Un grupo de diputados, encabezado por Álvaro Arzú Escobar, fundamento la invalidez legal del veto presidencial al Decreto 7-2025, por errores de fondo en los plazos legales que dicta la Constitución para ejercer el derecho al veto.

El mandatario anunció el veto presidencial al Decreto 7-2025, el pasado 3 de octubre, argumentando que la normativa tenía vicios inconstitucionales.

Ayer, el Congreso decidió por mayoría que el Ejecutivo aunque vetó el Decreto, lo hizo fuera de tiempo y eso lo hace inválido, por lo que legalmente se toma como un silencio y el Congreso automáticamente tiene la facultad de mandar a publicar la normativa para que cobre vigor.

El Decreto, denominado Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, según el Ejecutivo, contradecía cinco artículos de la Carga Magna, por lo que se vetaba.

El decreto establece el arrastre para el 2026 de los fondos no ejecutados este año. También fija un plazo de cinco días para la autorización de los avales institucionales para la ejecución de proyectos; ante el incumplimiento la solicitud quedaría aprobada automáticamente.

En un comunicado de prensa, señaló el gobierno que tiene “un enorme compromiso con el desarrollo local y comunitario” y que la “administración trabaja en defensa de la transparencia, la estabilidad fiscal y el Estado de Derecho, así como en la construcción de una Guatemala que garantice la dignidad de cada persona, con más y mejores servicios públicos”.