La desnutrición infantil en Guatemala sigue siendo un flagelo que está lejos de erradicarse. Según el Ministerio de Salud, en los primeros cuatro meses de este año han muerto siete niños menores de 2 años a causa de desnutrición aguda. Pero el panorama es aún más alarmante: los fallecimientos son apenas la punta del iceberg, ya que existe un amplio subregistro de casos de desnutrición crónica, especialmente en las regiones rurales donde no llega la asistencia gubernamental prometida.

Cuando Bernardo Arévalo asumió la presidencia, en enero del año pasado, se comprometió a reducir los índices de desnutrición infantil que colocan a Guatemala en el vergonzoso primer lugar de América Latina y el sexto a nivel mundial. Sin embargo, tras 17 meses de gestión, los resultados distan mucho de lo esperado. Expertos en la materia advierten de que el gobierno no cuenta con un plan estructurado para prevenir la desnutrición, en sus diferentes manifestaciones.

La niñez guatemalteca sufre dos tipos principales de desnutrición: aguda y crónica. La primera implica una pérdida rápida de peso en relación con la talla, provocada por una deficiencia severa de nutrientes en un corto período. Sus causas van desde enfermedades infecciosas —como la diarrea— y hambrunas, hasta la falta de alimentación suficiente o de calidad. Se manifiesta con debilidad muscular, mayor riesgo de infecciones y puede ser letal.

La desnutrición crónica, en cambio, es un retraso en el crecimiento causado por una alimentación deficiente de forma prolongada, desde el embarazo hasta los primeros años de vida. La raíz del problema está en dietas pobres en nutrientes, falta de agua potable y condiciones de pobreza extrema. Esta forma de desnutrición provoca daños irreversibles en el desarrollo físico y cognitivo, afecta la capacidad de aprendizaje y eleva el riesgo de enfermedades crónicas.

Mientras la desnutrición aguda exige respuestas inmediatas ante emergencias, la crónica revela un problema estructural más profundo, reflejo de desigualdades sociales históricas. Requiere políticas públicas sostenidas en el tiempo. Es inadmisible que, en un país con tanta riqueza agrícola, la infancia siga siendo víctima de inseguridad alimentaria.

Durante décadas, distintos gobiernos han prometido enfrentar este drama, pero la corrupción ha devorado los recursos destinados a combatirlo. Según Unicef, la desnutrición crónica afecta al 47% de los niños menores de 5 años. Las comunidades indígenas y rurales son las más golpeadas, con un acceso limitado a alimentos nutritivos, agua potable y servicios básicos de salud. A ello se suman los efectos del cambio climático, que con sus prolongadas sequías agrava la pobreza extrema.

Los datos oficiales muestran que la desnutrición crónica severa en menores de 5 años está presente en 14 departamentos, especialmente en el llamado corredor seco (Baja Verapaz, Zacapa, El Progreso, Jalapa, Chiquimula, Jutiapa y Santa Rosa), una región particularmente vulnerable a la inseguridad alimentaria y cuyos habitantes afrontan hambrunas permanentes.

Pese a los reiterados ofrecimientos gubernamentales, la realidad es desalentadora. En declaraciones a Prensa Libre, María Marta Ramos, representante de la Instancia de Consulta y Participación Social, del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, señala que el gobierno carece de un plan integral para prevenir tanto la desnutrición aguda como la crónica. “Es frustrante”, dice, “porque las autoridades saben qué hacer, pero no accionan”.

Este gobierno podrá tener buenas intenciones, pero estas no bastan si no se traducen en acciones concretas. Mientras tanto, la desnutrición continúa cobrando vidas y condenando a la niñez guatemalteca a un futuro sin oportunidades.