El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia afirmó este lunes 2 de junio que la orden de captura emitida por una sala de Guatemala contra la fiscal general de Colombia y un exministro de Defensa “carece de sustento jurídico” y “constituye un atentado contra los principios fundamentales de la justicia internacional”.

“Esta acción, que carece de sustento jurídico, constituye un atentado contra los principios fundamentales de la justicia internacional. Esta medida no solo representa una grave desviación de los estándares del derecho internacional, sino que también vulnera derechos humanos fundamentales”, denunció la Cancillería a través de un comunicado.

El Gobierno expresó así su “profunda preocupación y enérgico rechazo” a la decisión de la Sala Tercera de Apelaciones del Organismo Judicial guatemalteco, que ordenó la captura de la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, y del exministro y embajador designado de Colombia ante El Vaticano, Iván Velásquez, por supuestas irregularidades durante su trabajo en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Dicha sala de apelaciones, que ha sido cuestionada por diversos expertos en temas judiciales en otros casos, dio luz verde a la solicitud de detención contra Camargo y Velásquez, planteada por el Ministerio Público guatemalteco por el caso de la constructora brasileña Odebrecht, según medios locales.

Según el fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche, Velásquez, cuando estuvo al frente de la Cicig, permitió la aprobación de acuerdos de cooperación anómalos con dos directivos brasileños de Odebrecht en 2017.

La cooperación judicial debe ser transparente

La Cancillería colombiana insistió en el comunicado en que “la utilización de mecanismos de cooperación judicial internacional exige una base probatoria sólida y procedimientos transparentes, condiciones que claramente no se cumplen en este caso”.

“El Gobierno de Colombia reafirma su compromiso con el respeto y el derecho internacional, la independencia judicial y la cooperación entre Estados. Sin embargo, advierte que dichos principios no pueden ser tergiversados ni utilizados como instrumentos de persecución política o personal, ni para justificar decisiones carentes de legitimidad”, señaló el mensaje.

Ante esta situación, agregó el Ministerio, el Ejecutivo ha activado los canales diplomáticos correspondientes para manifestar formalmente su rechazo ante las autoridades guatemaltecas.

“Colombia confía en que la comunidad internacional sabrá reconocer esta situación como parte de una preocupante instrumentalización de los mecanismos judiciales internacionales, contraria al espíritu de legalidad, cooperación y justicia que debe prevalecer en las relaciones entre Estados”, concluyó la Cancillería.

En 2023, el Ministerio Público de Guatemala ya había anunciado que emprendería acciones legales contra Velásquez por su gestión al frente de la Cicig, en el marco del caso de corrupción vinculado a Odebrecht, y la misma advertencia se había extendido a Camargo.

Ese episodio tensó las relaciones entre los dos países, pues el presidente colombiano, Gustavo Petro, advirtió que los vínculos diplomáticos con el país centroamericano, en aquel momento gobernado por Alejandro Giammattei, se verían afectados si la Fiscalía continuaba con acciones legales contra Velásquez, quien en ese entonces era su ministro de Defensa.

La Cicig, bajo el mando de Velásquez y con la participación de Camargo, desmanteló entre 2014 y 2019 más de un centenar de estructuras de corrupción dentro del Estado, en su mayoría encabezadas por políticos, empresarios y funcionarios.

En 2024, la ONU recordó a las autoridades de Guatemala que los funcionarios extranjeros que formaron parte de la Cicig siguen gozando de inmunidad, en virtud del acuerdo por el que se estableció ese órgano.