El Juzgado de Extinción de Dominio inmovilizó seis bienes de Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno, por sospecha de enriquecimiento ilícito. La medida se tomó en una audiencia reservada.

Este lunes 12 de mayo, el Juzgado de Extinción de Dominio celebró una audiencia a puerta cerrada para evaluar la solicitud del Ministerio Público de inmovilizar ocho bienes vinculados a Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno durante el período del expresidente Alejandro Giammattei.

La solicitud responde a una investigación sobre el posible origen ilícito de estos bienes. El juez encargado del caso decidió mantener la confidencialidad de los detalles del proceso.

La audiencia se desarrolló bajo estricta reserva, conforme a lo establecido por la Ley de Extinción de Dominio, que regula la confidencialidad en investigaciones en curso.

Según Moisés Ortiz, portavoz del MP, esta medida busca proteger el desarrollo del caso.

El juez Jaime Delmar González resolvió que seis de los ocho inmuebles solicitados para su inmovilización serán retenidos, mientras que dos propiedades fueron excluidas de la medida.

Los bienes involucrados están registrados a nombre de amigos y familiares de Martínez, lo que ha generado dudas sobre la procedencia de los mismos. Se estima que los inmuebles fueron adquiridos entre 2020 y 2024, por un valor aproximado de Q10 millones.

La investigación busca determinar si estos bienes fueron obtenidos de manera ilícita, lo que podría constituir un caso de enriquecimiento ilícito. Aunque se han realizado denuncias sobre posibles actos de corrupción, el MP ha adoptado una postura cautelosa, lo que ha generado críticas por la falta de avances durante más de un año.

El 6 de mayo, el MP confirmó la solicitud de inmovilización de los bienes de Martínez, quien fue sancionado por Estados Unidos en diciembre de 2023 bajo la Ley Global Magnitsky, debido a su presunta implicación en esquemas de sobornos y corrupción relacionados con contratos gubernamentales en Guatemala.

Con esta medida, el Juzgado de Extinción de Dominio busca asegurar los bienes de Martínez mientras avanza la investigación. No obstante, debido a la reserva, no se han revelado más detalles sobre la ubicación de los inmuebles ni su valoración exacta.

El proceso judicial continuará en reserva hasta que el juez decida que se puede hacer público, lo que mantiene en incertidumbre las implicaciones políticas y legales para los involucrados.

Por Andrea Palacios