El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, logró este jueves una importante victoria política con la aprobación en el Congreso por estrecho margen de su megaproyecto de ley presupuestaria, que consolida su agenda radical para el segundo mandato y aumenta los fondos para su campaña antiinmigración.

Con un gasto de casi US$170 mil millones en cuatro años, el Gobierno aumentará la cantidad de agentes de migración —con unos 20 mil nuevos puestos—, construirá nuevos centros de detención para migrantes e invertirá en tecnologías de vigilancia, incluida la inteligencia artificial.

La ley contempla más de US$46 mil 500 millones para la construcción del muro fronterizo y más de US$45 mil millones destinados a la detención de migrantes, incluyendo la construcción y mantenimiento de los centros y el transporte de deportados.

Para aumentar las detenciones y llenar estos centros, el Gobierno prevé contratar más de 20 mil nuevos agentes para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).

El laboratorio de ideas conservador CATO ya predice que, una vez entre en vigor esta ley, la cifra de personas encerradas en centros de detención para migrantes se cuadruplicará: pasará de 50 mil actualmente a más de 200 mil en todo el país.

El AIC estima que el nuevo presupuesto podrá traducirse en unos 116 mil arrestos diarios de migrantes y personas que no tienen ciudadanía estadounidense.

Si el Gobierno consigue su objetivo de deportar a un millón de personas por año, unos seis millones de personas podrían perder sus trabajos, incluyendo 3.3 millones de migrantes.

La ley también busca aumentar los costos de algunos trámites migratorios y, por primera vez, se cobrará un monto de US$100 por solicitar asilo, un estatus diseñado para proteger a personas que huyen de la persecución política, religiosa, social o racial en sus países.

Apelar una decisión de un juez de migración costará US$900 (antes se cobraban US$110), y también se elevará a US$500 el costo de solicitar un Estatus de Protección Temporal (TPS).

La ley crea un nuevo impuesto que afectará directamente la economía de los migrantes en EE.UU.: un gravamen del 1% a las remesas enviadas al extranjero.

La ley también incluye medidas que afectan directamente a los migrantes, restringiendo su ya limitado acceso a beneficios fiscales.

A su vez, se reducirán los fondos federales del programa Medicaid para los estados que ofrecen servicios de salud a migrantes sin estatus legal, y se prohibirá que algunos migrantes con estatus legal —incluyendo quienes tienen visas de trabajo o TPS— puedan acceder a seguros de salud con costos reducidos.