El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, justificó no haber estado inscrito en el Registro de Abogados y Notarios y afirmó que, de quedar fuera del proceso de elección de fiscal general por falta de punteo, analizará acciones legales.

Durante una entrevista en el programa Mesa Central de Prensa Libre Radio, explicó que en procesos anteriores participó como aspirante e incluso integró la lista de seis candidatos sin que se le exigiera ese requisito.

Según indicó, la inscripción en el Registro de Abogados y Notarios es obligatoria para quienes litigan o ejercen el notariado, pero no para jueces, función que ha desempeñado durante toda su carrera.

“Lo que pasa es que hay una mala lectura detrás de todo esto”, expresó. Añadió que el cuestionamiento de la comisión de postulación se basa en que se registró como abogado hasta febrero del 2026, lo cual —según dijo— responde a que nunca ha ejercido el litigio ni el notariado.

Villeda aseguró que su trayectoria ha sido exclusivamente en la judicatura, por lo que no necesitaba cumplir con ese requisito. Recordó que en el 2010 participó en el proceso para fiscal general, fue incluido en la lista de seis elegibles y no se le solicitó la inscripción.

También indicó que en el 2014, cuando volvió a postularse, se cuestionó la misma situación, pero la comisión de postulación de ese momento concluyó que no era una condición que lo inhabilitara.

Explicó que la inscripción reciente obedeció a un nuevo requisito del proceso actual, que exige constancia de carencia de sanciones como abogado, documento que solo podía obtener si estaba registrado.

“Eso me obligó, aunque no litigo ni ejerzo el notariado, a inscribirme como abogado”, señaló.

Cuestiona evaluación

El funcionario también se refirió a la calificación obtenida en el proceso, que actualmente es de 41.86 puntos sobre 100.

Según explicó, la comisión consideró que su ejercicio profesional inicia a partir de su inscripción en el Registro de Abogados y Notarios, lo que le restó 50 puntos en ese rubro.

“Si sumo esos 50 puntos, llego a 91, más o menos”, afirmó.

Villeda recordó que en procesos anteriores obtuvo 76 puntos en una ocasión y alrededor de 35 en otra.

Asimismo, señaló que también se ha cuestionado que no haya sido magistrado titular, aunque afirmó que fue elegido en el 2014 como magistrado de sala suplente para el período 2014-2019 y que ejerció como titular en el 2017.

Consultado sobre si su cargo como ministro de Gobernación ha influido en su evaluación, indicó que no desea especular, aunque señaló que nunca antes le habían exigido ese requisito en otros procesos en los que participó.

Aspiración al MP

Sobre su interés en dirigir el Ministerio Público, afirmó que cuenta con la experiencia necesaria y que la institución requiere una reingeniería.

“El Ministerio Público precisa una nueva dirección y debe volver a su función original, que es ser un órgano objetivo de persecución penal basado en evidencia”, dijo.

Añadió que la institución no debe desempeñar un papel político, sino actuar con objetividad e imparcialidad.

Evaluación

La Comisión de Postulación para fiscal general calificó a Villeda con 41.86 puntos, por lo que actualmente no es elegible para integrar la lista final de seis candidatos.

El ministro llegó al cargo a finales del año pasado como parte del gabinete del presidente Bernardo Arévalo, tras solicitar licencia a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), debido a que es juez de carrera.

El Organismo Judicial le otorgó permiso para ejercer como ministro, el cual fue ampliado recientemente por un año más.

Villeda ha sido juez del Juzgado de Extinción de Dominio y es reconocido por su trayectoria en el sistema judicial.

Tras asumir el cargo en Gobernación, decidió postularse como candidato a fiscal general, decisión que, según indicó, conversó con el presidente Arévalo.

Sin embargo, su falta de registro previo como abogado generó cuestionamientos dentro del proceso, lo que podría dejarlo fuera de la selección.

Posibles acciones

Sobre los pasos a seguir, Villeda indicó que esperará la resolución final del proceso antes de decidir si presenta recursos legales.

“Lo voy a analizar, porque esto todavía está en discusión”, afirmó.

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