Agosto del 2025 está por terminar, y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) aún no presenta acciones concretas para el mantenimiento y reparación de carreteras en distintos puntos del país, a pesar de que las lluvias ya han reiniciado en el territorio nacional tras la finalización de la canícula.

Según informó el titular de la cartera, Miguel Ángel Díaz, durante una citación con el diputado José Chic, nuevamente se subirán a Guatecompras un total de 65 eventos de licitación para el mantenimiento de varios tramos carreteros ubicados en distintos puntos del país, muchos de los cuales están pendientes de atención desde el 2024 e incluso desde el 2022.

Díaz aseguró que, actualmente, la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) ha levantado un total de 458 eventos, de los cuales 111 ya se encuentran bajo contrato; 106 están en proceso de suscripción; 118 han sido adjudicados; 29 están en evaluación; otros 29, listos para contratación directa; y 65 más serán subidos nuevamente para licitación.

El monto que el Ministerio de Comunicaciones estima invertir en el mantenimiento de carreteras, incluyendo estos 65 eventos, asciende a más de Q1 mil 100 millones.

Extorsiones, coimas y desinterés

El ministro aseguró que hay varias razones por las cuales las empresas no han mostrado interésen participar en los procesos de licitación.

“Punto uno, porque no les interesa. Punto dos, porque hay procesos de extorsión a las empresas para que los dejen participar, sí o sí caen muertos con la coima, pero no dentro del sistema de Covial, ni del Ministerio de Comunicaciones, sino por actores externos interesados en provocar que no se levanten eventos”, aseguró Díaz.

Sobre las “coimas” que aparentemente se solicitan a las empresas, el ministro señaló que provienen de personas externas al CIV y Covial, pero no fue claro ni específico sobre a qué grupos pertenecen. En cuanto a las extorsiones, aseguró que la cartera ha tenido conocimiento de tres casos ocurridos en Chimaltenango, lo cual ha llevado a que las empresas eviten participar, con el fin de resguardar su seguridad y la de sus trabajadores.

Sin trabajos visibles

El diputado José Chic realizó el pasado viernes 22 de agosto un proceso de fiscalización en el tramo que va de San Pedro Carchá hacia Campur, en Alta Verapaz, y que, según información del CIV, está en mantenimiento. Sin embargo, el parlamentario confirmó a Prensa Libre que en el lugar no se observó maquinaria ni personal realizando trabajos de reparación o remozamiento, como afirmó el ministro.

“El ministro indicaba que hay 111 contratos que en teoría están en ejecución. Yo estoy hoy (ayer) en las Verapaces, vine a verificar si ya se están ejecutando y no encontré ni siquiera ninguna empresa, o sea, no hay nada aún. Pero el ministro decía que hay 111 contratos. Ya estamos analizando presentar algunas acciones como una debida ejecutoria, pero también acciones penales en contra de los funcionarios porque no pueden pasar todo este tiempo mintiendo”, aseguró Chic.

El congresista explicó que recorrió la ruta desde San Pedro Carchá, pasando por Lanquín y San Bartolomé, hasta llegar a Campur, y en ningún tramo encontró personal de Covial o de alguna empresa realizando trabajos de mantenimiento.

Indicó que presentarán acciones penales, ya que se ha incumplido el amparo que le fue otorgado el 23 de junio por la Corte de Constitucionalidad (CC), en el que se ordena al CIV, al Ministerio de Finanzas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) que, en un plazo de 90 días, presenten un plan para la construcción, rehabilitación y modernización de la red vial del país. Ese plazo vence el 23 de septiembre. Además, anunció que la próxima semana volverá a citar a Díaz para que explique por qué afirmó que se está dando mantenimiento a la red vial, cuando eso es totalmente falso.

Consecuencias por la falta de planificación

A criterio de Jorge Benavides, investigador de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, (Fundesa), los procesos de licitación toman un tiempo estipulado en la Ley de Contrataciones, y aunque sea demorado, el que no se tengan contratos a la fecha responde a una deficiente planificación, la cual no se ha realizado desde el año 2022. Y en lo que respecta a falta de oferentes, es importante tomar en cuenta que muchos posibles proveedores han cesado operaciones debido a que no pudieron mantener equipos, personal y maquinaria debido a falta de pago durante 20 meses de este gobierno.

“El problema es que si un gasto se tenía que hacer hace 18 meses y no se hizo, ahora el deterioro es mayor, y podría incrementarse entre 7 y 9 veces recuperar el mismo tramo al que no se dio mantenimiento. Y desde el punto de vista operativo, el principal impacto se ve en el encarecimiento de los productos que se movilizan para el mercado interno y la pérdida de margen de operación para los productos que se exportan hacia fuera del país”, afirma el experto.

También considera que lo primero que se verá es la necesidad de generar compromisos por emergencia y la acumulación de deuda no planificada para poder garantizar que se recuperen los tramos y puentes que puedan llegar a colapsar. Adicionalmente, las lluvias traen consigo el riesgo de perder por completo algunos tramos carreteros por deslaves o hundimientos, como fue el caso del kilómetro 44 de la autopista Palín-Escuintla.

En cuanto a las repercusiones para los guatemaltecos considera que no son solo a nivel económico, sino también social.

“El costo más significativo se relaciona con la pérdida de contratos por imposibilidad o retraso en el envío de la mercadería. A esto se suma el costo que deberán absorber las familias por deterioro y daños a los vehículos. Por último, es muy importante señalar los impactos sociales, como la inasistencia escolar, el incremento de víctimas por accidentes, y un mayor número de vidas que se pierden por colisiones que tienen una relación directa con el mal estado de la red vial”, asegura.

Por último, asegura que se debe agilizar el cumplimiento de las responsabilidades del Ministerio de Finanzas para garantizar que la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP) se pueda constituir como una entidad desconcentrada que tenga todas las atribuciones que indica la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria (LIVP). En segundo lugar, cumplir con las asignaciones presupuestarias que se mandatan en la misma ley, lo cual permitiría empezar a planificar el mantenimiento y mejora de las rutas centroamericanas.

Y como punto adicional, se recomienda que el Ministerio de Comunicaciones utilice las herramientas que el artículo 95 de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria le otorga para atender emergencias, lo cual facilita la contratación de proveedores que puedan atender los principales tramos carreteros y puentes.