Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), dijo que existe una denuncia que señala directamente al presidente de la República, Bernardo Arévalo, y a su hermano, Martín Arévalo, de haber entregado a empresas chinas el control de los puertos del país.

Agregó que las diligencias se realizan en los terrenos donde posiblemente se hizo la transacción.

De esa cuenta, se efectúan tres inspecciones oculares en distintos lugares de Puerto Quetzal, los cuales se presume pertenecen al Instituto de Previsión Militar y al Puerto Quetzal, dijo Curruchiche.

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia afirmó que los señalamientos de la Feci son espurios y que los allanamientos se realizan a semanas de que el Gobierno y Estados Unidos firmen una carta de entendimiento para mejorar y ampliar la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ).

“Los señalamientos son espurios, que rayan en lo absurdo y ridículo, a semanas de que el Gobierno de Guatemala firme con la marina del Gobierno de los Estados Unidos una carta de entendimiento para mejorar y ampliar EPQ”, indicó la Secretaría.

Otros casos contra el presidente de Guatemala

Este no es el primer proceso de investigación contra Arévalo. El 21 de agosto de 2024, Curruchiche anunció en una conferencia de prensa posibles actos de corrupción en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi).

Curruchiche comenzó la conferencia refiriéndose al presidente de la República, Bernardo Arévalo, a quien señaló de ser el “principal responsable de fomentar la impunidad”.

Según el fiscal, Arévalo habría emitido una orden ilegal al crear un mecanismo de pago arbitrario, fuera del marco de sus funciones y atribuciones establecidas en la Constitución.

Indicó que Arévalo autorizó ilícitamente, con su firma, pagos a contratistas del Estado, a favor de “contratistas contratados por el Micivi”.

Curruchiche dijo, entonces, que se solicitó el retiro del derecho de antejuicio contra Arévalo por los delitos de abuso de autoridad, resoluciones violatorias a la Constitución y usurpación de atribuciones, al haber dado instrucciones ilegales.

Comentó que la Feci únicamente interpuso la acción contra el presidente Arévalo y no contra otros funcionarios o exfuncionarios, debido a que la investigación responde a una denuncia interpuesta.