamericano.

El juez federal ordenó al gobierno de Donald Trump que solicitara rápidamente el regreso del hombre, en violación de la conclusión de un tribunal de migración que estableció que probablemente enfrentaría tortura en Guatemala, según informó Politico.

El juez David Guaderrama reprendió al gobierno estadounidense por la “flagrante ilegalidad” en la deportación de Faustino Pablo Pablo, a pesar de las advertencias del hombre a funcionarios de migración sobre el grave peligro que enfrenta en Guatemala.

Pablo Pablo contaba con un amparo de “prohibición de remoción”. EFE explicó que se trata de una figura legal que evita expresamente su deportación, ya que podría enfrentar tortura. Pese a ello, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas lo detuvo durante una cita rutinaria en noviembre y lo envió en un vuelo directo a la ciudad de Guatemala.

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Guaderrama, designado por Obama, determinó que el regreso del guatemalteco debía realizarse antes del 12 de diciembre, y que el gobierno de Trump debía proporcionar actualizaciones diarias sobre las gestiones para su retorno.

De acuerdo con el archivo judicial, durante la audiencia del 3 de diciembre, los abogados de ICE reconocieron abiertamente que la expulsión fue indebida.

Las autoridades aseguraron al tribunal que el error fue cometido por ICE, y afirmaron haber “programado tentativamente” un vuelo para facilitar su retorno a Estados Unidos, aunque dicho traslado no se concretó.

El vuelo provisional estaba programado para el 4 de diciembre; sin embargo, el juez declaró que Pablo no regresó a Estados Unidos y aparentemente permaneció en Guatemala.

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El caso de Faustino Pablo Pablo recuerda la deportación ilegal de Kilmar Ábrego García, expulsado a El Salvador en marzo, pese a contar con una orden vigente de protección contra la remoción desde el 2019, que indicaba que probablemente enfrentaría persecución a manos de una pandilla.

Politico detalló que Pablo ingresó ilegalmente a Estados Unidos en el 2012. Un juez de migración ordenó su deportación y concluyó que enfrentaría tortura “por parte del Gobierno guatemalteco, o con su consentimiento o aquiescencia”.

Tras ser liberado en el 2013, Pablo residió en California y se reportó regularmente hasta el 5 de noviembre, cuando fue detenido en un control migratorio.

Su abogado notificó a las autoridades sobre la protección vigente. El 17 de noviembre, Pablo fue trasladado a El Paso, Texas, y se le informó sobre la preparación de su deportación a Guatemala. Presentó una demanda para obtener su liberación, pero fue deportado el 20 de noviembre, antes de que el juez federal pudiera intervenir.

“Cuando la Corte ordenó (a la administración) no deportar a Pablo Pablo, este ya había llegado a la ciudad de Guatemala”, escribió Guaderrama, según Politico.