La Constitución de Guatemala establece que las relaciones entre el Estado y los empleados públicos deben regirse por la Ley de Servicio Civil. Este régimen se basa en la idea de acceso libre a las funciones públicas sin discriminación arbitraria, fundamentado en el mérito y las competencias de quienes aspiren a integrar las administraciones públicas. Sin embargo, la misma Constitución también prevé el derecho a la huelga para los empleados públicos, lo cual ha sido aprovechado por ciertos líderes sindicales y algunos políticos para fraguar y negociar acuerdos de beneficio mutuo, en perjuicio de los ciudadanos desorganizados.

En este contexto, los partidos políticos que compiten por el triunfo electoral buscan granjearse el respaldo de los sindicatos de empleados del Estado, mientras que los líderes sindicales aseguran la aprobación de pactos colectivos de trabajo en condiciones que desplazan inconstitucionalmente la aplicación de la Ley de Servicio Civil. Estos pactos conceden a muchos empleados públicos beneficios laborales que están por encima de sus méritos y competencias, generando un escenario de corrupción e incompetencia en la administración pública.

La consecuencia directa de esta situación es la mala gestión de los impuestos que los ciudadanos contribuyen. Administraciones públicas incompetentes y corruptas se traducen en una serie de problemáticas que afectan gravemente la calidad de vida de los guatemaltecos. La educación se encuentra en un estado deficiente, con escuelas que carecen de recursos y personal capacitado para brindar una enseñanza de calidad. Los servicios de salud están en decadencia, con hospitales y centros de salud que no cuentan con los insumos necesarios para atender a la población. La seguridad es deplorable, con una policía insuficiente y mal equipada que no puede garantizar la protección de los ciudadanos. Además, las infraestructuras públicas están obsoletas y deterioradas, más propias de países con la mitad del PIB de Guatemala.

Este escenario de descomposición institucional y malversación de recursos públicos es profundamente injusto y perjudicial para el ciudadano medio. El derecho a la huelga ha sido manipulado por algunos líderes sindicales y ciertos políticos para obtener beneficios que no corresponden a los méritos y competencias de los empleados públicos. La situación se agrava cuando estos pactos colectivos de trabajo se imponen por encima de la Ley de Servicio Civil, violando principios constitucionales y perpetuando la corrupción.

Es fundamental que se vuelva a aplicar la Constitución y la Ley de Servicio Civil tal como está previsto, para garantizar que el acceso a las funciones públicas se realice de manera justa y basada en el mérito. Solo así se podrá frenar la manipulación política y sindical que está hundiendo al ciudadano medio en la más injusta, inconstitucional e innecesaria pobreza.

La distorsión del derecho a la huelga y la negociación de pactos colectivos de trabajo inconstitucionales, por pretender sustituir el régimen constitucional y legal del servicio civil, ha llevado a un deterioro significativo de los servicios públicos en Guatemala. La solución pasa por una aplicación estricta y honesta de la Ley de Servicio Civil, que asegure que las administraciones públicas sean competentes y que los empleados públicos sean seleccionados y recompensados basándose en sus méritos y competencias.

En conclusión, la corrupción y la incompetencia en la administración pública, alimentadas por la manipulación política y sindical, están llevando a Guatemala hacia niveles de ineficiencia y subdesarrollo que ya se habían superado.