El presidente de los EE. UU., Donald J. Trump, honró su promesa de campaña electoral declarando a los poderosos carteles mexicanos del narcotráfico y a sus extensas redes de apoyo, locales e internacionales, como organizaciones terroristas extranjeras, firmando para ello el mismo día en que tomó posesión una orden ejecutiva que permite legalmente, si fuere necesario, realizar en el extranjero operaciones unilaterales de diferente índole.

Por su parte, Canadá, como país vecino, socio y aliado, consciente de la importancia de esa medida, hace lo propio, designando también a los carteles mexicanos, inmediatamente después, como organizaciones terroristas.

Sin embargo, México, si bien es como Canadá, vecino, socio y aliado de los Estados Unidos, operando en los mismos formatos y los tres países en su conjunto representan una de las zonas económicas más integradas y dinámicas del mundo, producto de un tratado de libre comercio denominado hoy T-MEC, que está por renegociarse y que en el mes de junio próximo compartirán, como una excepción histórica, la sede de la Copa Mundial de la Fifa, pese a todo ello, México se ha rehusado firmemente a declarar a los carteles que operan en su territorio como terroristas.

El gobierno de México, que preside Claudia Sheinbaum, aduciendo razones constitucionales y que en ciertas circunstancias recurre a posiciones político-ideológicas de Morena, el partido político gobernante, que contradicen la intensa interdependencia económica que le ha permitido a México avanzar significativamente en su desarrollo y posicionarse como el principal socio comercial de los EE. UU., por encima de China y de Canadá.

Estas serias contradicciones estructurales inician en el período del expresidente Manuel López Obrador (2018-2024), líder de Morena, con una plataforma populista denominada la 4T, promoviendo cambios políticos que incluyeron un abordaje distinto para combatir a los carteles del narcotráfico bajo el lema “abrazos y no balazos” y, a su vez, promovió una reforma judicial controversial materializada en el gobierno de la presidenta Sheinbaum, que de hecho debilita la lucha contra el narcotráfico en ciertos y determinados territorios en el que los carteles influyen de una u otra forma.

Los EE. UU. dentro de su estrategia regional, que contempla múltiples frentes en contra del narcotráfico y el crimen organizado transnacional toman la decisión de solicitar, por primera vez, a través de una fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, en el que se han ventilado casos relacionados al narcotráfico, la extradición de funcionarios estatales, un senador y exfuncionarios todos miembros importantes de Morena, señalando vínculos con el poderoso cartel de Sinaloa.

Los gobiernos de EE. UU. y de México, que hasta ahora habían manejado con dificultad sus diferencias estructurales haciendo esfuerzos supremos de relativa discreción, apaciguando los ánimos en ciertas y determinadas circunstancias al más alto nivel político, están en este momento abiertamente confrontados en una crisis muy seria que puede evolucionar, si no se logran acuerdos inmediatos, a situaciones aún más complejas que podrían desestabilizar y comprometer al actual y al anterior gobierno de México, en que los carteles mexicanos del narcotráfico, que son la manzana de la discordia, están poniendo a ambos países en un curso de colisión. Los EE. UU. demostraron su determinación en Venezuela. ¿Estarán el gobierno de Claudia Sheinbaum y el partido Morena a la altura de las circunstancias? Guatemala, que es el país frontera del sur de México, a ponerse las barbas en remojo.