Viajé a Venezuela en 2016 con unos compañeros de trabajo, pocas semanas después de que la oposición, agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), lograra una victoria histórica en las elecciones parlamentarias. Por primera vez en muchos años, el chavismo había perdido el control del Congreso. En el país se respiraba una mezcla de esperanza y ansiedad. Se creía que, desde el Legislativo, aún era posible frenar el deterioro institucional.

Fuimos a dar un curso a diputados de la oposición recién electos. La expectativa era enorme. Sin embargo, pronto entendimos que la victoria no significaba poder real. Aunque aprobaran leyes, casi ninguna avanzaba. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia actuaba como muro y no pasaban.

Había mucha inseguridad. Al ingresar al país presenciamos un asalto a pocos metros del aeropuerto. En ese momento, Venezuela tenía una de las tasas de homicidios más altas del mundo, con más de 90 homicidios por cada cien mil habitantes. No salir de noche no era una recomendación: era una regla de supervivencia.

La economía quebrada. El “bolívar fuerte” estaba profundamente devaluado. Con US$10 comprábamos una bolsa grande de billetes. En 2016 la inflación superaba el 270% anual, antesala de la hiperinflación. En supermercados vimos compras racionadas para unos y venta de artículos inaccesibles para la mayoría.

Conversamos con varios civiles. Escuchamos sobre expropiaciones, inseguridad alimentaria, educación ideológica, presión sobre empresarios, protestas constantes, jóvenes desaparecidos, presos políticos y miedo a hablar; mucha represión. No eran discursos: eran vidas en crisis —difícil consolarlos—.

Caracas también mostraba otro rostro. Fuimos a zonas con restaurantes de alto nivel, precios internacionales y dólares circulando. Mesas llenas, normalidad aparente, aunque nos advirtieron de la presencia de algunos de los empresarios “enchufados” que había cedido al gobierno. Bastaba alejarse unas cuadras para volver a la ciudad oscura, con estantes vacíos y calles desiertas.

Recordé entonces a un empresario venezolano que años antes me dijo: “Esto no es improvisación. Es una estrategia llamada socialismo del siglo XXI para acabar con las repúblicas. Llegan por la vía democrática, para quedarse”.

En las elecciones de 2024, Edmundo González, con el respaldo de María Corina Machado, fue reconocido por amplios sectores como ganador para presidente. Aun así, los resultados fueron desconocidos y Nicolás Maduro se mantuvo en el poder falseando resultados, en medio de denuncias de fraude, represión y manipulación institucional. Ningún organismo internacional logró detenerlo.

Diez años después, la crisis no se detuvo. Familias enteras se dispersaron por América y Europa. Venezuela se convirtió no solo en una tragedia nacional, sino en una influencia negativa para la región. Destruyeron el país. Se consolidó una dictadura financiada por el narcotráfico, que encarceló y desapareció opositores y siguió las directrices del régimen cubano. Convirtió en multimillonarios a los dirigentes y hundió en la pobreza e intimidación a la mayoría de los venezolanos.

Lo increíble es lo que se vive hoy a raíz de que las fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa y los trasladaron a Estados Unidos para juzgarlos, abriendo un nuevo capítulo cargado de tensión, expectativas y polémica —que da para una larga discusión—.

El futuro es incierto. Pero, como me dijo una venezolana, es más prometedor que en los últimos 27 años; al menos empieza a ver una luz, pero hay mucha incertidumbre. Toca recuperar instituciones, reinstalar una república, retomar la democracia y formar liderazgos locales capaces de sostener el cambio. El apoyo será crucial. Es tiempo de escuchar, reconstruir y acompañar.