El Tribunal de Mayor Riesgo C notificó su decisión de programar el juicio contra 8 implicados en el atentado que provocó la muerte de Byron Lima Oliva y otras 13 personas para el 5 mayo de 2026.

Según consta en la notificación, la decisión fue tomada desde diciembre de 2023; sin embargo, no fue notificada, sino hasta hace una semana, en la cual se indica que a razón de la agenda del tribunal, será hasta dentro de dos años que el debate será posible que se realice.

Entre los 8 acusados se encuentra Marvin Montiel Marín, alías «El Taquero», a quien se le señala de ser el autor intelectual del atentado, así como su esposa Sara Cruz, quien es acusada de haber ayudado a ingresar armas y otros objetos que fueron utilizados en el ataque.

Marvin Montiel enfrentará juicio por muerte de Byron Lima hasta 2024

Desde 2019, los sindicados fueron enviados a debate oral y público por parte de la jueza de mayor riesgo A, Claudette Domínguez, sin embargo, desde entonces se han excusado diferentes juzgadores al grado que distintos implicados han resuelto su situación en diferentes tribunales.

EL ATAQUE

El 18 de julio de 2016, se registró un ataque en el interior de la granja penal Pavón, en el que se utilizaron armas de diferentes calibres, así como una granada. El resultado, la muerte de Byron Lima Oliva, quien cumplía sentencia por la muerte de monseñor Juan José Gerardi Conedera, una modelo de origen argentino y 12 privados de libertad allegados a Lima.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público (MP), el ataque se registró por una disputa de poder en el centro carcelario, mismo que había generado rencillas con anterioridad entre Lima y Montiel.

Exsubdirector de SP acepta cargos en caso por la muerte de Byron Lima Oliva

Originalmente, 16 personas fueron enviadas a juicio, pero a la fecha, se registra la muerte del ex director del Sistema Penitenciario (SP) Luis de León Zea, mientras que el ex subdirector operativo del SP, Basilio Hernández, recientemente fue condenado tras aceptar cargos.

Se estima que otra de las implicadas, María Marta Castañeda, también busca acogerse a la ley de aceptación de cargos, mientras que el resto de sindicados aún esperan fechas para resolver sus situaciones legales.