El sector salud es uno de los más codiciados por grupos corruptos, según los datos con que cuenta la Contraloría General de Cuentas (CGC), que ha identificado algunos fenómenos a través de su programa Municipio Fiscalizado.

Este proyecto de modernización en la fiscalización pública, que cumplió un año, cuenta con 774 vigilantes que, por medio de una aplicación, visitan dependencias públicas.

El sector salubrista es uno de los que más casos reporta, por lo que la CGC presentará en agosto un informe especializado sobre las alertas emitidas con este programa.

Además del sector salud, el área educativa es otro ámbito en el que los monitores han detectado irregularidades, al reportar una cantidad “considerable” de maestros que no llegan a impartir clases.

Frank Bode Fuentes, contralor General de Cuentas, explicó que los datos recabados en un año de funcionamiento del programa reflejan que las prácticas corruptas, lejos de disminuir, van en aumento.

¿Cómo recibió la Contraloría General de Cuentas?

Recibí a la CGC como una entidad tradicional, desde el punto de vista de la fiscalización. Yo fui auditor y, en los procesos de auditoría, se hacían entre 1 mil 500 y 1 mil 600 visitas anuales. Esa es la Contraloría que encontré.

¿Hacia dónde planificó dirigir la institución?

Todo parte del fortalecimiento del sistema de control interno, ya que el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, en su último párrafo, establece como una de sus funciones velar por la calidad del gasto público. Y esa calidad debe observarse desde el comportamiento del presupuesto.

Al revisar dicho comportamiento, se advierte que el 90% del presupuesto se destina a sueldos de funcionarios y empleados públicos. A partir de ahí, generamos la estrategia del programa Municipio Fiscalizado. Hoy hacemos presencia en 7 mil 200 lugares diarios.

¿Cuáles han sido los principales desafíos para fiscalizar?

El primero es que la CGC llegaba de forma tardía, lo cual la volvía una entidad punitiva, cuando su función principal es velar por la calidad del gasto público. Por ello, se generó una estrategia para fortalecer el sistema de control interno con nuevas normas generales y técnicas, y se definieron tres ambientes: preventivo, detectivo y correctivo.

Si tenemos una entidad punitiva, ¿dónde queda la calidad del gasto público? Si yo me dedico a denunciar, ¿qué mensaje traslado a los funcionarios? En cambio, si el enfoque es preventivo, podemos señalar desde el momento si una licitación no procede o si un gasto está mal orientado.

La población espera denuncias, pero una denuncia no arregla nada. Un ejemplo es el decreto 21-2022, denunciado por más de Q7 mil millones. Las obras están bajo reserva del Ministerio Público, no se pueden tocar.

¿Qué tanta resistencia externa hay en la fiscalización?

Es fuerte, porque el programa Municipio Fiscalizado ha dado un nuevo enfoque como estrategia de fortalecimiento del control interno.

El año pasado logramos reducir del 68% al 10% la cifra de maestros que no llegaban a trabajar. Eso es calidad del gasto público. El monitor verifica en tiempo real si el maestro está dando clases.

Hemos encontrado maestros en sus casas, en tiendas o en mercados; algunos dejaban las escuelas cerradas con candado. Este programa permite que un maestro imparta clases y eso se traduce en mejor calidad educativa para los niños.

También detectamos que las bolsas de refacción escolar llevaban verduras podridas, que las libras no estaban completas y que los precios estaban sobrevalorados. Por ejemplo, se asignaban 1 mil libras para 1 mil 300 niños: algún niño no recibiría alimento.

¿Cómo nació la idea del programa Municipio Fiscalizado?

Tuve que vivirlo en carne propia. En un partido de fútbol, uno de los jugadores se accidentó. Al acudir al puesto de salud más cercano, nos dimos cuenta de que las enfermeras llegaban solo cada 15 días. En otro lugar, encontramos una situación similar.

Municipio Fiscalizado nos está dando datos clave: cerca del 20% de la administración pública no asiste a diario por permisos, licencias, o incapacidades del IGSS. Del 80% restante, debemos preguntarnos quiénes realmente trabajan, porque hay empleados que sí llegan, pero no laboran.

¿Algunos casos que destaque detectados con este programa?

En San Marcos detectamos a 10 doctores que desde 2012 no llegaban a trabajar. En San Pedro Sacatepéquez, baños que reportaban Q84 diarios recaudados, pero según el monitoreo, eran hasta Q2 mil 300 al día.

Si mejora el situado constitucional, hay más desarrollo. Por eso, la CGC debe ser un aliado del desarrollo.

Ahora vamos detrás de cuatro alcaldías grandes, para enviar monitores y verificar si lo presupuestado en ingresos corresponde con lo reportado. No para denunciar, sino para mejorar los ingresos municipales.

En Huehuetenango había un cadáver olvidado durante dos años en la morgue del hospital. También un indigente no tenía para comprar un jabón y se le infectó una herida. El monitor le compró el jabón, y los médicos lo atendieron.

Las sábanas blancas solo las sacuden; no les aplican cloro. Es algo que se roban. A ese nivel ha llegado la corrupción.

¿Cuántos reportes ha emitido el programa Municipio Fiscalizado?

Hemos emitido 795 mil alertas. Por eso, este año presentaremos por primera vez un informe sobre el sector salud, tanto del IGSS como del Ministerio.

Se identificaron médicos que no trabajan, medicamentos robados y verduras en mal estado en hospitales.

La corrupción no ha disminuido; ha aumentado. ¿Dónde está? En las compras directas y de baja cuantía.

Solo dos aspectos disminuyen la corrupción: los principios y valores, y el fortalecimiento del sistema de control interno. No hay más.

Estamos transformando el funcionamiento de la CGC con este sistema, porque son numerosas las compras pequeñas y las personas que se prestan a esa situación.

¿Cuáles son sus planes a futuro?, ¿optaría a un cargo de elección popular en 2027?

Si me fuera con un partido político, dejaría a la Contraloría en un limbo, pasaría de entidad técnica a política. Mi visión es seguir trabajando en mi profesión desde alguna asesoría o contraloría, pero no como alcalde, diputado ni en ningún otro cargo público. Estoy ajeno a cualquier cuestión política.