Nuestro país de la eterna primavera, rodeado de majestuosos volcanes, selvas exuberantes y lagos que embelesan a los turistas, tiende a seguir convirtiéndose en un gran basurero. Esta triste historia es consecuencia de la reciente resolución de la Corte de Constitucionalidad, que declaró inconstitucional el Reglamento para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos comunes. Representa un retroceso ambiental que Guatemala no se puede permitir.

Recién el 27 de agosto, la Corte de Constitucionalidad resolvió por unanimidad suspender la vigencia del acuerdo gubernativo 164-2021, el reglamento que buscaba ordenar y dar un marco legal a la gestión de los desechos sólidos en el país. Lo más grave no es la decisión en sí misma, sino el mensaje que envía: que aún se priorizan los tecnicismos legales y los intereses particulares sobre el bien común y un ambiente sano y limpio.

Lo anterior fue en respuesta a una acción presentada por el diputado Ronald Yomelfy Portillo Cordón, quien impugnó el reglamento. La normativa buscaba, entre otras cosas, establecer la separación de desechos sólidos en tres grupos para facilitar su manejo, pero tras su entrada en vigor, el pasado 11 de febrero, surgieron manifestaciones en contra, con bloqueos en la ciudad.

En su resolución, la CC explicó que, al examinar el procedimiento de creación normativa y las facultades otorgadas, determinó que el reglamento transgredía el principio de autonomía municipal consagrado en el artículo 253 de la Carta Magna. Sin embargo, no consideraron el derecho de todo guatemalteco a vivir en un ambiente sano y libre de basura.

Perder el reglamento significa para el MARN ya no tener una injerencia directa o regulatoria sobre el manejo de la basura que por ley corresponde a las municipalidades. El Ministerio de Ambiente aseguró que seguirá acompañando a las munis técnicamente, pero con esta resolución, es fácil entrever que seguiremos inundados de basura. ¡La oportunidad de cambiar el panorama la tuvimos en las manos!

La excusa jurídica que nos dan puede sonar impecable en los estrados, pero la realidad es que nuestra basura sigue creciendo sin control. Hoy, toneladas de desechos llegan cada día a ríos, barrancos y mares, contaminando el agua que bebemos y destruyendo los ecosistemas. Frenar un reglamento que, aunque perfectible, representaba un primer paso hacia una gestión más responsable de los residuos, es simplemente una desfachatez.

La estrategia manejaba tres herramientas: cambiar el comportamiento ciudadano, trabajar con el sector privado y abrir espacios a emprendimientos y negocios para manejar los desechos.

¿A quién daña esta decisión? Claramente a los ciudadanos que padecen la falta de sistemas de reciclaje, a los municipios que luchan sin recursos para manejar vertederos colapsados y a los niños que heredarán un país envenenado por plásticos y lixiviados.

El argumento de que el reglamento era “inconstitucional” debe ser evaluado con cuidado: ¿realmente contravenía principios fundamentales o más bien incomodaba intereses que prefieren mantener el statu quo? La Constitución establece en su artículo 97 que es obligación del Estado, las municipalidades y los habitantes el mantener el equilibrio ecológico y prevenir la contaminación. Es decir que, en vez de invalidar un esfuerzo normativo por limpiar el país, las instituciones deberían fortalecerlo.

La CC tenía la oportunidad de ser coherente con la Constitución y con el derecho de todos los guatemaltecos a un ambiente sano. En cambio, escogió detener un avance mínimo pero crucial en la gestión de desechos. En un país donde el problema de la basura se desborda, esta resolución no solo es un error jurídico: es una bofetada a Guatemala.