En octubre del 2024 se informó en una citación de la bancada Vos en el Congreso que Guatemala tiene una cuota anual de pesca de 9 mil 400 metros cúbicos y que hace años se había otorgado las licencias otorgadas a siete empresas pero que ninguna embarcación tenía bandera guatemalteca, por lo que la especie que se captura en la zona económica se destinaba hacia Panamá y Ecuador.

Según se indicó en esa citación, que el Maga por medio de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura (Dipesca), contaba con siete concesionarios para la captura en el Pacífico y dos para el Atlántico, con sus debidas embarcaciones, y que estas tienen la obligación de hacer cuatro entregas de producto en Guatemala, pero que algunas no lo cumplían.

En esa ocasión la entonces viceministra de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Maga, Marissa Montepeque, confirmó que estas embarcaciones no habían realizado entrega del producto en Guatemala, por lo que han sido sancionados con multas, cuyos procedimientos datan de entre el 2021 y el 2023, pero que han sido exoneradas al solicitar desistimientos.

En tanto durante la presenta semana el Maga informó que la viceministra renunció al cargo por razones personales, cuya renuncia se hizo efectiva el 24 de febrero, según el boletín emitido por esta institución.

Un día después, el 27 de febrero, circuló un documento supuestamente emitido por Montepeque, donde se señala que dicha renuncia no fue voluntaria, sino que el ministro de Agricultura, Maynor Estrada, la forzó a presentarla, porque no accedió a la petición de él, quien junto a otros funcionarios querían quitarle la licencia a una empresa para otorgarla a otra.

Consultado sobre las razones de la renuncia de la exviceministra, refirió que son cuestiones muy personales y situaciones particulares cercanas a su entorno familiar, por lo que le pertenece a ella la información porque es muy privado porque “son cuestiones más que todo de carácter personal y ligadas a su entorno familiar”.

Se intentó contactar a Montepeque, pero no ha respondido a las llamadas, mensajes y solicitud de información para confirmar si emitió o no el documento con los supuestos señalamientos. Sin embargo, Estrada declaró que no emitiría opinión acerca del contenido porque se trata de un documento apócrifo o anónimo que no tiene firma.

Añadió que la exviceministra le habló el jueves por la mañana, que le dio a conocer que se encontraba muy afectada y le aseguró que no había participado en la elaboración de ese documento y que no había tenido nada que ver con ello.

El funcionario mencionó que Montepeque le comentó que estaba emocionalmente bastante afectada porque se sentía muy ofendida tomando en consideración de que la ponían en entredicho con él. Estrada indicó que, para dar declaraciones a los medios de comunicación, llamó a la exfuncionaria para consultarle si le autorizaba hacer público lo conversado al respecto, porque había sido “una plática muy personal con ella” y que no tuvo ningún impedimento para porque consideraba que era muy oportuno que el ministro hiciera esa aclaración en su nombre.

Estrada añadió que “no voy a referirme a lo expresado en ese documento apócrifo, anónimo y con muchas falsedades”.

Trasladarán cuota con licencia a otra embarcación

Consultado acerca de las denuncias públicas que se dieron a conocer en el Congreso en la citación desde octubre del 2024, de que se estaba favoreciendo algunas empresas con buques de bandera no guatemalteca y que ahora se buscaba abrirle espacio a la planta española mencionada.

Dijo que han sido citados en varias oportunidades por una bancada donde les han cuestionado sobre las licencias de atún.

Explicó que la pesca del atún se hace en aguas internacionales y no en las aguas nacionales, aspecto que está normado por la Organización Internacional de Atún, la cual asigna las cuotas a los países.

Añadió que en agosto del 2024 se venció la licencia para una embarcación, que no había cumplido lo establecido en la ley de pesca de hacer las cuatro entregas producto al país y que tampoco había cumplido con el pago de las multas impuestas por ese incumplimiento, por lo que se decidió ya no renovarla.

Explicó que se notificó a la empresa la cual llevó a cabo el procedimiento administrativo jurídico correspondiente, presentó las revisiones y diversas acciones legales para revertir esa decisión, y que el caso llegó a la Corte de Constitucionalidad la cual a finales de enero 2025 determinó que la cuota es soberana del país y que le pertenece por lo que puede disponer de la misma.

Estrada explicó que basados en esa resolución mantienen su postura de no renovar la licencia y en los próximos días van a trasladar la cuota a la otra embarcación que tiene bandera guatemalteca, cuya empresa atunera con capital español ha invertido en el país, en especial en Puerto de San José y que cuenta con una planta en Escuintla.

La cuota será de 1 mil 900 metros cúbicos, que incluyen los 1 mil 200 que tenía autorizados la licencia vencida, cuota que recuperó el país, y alrededor de otros 600 que se tenían de sobrante.

¿Quién investigará?

El ministro dijo que pidió a la Comisión Nacional Contra la Corrupción (CNC) que investigue acerca del procedimiento para otorgar las licencias de pesca, caso que, según Estrada, incluso podría involucrar a algunos funcionarios dentro del ministerio.

“Eso es parte de todo el trabajo que estamos haciendo, yo creo que ahorita sería adelantar hechos que en alguna medida pueden afectar el proceso, pero creo que lo más importante es que hemos venido a poner orden”, enfatizó el ministro.

Consultada la CNC respondió esta semana que dio seguimiento a los señalamientos luego de las citaciones en el Congreso en octubre último, pero expuso que por mandato legal, no puede investigar esos casos, y que dentro del Organismo Ejecutivo son las propias instituciones las que deben desarrollar las investigaciones por medio de las instancias de asuntos de probidad y sus órganos de control, aunque refirió que la Comisión pueden brindar acompañamiento.

Licencia, embarcaciones e inversión

A partir de esta semana se tendrá la primera embarcación con bandera guatemalteca para pesca de atún.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) decidió otorgar en los próximos días la licencia para la embarcación Sant Yago Uno, de la empresa Industria Atunera Centroamericana, por una cuota de 1,900 metros cúbicos.

El gerente de la compañía (una empresa de capital español instalada en el país), Guillermo Rodríguez Mahuad indicó que la embarcación es de bandera guatemalteca y esperan que este viernes 28 de febrero el Maga les entregue la licencia, lo cual les permitirá empezar a efectuar la captura de atún.

En la actualidad genera 600 empleos directos, y se llega a 3,600 jornales.

El ejecutivo señaló que se está haciendo una inversión de US$60 millones que incluye dos embarcaciones con bandera nacional, Saint Yago Uno y Sant Yago Tres, una planta de harina de pescado, módulo para vitaminas, y dos plantas para la producción de lomo fresco al vacío, y una generadora de energía eólica.

El precio promedio por tonelada de atún en el mercado es de alrededor de US$2 mil.

Rodríguez expuso que la Ley de Pesca de Guatemala establece en su artículo 25 que las cuotas de acarreo en el Océano Pacífico, solo a pueden ser concedidas a barcos de bandera guatemalteco, sin embargo, aseguró que desde 2005 se han concedido las cuotas de acarreo a buques no guatemaltecos, sino a ecuatorianos y panameños.

El tema es complejo y la Comisión Interamericana del Atún Tropical (Ciat) es el órgano que rige el control de la existencia en el Océano Pacifico, refirió explicando que recientemente había una disponibilidad de 600 metros cúbicos de túnidos, pero se congeló la cuota y no se ha notificó a la Ciat. Señaló que el caso se ha alargado porque otras partes han utilizado recursos legales para poderse apropiar del cupo.

Añadió que las autoridades del Maga recuperaron esa cuota para Guatemala y requirió que se notificará a la Ciat, pero por diversas razones no se ha gestionado, por lo que está varado el expediente.

Rodríguez Mahuad, aseguró que quienes obstaculizan la autorización de cuotas están muy organizados porque presentaron un recurso de revisión y en dos días se les otorgó un amparo por lo que considera que hay muchos involucrados.

Una cuota que no ingrese a Guatemala representa una sanción de US$30 mil y se tiene por ley dejar cuatro durante el año, añadió.

Recordó que la planta ubicada en Escuintla se ha quedado paralizada por un periodo de hasta 60 días por la falta de materia prima.

Se ha calculado que los cinco barcos que tienen cuota de Guatemala obtienen ingresos por unos US$150 millones y no ingresa ningún atún, ni se ha desarrollado ninguna otra industria.

Reiteró que, en el caso de Costa Rica y El Salvador, que tienen cupo de ese país, los obliga entregar todo el pescado por lo que para Guatemala debe ser lo mismo.

“¿Qué se ha hecho?, la verdad es que habría que preguntarle a la exviceministra cuáles son los resultados que estuvo ahí”, señaló Rodríguez Mahuad.