El comisionado contra la corrupción, Julio Flores, anunció acciones en seguimiento al caso B410 revelado por la SAT, que involucra 410 empresas falsas creadas para defraudar al fisco.

Julio Flores, comisionado de la Comisión Nacional Contra la Corrupción, ofreció una actualización c sobre el caso B410, revelado por la Superintendencia de Administración Tributaria.

El caso involucra una red de 410 empresas que habrían defraudado al fisco guatemalteco por más de Q300 millones entre 2021 y 2023.

Flores indicó que en las próximas tres semanas se tomarán diversas acciones, como denuncias penales, inhabilitaciones y rotaciones de personal, con el objetivo de desmantelar la red de fraude tributario descubierta.

En contexto, este caso tiene implicaciones importantes, ya que entre los involucrados se encuentran empresas constructoras proveedoras del Estado que, entre 2021 y 2023, realizaron ventas por más de Q571 millones a diversas entidades gubernamentales, incluyendo el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

Estas empresas han provisto servicios como construcción de obras, remozamiento de escuelas, pavimentación de carreteras y alquiler de maquinaria.

El comisionado Flores también indicó que más del 91% de las entidades del Ejecutivo ya han implementado oficinas de Asuntos de Probidad y códigos de ética para abordar los conflictos de interés y fortalecer la transparencia. Estas acciones se alinean con los esfuerzos del Gobierno para combatir la corrupción.

En el marco de estas medidas, se lanzó el Tablero Interactivo de Adquisiciones Públicas, una herramienta digital diseñada para transparentar los procesos de compra del Estado, facilitando el acceso a la información y promoviendo una mayor rendición de cuentas en las adquisiciones gubernamentales.

Flores señaló que las medidas a tomar buscan sancionar a los responsables y fortalecer los mecanismos de control y supervisión dentro del Ejecutivo.

El comisionado reiteró el compromiso de la Comisión Nacional Contra la Corrupción de continuar impulsando políticas y herramientas que aseguren la transparencia y el buen manejo de los recursos públicos.

Por Andrea Palacios