Se viven horas cruciales en el país puesto que estamos librando la madre de todas las batallas en el esfuerzo por rescatar nuestro sistema de justicia mediante la posibilidad de tener un Fiscal General que llegue a investigar, en realidad, todos los delitos que se cometen en ese terrible ámbito de la impunidad en el país. Los primeros pasos se dieron al colocar gente en la Corte de Constitucionalidad que no solo defienden las tramas chinas, sino que ahora ya están actuando para no permitir la nominación como fiscal de quienes han sido jueces, tratando de impedir que pueda haber un candidato honesto y valiente en la lista de postulados para dirigir el Ministerio Público.

Sin tapujos, los tres magistrados nombrados por el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Usac actúan para frenar la posibilidad de que Bernardo Arévalo vaya a nombrar a un Fiscal que investigue seriamente. No es casualidad que entre ellos estén los que hicieron burdos favores a los chinos, pero que pese a ello terminaron designados por la manipulación antojadiza que le dieron al proceso y la incompleta información que le dieron al encargado de negocios de Estados Unidos.

Decimos que es la madre de todas las batallas porque sin un Fiscal General que se ajuste a derecho y esté preparado para investigar a cualquiera que incurra en negociaciones corruptas no podremos salir del atolladero en que metieron al país los gobiernos de Jimmy Morales y Alejando Giammattei, ambos concertados para poner en el Ministerio Público a alguien que no solo enterrara los casos de corrupción sino que, además, se entregara a la defensa del sistema creado para destruir el anhelo de justicia.

Evidenciado está que el asunto de China que tanto preocupa a Estados Unidos es real en nuestro país y por eso es un sinsentido que los magistrados que recibieron apoyo traten de frenar a cualquiera que realmente esté dispuesto a combatir el lavado de dinero que alienta tanto al narcotráfico en nuestro territorio. La destrucción del sistema de justicia ha tenido efectos muy alentadores para el crimen organizado que resultó siendo el gran beneficiario de todo el andamiaje creado para apañar la corrupción.

Se viven, en este momento, horas críticas por el esfuerzo desesperado que hacen las mafias para asegurar que el Ministerio Público siga siendo lo que ha sido durante los últimos ocho años, es decir un instrumento de impunidad y criminalización de cualquiera que señale esa dramática realidad que se vive en Guatemala.