Las sanciones de Estados Unidos y las críticas públicas al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, venían incrementándose poco a poco desde hacía meses, pero tanto funcionarios estadounidenses como nicaragüenses dicen que la decisión de poner a 222 disidentes en un avión con rumbo a Washington fue repentina.

La aeronave recién había despegado el jueves cuando surgieron las primeras noticias sobre la sorpresiva liberación de figuras de la oposición, periodistas, activistas y sacerdotes que la mayoría consideraba presos políticos. Gran parte de ellos ya habían sido sentenciados en los últimos dos años a largas penas de prisión. Tenían poco contacto entre ellos y menos aún con el mundo exterior.

Para Ortega son terroristas. Financiados por gobiernos extranjeros, trabajaron para desestabilizar a su gobierno después de que estallaran enormes protestas callejeras en abril de 2018, según el presidente nicaragüense. Ortega dijo que la vicepresidenta Rosario Murillo, que es su esposa, fue la que tuvo la idea de expulsar a los prisioneros.

«Me dice Rosario, y por qué no le decimos al embajador que se lleven a todos estos terroristas?», contó Ortega en un discurso que pronunció el jueves por la noche. En cuestión de días ya se había concretado. «La cronología, nuevamente, fue muy corta», dijo una funcionaria del departamento de Estado que habló bajo condición de anonimato, sugiriendo que el proceso de la transferencia se realizó en tan sólo dos días. «Una vez que nos dimos cuenta de esto, pudimos entrar en acción y garantizar el transporte seguro de estas personas».

Nicaragua tenía una lista de 228 prisioneros que quería sacarse de encima. Estados Unidos quitó a cuatro de ellos de la lista y luego dos más se negaron a subir al avión el jueves, dijeron funcionarios de ambos países. Emily Mendrala, la subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del departamento de Estado, enfatizó el viernes en una rueda de prensa telefónica que fue una decisión de Nicaragua.

«Puede ser que la presión de estas sanciones tuvieron un impacto, pero fue una decisión unilateral», dijo Mendrala en español. «No había ninguna negociación y Nicaragua no pidió nada». Ortega lo había dicho la noche anterior. Lo enmarcó como una cuestión de principios y soberanía. «No estamos pidiendo que nos levanten las sanciones. No estamos pidiendo nada a cambio», expresó. «Que se lleven sus mercenarios».

Jared Genser, un abogado de derechos humanos que llevó los casos de los líderes opositores Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, dijo el viernes que «los dictadores nunca liberan a los presos políticos porque quieren, los liberan cuando tienen que hacerlo, cuando liberarlos es la opción menos peor».

Pudiera haber sido que la atención constante a la situación de los presos por parte de las organizaciones de derechos humanos, las Naciones Unidas y los gobiernos extranjeros los convirtió en una responsabilidad mayor que simplemente expulsarlos de Nicaragua. «Esto parece ser una especie de válvula de escape porque ha habido mucha presión internacional, presión de la UE (Unión Europea), de Estados Unidos, de otros», señaló Antonio Garrastazu, director regional para América Latina y el Caribe del International Republican Institute en Washington.

Es posible que Ortega haya querido sacarlos y evitar que «hagan más daño dentro de Nicaragua que fuera», agregó Garrastazu. Ortega aumentó su persecución de opositores políticos a principios de 2021, buscando despejar el campo antes de las elecciones presidenciales en noviembre de ese año. Las fuerzas de seguridad arrestaron a siete posibles candidatos presidenciales y Ortega obtuvo un cuarto mandato consecutivo en elecciones que Estados Unidos y otros países consideraron fueron una farsa.

Jueces nicaragüenses sentenciaron a varios líderes de la oposición, incluidos ex altos funcionarios del gobernante movimiento sandinista y ex candidatos presidenciales a penas de prisión por «conspiración para socavar la integridad nacional».

Estados Unidos concedió a los presos liberados un parole humanitario por dos años. En ese tiempo podrán trabajar y pedir asilo en el país. España, en tanto, les ofreció la nacionalidad española y dijo que podría sumar también a otros nicaragüenses que estén en la misma situación que los presos liberados.

El ministro de Relaciones Exteriores José Manuel Albares explicó que España hacía la oferta debido a la decisión de Nicaragua de despojar a los presos de su ciudadanía. Efectuó sus comentarios a la agencia privada de noticias española Servimedia y su ministerio los confirmó.

Cuando el avión aún estaba volando el jueves, el Congreso de Nicaragua votó para aprobar una propuesta de cambio constitucional que permitiría al gobierno quitarles la ciudadanía. Maradiaga y Chamorro, ambos líderes opositores y potenciales contrincantes de Ortega en sus aspiraciones presidenciales, dijeron a la prensa el viernes que seguirán luchando por la democracia desde el exterior.

Maradiaga comparó la expulsión de Nicaragua con el imperio romano, cuando el destierro era una alternativa a la muerte. Dijo que esas medidas se tomaban cuando un dictador ya no podía tolerar a sus oponentes, pero reconocía que matarlos tendría consecuencias.

Chamorro, quien fue arrestado en 2021 y condenado a 13 años de prisión, dijo que «ni una sola generación en 200 años de vida independiente en Nicaragua no ha sufrido guerra, secuestro… exilio o asesinato y eso tiene que cambiar.» «No ha habido ni una sola generación en 200 años de vida independiente en Nicaragua no ha sufrido guerra, secuestro.,violación a los derechos, exilio o asesinato y eso tiene que cambiar.»