El Gobierno de Guatemala, mediante un comunicado, rechazó enfáticamente las órdenes de captura giradas en contra del exjefe de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, y de la actual fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo.

Según el pronunciamiento, las medidas autorizadas por la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal carecen de sustento legal y vulneran el acuerdo suscrito entre Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el establecimiento de la desaparecida CICIG.

Asimismo, el Gobierno advierte que estas acciones contravienen los principios y propósitos de la justicia y del Derecho Internacional, contenidos en la Carta de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

#Comunicado | El Gobierno de Guatemala informa: pic.twitter.com/AtearNqEZw

— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) June 3, 2025

El comunicado también señala que estas órdenes de captura forman parte de una «seguidilla» de actuaciones por parte del Ministerio Público (MP), liderado por la fiscal general Consuelo Porras, así como de jueces señalados por su vinculación con redes de corrupción, quienes, según el Ejecutivo, han tergiversado el verdadero sentido de la justicia en el país.

Finalmente, el Gobierno de Guatemala indicó que ya mantiene contacto con las autoridades colombianas para presentar las objeciones y aclaraciones diplomáticas que correspondan.

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LAS CAPTURAS

El titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), José Rafael Curruchiche, informó, este lunes 2 de junio, que la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal, allegada a Felipe Alejos, autorizó una orden de captura contra Velásquez y Camargo.

Curruchiche detalló que el exjefe de la extinta CICIG y la Fiscal General colombiana son acusados dentro del expediente del caso denominado «Acuerdos Fraudulentos», por la supuesta comisión de los delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencia y colusión.

A su vez, el jefe de la FECI apuntó que con la resolución de la Sala Tercera, el ente investigador está autorizado para solicitar alerta roja ante la Interpol, con el fin de que se procure la captura de ambos, no importa el país donde estén.

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