La Presidencia mantiene desde el 12 de septiembre la ley que permite a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) retener los fondos públicos no invertidos en el año. Hasta ahora, el presidente Bernardo Arévalo no ha tomado una decisión.

El decreto 7-2025 plantea que los Codedes continúen administrando los recursos destinados a obras regionales, con el fin de ejecutar proyectos coordinados y planificados por las autoridades locales.

Sin embargo, organizaciones sociales, tanques de pensamiento y cámaras empresariales advierten que la norma representa un riesgo para la transparencia, la fiscalización y el buen uso de los recursos públicos.

Además de que los fondos no ejecutados quedarán en manos de los Codedes en un año preelectoral, la ley reduce trámites para la aprobación de proyectos.

Si bien la agilización es necesaria, los críticos señalan que la amplia reducción de controles podría abrir espacio a la corrupción mediante la aprobación de proyectos discrecionales sin criterios técnicos.

La decisión

El presidente Arévalo tiene dos opciones ante el decreto 7-2025: sancionar la ley, lo que validaría la decisión del Congreso, o vetarla, con lo cual impediría su entrada en vigencia. No obstante, en este escenario ya enfrenta presiones políticas.

La Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) advirtió que, ante un veto, podrían darse manifestaciones de alcaldes. Varios jefes ediles ya enviaron cartas al Ejecutivo en las que destacan los supuestos beneficios de la nueva ley.

Constitucionalmente, el mandatario tiene hasta el 6 de octubre para decidir, ya que los 15 días que marca la ley son hábiles, lo que extiende el plazo para que se pronuncie a favor o en contra.

¿Nueva alianza?

El decreto 7-2025 obtuvo 107 votos a favor y, según fuentes legislativas, fue promovido por dos diputados.

Uno es Allan Rodríguez, jefe del bloque Vamos y expresidente del Congreso durante los primeros dos años de gobierno de Alejandro Giammattei.

El otro es Luis Aguirre, jefe del bloque Cabal, quien ha incidido en la mayoría de aprobaciones durante la actual legislatura.

Rodríguez y Aguirre manifestaron públicamente tener enemistad, pero la aprobación del decreto los unió. Con esa cantidad significativa de votos, si mantienen la alianza podrían revertir un eventual veto presidencial.