La presión sobre el consumo interno y los riesgos para la estabilidad macroeconómica del país son algunos de los riesgos identificados por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) al analizar la nueva orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que podría afectar el envío de remesas hacia Guatemala.

Además de la alerta, Fundesa recomienda al Gobierno de Guatemala implementar acciones y propone una estrategia articulada en tres ejes. En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) informó que mantendrá un monitoreo de las disposiciones que emita el Departamento del Tesoro y sostendrá diálogo diplomático para enfatizar el impacto que tendrían las restricciones sobre la economía guatemalteca y las familias que dependen de las remesas.

Disposiciones y efectos

La nueva disposición, identificada como “Restoring Integrity to America’s Financial System” o Restablecer la integridad del sistema financiero estadounidense, fue emitida el 19 de mayo e instruye a las autoridades de ese país a reforzar controles de identificación, monitoreo financiero y evaluación crediticia de migrantes sin autorización laboral.

Aunque la normativa es interna de Estados Unidos, Fundesa y, por aparte, Guido Rodas, exministro de Economía, advierten que Guatemala podría enfrentar consecuencias económicas significativas debido al peso de las remesas en el país.

Según datos del Banco de Guatemala (Banguat), las remesas aumentaron su participación en el 2025 al 20.7% del producto interno bruto, año en que se registraron US$25 mil 530.2 millones.

Se trata de cifras que cada año superan su récord histórico y sostienen el consumo de millones de hogares, refiere Fundesa, que considera que la preocupación trasciende el ámbito migratorio. Expuso que una reducción de entre 5% y 10% en el flujo de remesas tendría repercusiones macroeconómicas sensibles para Guatemala.

Entre otros efectos, menciona presiones sobre el tipo de cambio, disminución del consumo en áreas rurales dependientes de remesas y menor dinamismo del crédito y la recaudación tributaria.

Identifica, por ejemplo, que los departamentos más vulnerables serían Alta Verapaz, Huehuetenango, San Marcos y Quiché, donde gran parte de la actividad económica depende del dinero enviado desde EE. UU.

Otra repercusión es la posible limitación del acceso al crédito para migrantes indocumentados en EE. UU., especialmente en préstamos hipotecarios, automotrices y de consumo, lo cual podría reducir su capacidad de ahorro e inversión, con efectos indirectos para Guatemala.

Por aparte, Rodas coincidió en que, tomando en cuenta que la mayoría de migrantes no tiene estatus legal en Estados Unidos y que Guatemala no cuenta con TPS, el impacto será una desaceleración en el crecimiento de las remesas, así como de las Reservas Monetarias Internacionales (RMI) y una contracción del consumo privado, que representa más del 75% del PIB por el lado del gasto. Esto afectará la tasa de crecimiento del PIB, agregó.

“Algo muy preocupante es que las remesas cubren el déficit comercial que en el 2025 fue de US$19 mil millones, y si esas remesas se contraen, vamos a tener serios problemas en el tipo de cambio y en la disminución de las RMI”, expresó Rodas.

A su criterio, estos efectos obligarán a revisar las proyecciones, aunque estima que el mayor impacto se reflejará en el PIB del 2027.

Rodas añadió que el sector financiero podría verse afectado como intermediario cambiario, ya que se estima que la compra y venta de remesas generó ingresos brutos de alrededor de US$8 mil 500 millones.

Proyecciones oficiales

La economía de Guatemala se situará por encima del promedio regional en el 2026, con un crecimiento proyectado del 4.1%, impulsada por la resiliencia de sus sectores productivos, la estabilidad cambiaria y el crecimiento de las remesas, según expuso el presidente del Banco de Guatemala (Banguat), Álvaro González Ricci, el jueves 21 de mayo durante un encuentro empresarial ante la Cámara Oficial de Comercio de España en Guatemala.

González indicó que el consumo interno sigue respaldado por el ingreso histórico de remesas familiares, que se estima cerrarán el 2026 en alrededor de US$27 mil millones, y añadió que esperan un crecimiento del 5% respecto del 2025. Agregó que el monto de remesas que recibe el país supera el presupuesto total del Estado.

Plazos y efectos

La implementación de las disposiciones será paulatina, entre 60 y 180 días, y en ese mismo período se percibirán sus efectos.

A 60 días de la emisión, entraría en vigor el advisory del Tesoro a instituciones financieras, que consiste en una alerta formal sobre riesgos del uso del sistema financiero por personas sin autorización de trabajo.

En ese plazo también entrará en vigencia la orientación sobre riesgo crediticio (CFPB), que establece que la deportación potencial y la pérdida de ingresos pueden ser factores para evaluar la capacidad de pago de prestatarios sin autorización laboral.

A 90 días, entrarán en vigor otras disposiciones, como reformas a la Ley de Secreto Bancario (Bank Secrecy Act, BSA), que incluyen la recolección de información sobre estatus migratorio cuando sea relevante para evaluar riesgos de actividad ilícita.

A 180 días, se revisarán los programas de identificación de clientes (CIP), con el fin de fortalecer los mecanismos de identificación y evaluar el riesgo de las tarjetas consulares extranjeras.

Fundesa también identificó otros posibles efectos:

• Las nuevas exigencias de verificación financiera podrían dificultar el acceso de migrantes guatemaltecos al sistema bancario en EE. UU.
• Se establecen mayores controles sobre transferencias, ITIN, plataformas digitales y cuentas vinculadas a personas sin autorización laboral.
• Se evaluará el uso de matrículas consulares extranjeras como identificación financiera.
• Restricciones adicionales podrían llevar a bancos y remesadoras a cerrar cuentas o bloquear transacciones, lo que afectaría el envío de dinero hacia Guatemala.
• Estas medidas podrían aumentar el uso de mecanismos informales, con mayores riesgos de fraude y menores montos para las familias.

Tarjetas consulares

Fundesa explicó que en 180 días se revisarán los programas de identificación de clientes, incluyendo el riesgo de las tarjetas consulares extranjeras, como la matrícula consular guatemalteca.

La entidad advirtió que la orden menciona el riesgo de estas tarjetas, utilizadas por miles de guatemaltecos en EE. UU. para acceder a servicios financieros. Su posible desacreditación como instrumento de verificación de identidad (KYC) “tendría un impacto directo en la capacidad de la diáspora para enviar remesas formalmente”.

Recomiendan acciones

Fundesa propone que el Gobierno implemente una estrategia en tres ejes: diplomático-bilateral, regulatorio-financiero y fortalecimiento de canales formales.

Recomienda activar el diálogo bilateral con EE. UU., por medio del Minex y la Embajada de Guatemala en Washington D. C., para defender el reconocimiento de la matrícula consular.

También sugiere gestionar una posición regional con Honduras, El Salvador y México para presentar una postura conjunta ante el Tesoro de EE. UU. durante el período de consulta de las reformas al BSA, entre otras acciones.

Minex

El Minex indicó a Prensa Libre que mantendrá monitoreo constante de las disposiciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en los próximos 60 días.

De igual manera, sostendrá diálogo diplomático con las autoridades de ese país para enfatizar el impacto macroeconómico que cualquier restricción significativa tendría sobre la economía guatemalteca y las familias que dependen de estas transferencias.

En cuanto a la Tarjeta de Identificación Consular Guatemalteca (TICG), actualmente está suspendida porque la Cancillería trabaja en una mejora de la misma, lo cual incluirá la entrega de este documento el mismo día; sin embargo, existen otras opciones para que los connacionales se identifiquen, como el pasaporte.

Daño colateral

Jahir Dabroy, coordinador del Departamento de Investigaciones Sociopolíticas de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes), opinó que el posible efecto en las remesas sería un daño colateral, ya que la disposición se centra en el lavado de dinero y actividades sospechosas.

Explicó que los envíos de remesas de migrantes guatemaltecos son regulares, lo que facilita su identificación dentro del sistema financiero estadounidense, aunque las medidas implicarán mayor seguimiento a actividades sospechosas.

Indicó que los guatemaltecos suelen enviar una o dos remesas mensuales de entre US$300 y US$800, montos que no son elevados.

Recordó que hace años se habló del “pitufeo”, práctica en la que se fragmentan envíos para lavar dinero, pero señaló que esos montos no son significativos para el crimen organizado.

Añadió que, aunque podría haber afectaciones, los migrantes buscarán alternativas para sostener a sus familias.

“Los migrantes son muy inteligentes para moverse de forma objetiva y tratar de identificar opciones”, afirmó.

Problema sería principalmente para empleadores

Según el analista de Asíes, el impacto sería menor en el envío de remesas, ya que los migrantes buscarán opciones en la oferta de servicios en EE. UU.; incluso, quienes tengan problemas con su documentación podrían recurrir a terceros para enviar dinero.

Sin embargo, advirtió que los nuevos controles podrían generar más dificultades para empleadores en Estados Unidos, quienes deberán justificar el uso de sus recursos, especialmente si contratan migrantes irregulares.

Respecto a las tarjetas consulares, recordó que Guatemala ya no las emite y que no son documentos de viaje oficiales, por lo que el pasaporte sigue siendo la principal opción de identificación.

Concluyó que será necesario observar el desarrollo de estas disposiciones en los próximos meses.