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CACIF llama a presidencia para el veto de las reformas de ley que exonera a iglesias e instituciones benéficas de licencias ambientales
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), realizó un llamado al presidente Bernardo Arévalo para vetar el decreto 09-2025 del Congreso de la República que propone reformas a la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. Dichas reformas buscar dar una exoneración a iglesias e instituciones benéficas para contar con […]
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El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), realizó un llamado al presidente Bernardo Arévalo para vetar el decreto 09-2025 del Congreso de la República que propone reformas a la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente.
Dichas reformas buscar dar una exoneración a iglesias e instituciones benéficas para contar con una licencia ambiental para la construcción o elaboración de proyectos; ante ello, CACIF señala que estas reformas proponen exclusiones y tratos desiguales en temas ambientales.
#AhoraLH | El CACIF hace un llamado al gobierno de Guatemala para vetar el decreto 09-2025 que propone las reformas a ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, indicando que las mismas proponen exclusiones y tratos desiguales en temas ambientales.
✍️: Kenneth Jordan https://t.co/0zJdBAvT6n
— Diario La Hora (@lahoragt) October 3, 2025
CACIF explica en su comunicado tres puntos que como sector privado es preocupante para el proceso de creación de obras y proyectos en el país, siendo estos:
- Exclusiones a sectores con capacidad de generar impactos ambientales, debilitando el sistema de gestión ambiental y crea vacíos de control.
- Trato desigual en la fiscalización de las empresas formales al continuar sujetas a obligaciones y controles, distorsionando la competencia y promoviendo la informalidad.
- Implicaciones para la competitividad y compromisos internacionales, generando un marco de incertidumbre de regulación que puede afectar la inversión, disminuir la confianza en el cumplimiento de acuerdos internacionales y proyectar un retroceso en materia de desempeño ambiental a nivel país.
EL DECRETO Y SU APROBACIÓN
La reforma propuesta por los congresistas se enfoca al artículo 8 de la ley mencionada, misma que establece que todos los proyectos u obras a ejecutar en el territorio nacional deben contar con licencias o documentos que avalen que no causará daños al medio ambiente.
Sin embargo, el cambio excluye a iglesias, instituciones benéficas y ventas informales de presentar dichos estudios, siendo redactado de la siguiente forma:
«Artículo 8. Para todo proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad comercial que por sus características pueda producir deterioro a los recursos naturales renovables o no, al ambiente, o introducir modificaciones nocivas o notorias al paisaje y a los recursos culturales del patrimonio nacional será necesario, previamente a su desarrollo, un estudio de evaluación del impacto ambiental, realizado por técnicos en la materia y aprobado por la dependencia respectiva del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Para el efecto se fundamentará en sus respectivos reglamentos, que estipularán: a) el listado taxativo por medio del cual se regulan las categorías de todo proyecto, obra o actividad comercial; b) tipo de instrumento ambiental que le corresponde; b) requisitos en cada caso concreto del instrumento ambiental; c) plazo para su cumplimiento; y, d) las sanciones, para quien omita el cumplimiento del estudio de Impacto Ambiental de conformidad con el presente artículo. En caso de no cumplir con este requisito dentro del plazo de seis meses de haber sido multado, el negocio será clausurado, en tanto no cumpla.
MARN SE PRONUNCIA ANTE DECRETO
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) mediante un comunicado, se pronunció ante la aprobación de la ley 5698, advirtiendo que la ley podría promover la «impunidad ambiental», al «otorgar privilegios» a ciertos grupos sin fundamento técnico y fomentar el incumplimiento de la legislación.
Ante la propuesta, el MARN destacó que la ley limita las licencias ambientales únicamente a actividades comerciales, excluyendo sectores como agricultura, construcción e industria.
MARN también aseguró que reduce las sanciones por incumplimiento a entre 2 y 10 salarios mínimos y elimina la responsabilidad de funcionarios públicos para exigir instrumentos ambientales.
Iniciativa 5698 genera reacción en el MARN y la señalan de «otorgar privilegios»
