Reinstalaciones: ven necesidad de corregir mala práctica de personal temporal que luego reclama ser trabajadores permanentes
Las reinstalaciones en el Estado se han convertido en una práctica recurrente que podría poner en riesgo el funcionamiento de las instituciones, según analistas y sindicalistas consultados por La Hora, quienes coinciden en la necesidad de implementar medidas para evitar que estas acciones afecten negativamente la operatividad de las entidades públicas y frenar el debilitamiento […]
Las reinstalaciones en el Estado se han convertido en una práctica recurrente que podría poner en riesgo el funcionamiento de las instituciones, según analistas y sindicalistas consultados por La Hora, quienes coinciden en la necesidad de implementar medidas para evitar que estas acciones afecten negativamente la operatividad de las entidades públicas y frenar el debilitamiento estatal.
Expertos en derechos laborales concuerdan en que desde el Estado se ha hecho un uso indebido de los renglones temporales para cubrir las funciones de trabajadores permanentes, por lo que, tras demandas judiciales, los tribunales terminan reconocimiento las relaciones laborales, que terminan el pago de prestaciones, salarios caídos, que afectan las finanzas públicas.
Al mismo tiempo, existe un consenso respecto a que este tipo de contrataciones están influenciadas más por intereses políticos o decisiones discrecionales de funcionarios, que por necesidades reales para el funcionamiento de las instituciones públicas.
En concordancia con lo anterior, La Hora publicó el reportaje “Vicio redondo: el Estado pagó Q724 millones en demandas laborales; 79 casos superan el millón”, en el que se detalla que se detalla que solamente el año pasado se desembolsaron Q724 millones para pago de reinstalaciones para exfuncionarios, exdiputados, e incluso parejas de exdirectores.
También, La Hora publicó la investigación «En 6 años, el presupuesto para pago de contratos 029 aumenta 50%, pese al descalabro en demandas judiciales», en el que se destaca el aumento de los plazas temporales en el Estado.
Una última publicación esta semana documenta el caso de la expareja de Carlos Velásquez Monge, exdirector de Aeronáutica, quien obtuvo Q1.73 millones en concepto de sueldos dejados de percibir, después de que un juez de Trabajo ordenó su contratación en la DGAC, aunque ella no era parte del personal de la entidad originalmente.
Por ello, aunque con diferentes enfoques, los expertos concuerdan en que esta práctica debe corregirse al regularizar las plazas, limitar las contrataciones laborales y reformando normativas que permiten estas contracciones.
Luis Linares, consultor de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), Francisco Quezada del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), y el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de Guatemala (SNTSG), Luis Alpírez, comentaron sobre el tema.
OPINIONES DIVIDIDAS SOBRE CONTRATACIONES
Luis Linares de Asies sostuvo que el problema es que el Estado contrata a personas que, indudablemente, están en una relación de trabajo o prestan servicios en una relación de trabajo, en la que se da una simulación del contrato de trabajo, es decir una simulación de una relación de tipo civil.
El experto señaló que en estas contrataciones concurren diversos elementos que configuran una relación laboral, como la dependencia continuada, el cumplimiento de un horario determinado y el desarrollo de actividades de carácter permanente. También, indicó que bajo este tipo de contratación se incluye personal subalterno, como pilotos, secretarias, conserjes y personal de salud, entre otros.
Para Linares existe un problema ético en el Estado, ya que con estas contrataciones se vulneran los derechos de las personas al forzarlas, por necesidad, a renunciar a derechos laborales. Esto ocurre porque, por lo general, en los contratos se establece que se trata de una relación de carácter estrictamente civil, la cual no genera derechos laborales.
El experto resaltó que en este tipo de casos se configura lo que en el derecho laboral se conoce como “contrato realidad”. “El vínculo es lo que es y no lo que dice el papel”, apuntó.
Al respecto, el abogado del CIEN Francisco Quezada explicó que las personas contratadas en renglones permanentes acuden a los pactos colectivos que son absolutamente lesivos e igual arrebatan al Estado, no solo de recursos, sino de capacidad, ya que nadie que haya firmado un pacto agresivo ha mejorado la calidad del servicio, sino que por el contrario se empeora, ya no trabajan y ganan muchos privilegios a través de la actividad sindical.
También indicó que, cuando no existe la capacidad institucional, se recurre a la contratación de personas bajo renglones temporales para servicios profesionales. Sin embargo, estos contratos suelen prorrogarse año con año y, al finalizar, los casos llegan a tribunales, donde se determina que sí existió una relación laboral. Como resultado, se ordena la reinstalación del trabajador o el pago de prestaciones que no corresponden al tipo de renglón.
El secretario general del SNTSG, Luis Alpírez, señaló que desde hace más de dos décadas se han opuesto a este tipo de contrataciones, las cuales han calificado de abusivas, arbitrarias y politiqueras, puesto a que están cargadas de mucha subjetividad, incluso en el tema del pago de los honorarios.
El líder sindical sostuvo que los contratos dejan mucha discrecionalidad a los directores de las unidades ejecutoras, quienes son los encargados de hacer las contrataciones, así como a recursos humanos y las direcciones financieras.
Esta discrecionalidad se da debido a que, según Alpírez, hay trabajadores que ganan menos del salario mínimo por contrato, mientras que el personal 029 llegaba hasta ganar Q40 mil, aunque con el Presupuesto 2026 se estableció un tope para los pagos.
De acuerdo Alpírez, las contrataciones siempre van acompañadas de intereses de funcionarios o diputados y representan un fraude de ley porque los renglones temporales realizan el mismo trabajo que el trabajador permanente.
“Tiene un jefe y tiene insumos y utensilios o equipo a su cargo, marca un horario de entrada y de salida, y tiene bajo su responsabilidad programas o proyectos estratégicos. Esas cosas que nosotros hacemos como renglón 011, son las que nos hace a nosotros saber que ese es el fraude de ley que se empezó hace muchísimos años en el Estado”, apuntó.
AFECTA AL ESTADO
El abogado del CIEN afirmó que el Estado tiene una bomba de tiempo puesto que el pago de salarios va en franco crecimiento año con año, por lo que la inversión se está comprimiendo.
“Por eso vemos que no hay carreteras, no hay hospitales, no hay escuelas. Muchas de las causas es porque el Estado tiene que estar pagando una planilla que va en crecimiento y en crecimiento, no solo de la cantidad de personas que hay, sino de los aumentos de salarios y privilegios que se van dando en estas contrataciones. Entonces, el Estado no los necesita”, agregó.
El experto remarcó que el Estado podría trabajar perfectamente con una tercera parte de las contrataciones, pero aseguró que son “botines de empleo generados por los diferentes gobiernos”.
A su vez, sostuvo que se está mermando la capacidad de los gobiernos para poder hacer obras, por lo que prevé que en muy poco tiempo se entre en una parálisis. “Prácticamente las obras ya no se ven”, recalcó.
El experto resaltó que actualmente la inversión en obras representa un 14% del presupuesto, pero se supone que el equilibro del gasto debe ser 50% y las obras el otro 50%.
Para Quezada, cada Gobierno ha ido disminuyendo la inversión en obras, por lo que al final de cuentas se entrará en un colapso porque no habrá proyectos, porque todo se irá a pago de balones de empleo.
Vicio redondo: el Estado pagó Q724 millones en demandas laborales; 79 casos superan el millón
Desde el sector sindicalista, Alpírez sostiene que este tipo de contrataciones son parte del debilitamiento intencional del sector público, que se produjo cuando empezaron las privatizaciones y venta de activos del Estado.
El sindicalista remarcó que todos los contratistas que han ido a juicios de reinstalación han sido favorecidos, (alrededor de 12 mil en Salud) por lo cual se han pagado grandes cantidades de fondos luego de procesos de hasta cuatro años.
Resaltó que, estos salarios caídos y todos los derechos que el trabajador debió tener, son restituidos por decisión de juez porque se incumplieron con los preceptos fundamentales para iniciar los procesos administrativos que la ley establece para la institución, pero en el Estado se niegan a cumplir estos pasos porque se aduce que son prestadores de servicios técnicos y profesionales.
De esta cuenta, inicia el debilitamiento financiero porque no se consideran estos pagos dentro del Presupuesto, según Alpírez.
Aunque se niegan a las contrataciones temporales, Alpírez remarcó que apoyan con trabajo jurídico a los empleados temporales que demandan al Estado porque son afiliados, porque tienen derechos y es su “obligación” como sindicato.
“El Estado nunca va a dejar de erogar fondos que pudieron haber evitado que se erogara en el tema de las reinstalaciones. Es una constante, es muy raro que el ministerio realmente gane un juicio de reinstalación de los trabajadores porque hacen las cosas mal y no porque lo quieran hacer, sino porque las legislaciones vigentes permiten esa permeabilidad de los procesos”, indicó.
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Alpírez recalcó que el debilitamiento también significa una mala atención porque no se cuenta con los insumos, aparatos y equipos adecuados, así como por la falta de motivación del personal porque no tienen derechos a vacaciones, al seguro social, a maternidad u otro derecho laboral.
LINARES: ERRADICAR PAULATINAMENTE ESTAS PRÁCTICAS
En cuanto a las soluciones, Linares destacó que el Estado puede liberarse de las demandas simplemente al no contratar y erradicar paulatinamente este tipo de prácticas, incluso si es necesario, reduciendo el número de personal que tiene bajo estos contratos.
Explicó que lo que no se paga en prestaciones, bajo la idea de generar un ahorro, al final resulta mucho más costoso, debido a que los montos que obtienen los trabajadores que inician acciones judiciales suelen ser elevados, debido a que no solo se les deben reconocer las prestaciones, sino también los salarios caídos.
Esta práctica se puede y debe de comenzar a limitar, según Linares, porque este tipo de contratos son plazas innecesarias como asesores, asistentes, entre otros, mientras que los trabajadores de “menor jerarquía” como pilotos, secretarias, inspectores, guardarecursos, entre otros, no demandan al Estado porque saben que se cierra la puerta a futuras contrataciones por lo que prefieren aguantar la relación irregular.
Esta práctica se puede y debe comenzar a limitar, según Linares, ya que este tipo de contratos suele utilizarse para plazas innecesarias, como asesores o asistentes. En contraste, trabajadores de menor jerarquía, como pilotos, secretarias, inspectores o guardarecursos, no demandan al Estado, porque saben que eso les cierra la puerta a futuras contrataciones, por lo que prefieren soportar una relación laboral irregular.
Por ello, remarcó que existen dos caminos: regularizar los trabajos que son necesarios e indispensables en el servicio público y eliminar los contratos en plazas innecesarias. A su vez, afirmó que debe establecerse un límite en el número de plazas, ya que se genera un problema en las dependencias públicas cuando se les asigna presupuesto y los funcionarios deciden “repartir puestos”.
A consideración de Linares, no se trata de un tema que se resuelva cambiando la ley, sino de contratar a los trabajadores conforme a la legalidad y erradicar la práctica de incorporar personal innecesario, lo que significaría un ahorro para el Estado.
Según explicó, hace 30 años eran muy pocas las personas contratadas bajo los renglones 022 o 029, pero esta modalidad se fue ampliando, al punto de que actualmente existen otros, como el 185 o el 138, pero todos comparten la misma situación, en la que se configura una relación de trabajo que genera derechos para el contratado.
QUEZADA: REGULACIÓN DE PACTOS Y LIMITACIÓN
El analista del CIEN resaltó que deben regularse los pactos colectivos de manera inmediata y como corresponde, ya que son ilegales y abusivos en su mayoría.
También, remarcó que las contrataciones temporales deben limitarse, así como regulación porque se está usando para encubrir la contratación permanente.
En línea de lo anterior, Quezada sostuvo que “el mal de todos” es que los gobiernos llegan a colocar gente por lealtad política, lo que provoca que personas que no se necesitan en el Estado y que no tienen vocación, acusan a los sindicatos o tribunales cuando se siente amenazada y de esta forma mantener su estabilidad laboral “artificialmente creada”.
El experto remarcó que deben reformarse muchas leyes para evitar el abuso de la contratación de personal.
Quezada apuntó en que primero se debe reglamentar los pactos colectivos y reformar leyes para evitar el abuso en la contratación del personal, sin embargo, remarcó que existen temas como la inmoralidad que hay de diversos políticos por querer convertirse en una fuente de empleo de la gente por la lealtad que les tuvieron.
“Hemos ido viendo el crecimiento de todos los gobiernos y es gente que contratan por ser del partido, pero después se paran quedando permanentemente”, indicó.
El analista recalcó que es lamentable que los diputados, quienes deben de regular el tema, son quienes más incumplen en las contrataciones.
Al mismo tiempo, agregó que estas acciones no solo ocurren en el Ejecutivo, sino que también las alcaldías no hacen obra porque todo el dinero se va en la contratación laboral, por lo cual luego van a solicitar fondos a los Consejos de Desarrollo para que les hagan las obras porque ya no tienen dinero.
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Quezada concluyó en que se trata de un tema ilegal y hasta moral, porque se están despilfarrando los recursos del Estado y al final están contratando miles de personas que no son bueno servidores, por lo cual los servicios públicos con los que se cuentan en el país son caros y peores, porque lo que podría hacer una persona, lo hacen cinco.
ALPÍREZ: CONVOCATORIAS A PLAZAS
Sobre la misma línea, Alpírez remarcó que se debe evitar este tipo de contratos, ya que se distribuyen entre la clase política del país. A la vez, mencionó que piden al Congreso durante la aprobación del presupuesto nacional que se pongan condiciones porque el recurso humano no es maquinaria, carreteras o aparatos.
Sin embargo, el líder del SNTSG remarcó que el Congreso no ha hecho caso porque de hacerlo, debilitan sus aspiraciones políticas, y se distribuyen los fondos en las instituciones que conocen que habrá flujo de contracciones.
Para Alpírez, se debe forzar al Estado a que haga las convocatorias de las plazas porque tienen desfinanciadas muchas plazas de personal permanente porque prefieren jugar con las contrataciones de los trabajadores.
También, resaltó que desde el 2015 se han propuesto reformas a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, a la Ley del Servicio Civil, a la Ley de Desarrollo Rural y al Código de Trabajo, pero no han existido avances en el Congreso porque no se han llegado a “consensos de intereses”. “Tú sabes que ahí al Congreso se metió una cabra y salió una vaca”, indicó.
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