Después de hacer gobierno, diputados de Vamos quieren formalizar los puestos de trabajo temporales del Ejecutivo
La contratación de personal en las instituciones gubernamentales ha sido cuestionada en cada gobierno. La falta de evaluación para ocupar los puestos de trabajo y, en algunos casos, los altos salarios, han puesto en esto la lupa. Pero, además, la crítica se ha centrado en las contrataciones a amigos o colaboradores cercanos, sobre todo bajo […]
La contratación de personal en las instituciones gubernamentales ha sido cuestionada en cada gobierno. La falta de evaluación para ocupar los puestos de trabajo y, en algunos casos, los altos salarios, han puesto en esto la lupa.
Pero, además, la crítica se ha centrado en las contrataciones a amigos o colaboradores cercanos, sobre todo bajo el renglón 029, en donde supuestamente no existe una relación patrono-empleado.
Pero, en la práctica ocurre lo contrario. Es por ello, que los contratistas han interpuesto (y ganado) demandas de decenas de miles de quetzales.
En abril pasado, La Horapublicó una nota donde se mostró el incremento del 50 por ciento para pago de contratos 029, a pesar de que cada vez crece el número de demandas laborales.
Un grupo de diputados, que aún no se separan de la bancada Vamos, partido que gobernó entre 2020 y 2024, presentó la iniciativa de ley de «dignificación laboral». Con esto busca asegurar la continuidad de empleo de las personas que laboran con contratos 021, 022, 029, subgrupo 18, u otra modalidad equivalente o análoga que autorice el Ministerio de Finanzas Públicas, muchos de los cuales ocupan su cargo desde el momento en que ellos estuvieron en el Ejecutivo.
El Sistema de Contabilidad Integrado (Sicoin) da cuenta de que en de 2020, cuando empezó a gobernar el presidente Alejandro Giammattei por Vamos, a 2026 ese rubro pasó de Q1 mil 517 millones a Q2 mil 225 millones.
«La ley tiene por objeto establecer un proceso de forma gradual, técnica y progresiva de dignificar al personal contratado bajo servicios técnicos, profesionales, temporales o modalidades análogas, que desempeñe funciones permanentes, continuas y necesarias dentro de las instituciones del Estado, conforme a la disponibilidad presupuestaria, mérito, capacidad, idoneidad y normativa aplicable», resalta el artículo 1 de la propuesta de ley.
De acuerdo con la iniciativa, al proceso podrán optar las personas que presten servicios materiales, técnicos, profesionales, administrativos u operativos bajo dependencia, subordinación o supervisión institucional.
Quienes se encuentren contratados bajo renglones 021, 022, 029, subgrupo 18 o cualquier modalidad equivalente o análoga, que desempeñen funciones permanentes, continuas y necesarias para el funcionamiento ordinario de la institución pública o hayan prestado servicios continuos o acumulados por un periodo mínimo de tres años en la institución, añade.
Las contrataciones bajo esas modalidades han sido objeto de críticas, por tratarse de puestos de confianza que, en algunos casos, las personas hacen funciones para las que no son contratadas o no tienen la experiencia que requiere la institución.
La propuesta de ley la impulsan los legisladores Greicy De León, Luis Rodríguez, Edmundo Lemus, Erick Tzun, Duay Martínez y Carlos Roberto Calderón.
DEFIENDE CONTINUIDAD
La iniciativa de ley propone que la selección de los trabajadores debe hacerse por nivel académico, técnico, profesional y administrativo, conforme al Manual de Clasificación de Puestos y Salarios de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC).
También propone crear una comisión técnica que deberá revisar los expedientes de acuerdo a las convocatorias que hagan las entidades públicas.
«La aplicación de esta ley no deberá generar incremento desproporcionado del gasto público ni afectar la estabilidad financiera del Estado. Toda incorporación deberá contar previamente con dictamen de viabilidad presupuestaria», resalta el artículo 21 de esa iniciativa.
Lemus, diputado ponente y exministro de Comunicaciones en el gobierno de Vamos, afirmó que la ley busca hacer «justicia laboral» a miles de trabajadores del Estado, pero que viven con incertidumbre y no gozan de las condiciones mínimas que deben tener, ya que muchos trabajan en condiciones desiguales.
El diputado reconoció que los últimos gobiernos se ha demostrado una profunda incapacidad para ejercer una política que dignifique a los trabajadores, por lo que la iniciativa pretende establecer un «proceso técnico, gradual y transparente» para regularizar a las personas que demuestren capacidad, experiencia, años de servicio, como la sostenibilidad financiera del Estado, y así las personas pasen a planilla y gocen de los beneficios laborales.
«Esta iniciativa también representa una medida de responsabilidad financiera para el país porque cada año despiden a personal temporal; en cada cambio de gobierno o cambio de ministro, este personal permanente presenta sus demandas y los juzgados, después de la evaluación, determinan que sí existió una relación laboral, independientemente del renglón de contratación», destacó.
«Las consecuencias de esa mala administración le han costado cientos de millones de quetzales al pueblo por pago de salarios caídos, indemnizaciones y prestaciones, como costas judiciales y reinstalaciones», puntualizó Lemus.
