Un proceso judicial que ronda las dos décadas, contra la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac), tuvo un extraño, súbito y lesivo giro el 22 de mayo último. El juez Tercero de Instancia Penal, Julio César Vásquez Xol, ordenó la inmovilización de una cuenta de dicha firma y el arraigo de directivos, por un reclamo de supuestos servicios prestados entre 2004 y 2008. El presidente de la Empornac afirma que no existen contratos. Lo extraño es la celeridad con la cual el juez Vásquez Xol —estuvo en una judicatura de Puerto Barrios, hace algunos años— decretó la medida para presionar el cobro de Q197 millones del pretendido adeudo. Tanta rapidez para afectar tan voluminoso monto de fondos públicos en un caso que recién conoce despierta suspicacias y temores.

Los temores son de diversos sectores empresariales, importadores y exportadores, que avizoran una grave crisis de abastos y pérdidas por retrasos de embarques, lo cual complicaría aún más los costos logísticos, que ya de por sí son altos por las limitaciones de infraestructura, pero que se han visto incrementados por la crisis de costo de combustibles. Algunos proveedores y compradores empiezan a evaluar el uso de puertos hondureños, lo cual adicionaría complicaciones y costos.

Las suspicacias surgen del contexto del juez, quien fue señalado en el 2021 por el Ministerio Público de los supuestos delitos de cohecho —soborno— y prevaricato; la Fiscalía promovió una solicitud de antejuicio que finalmente fue avalada por la Corte Suprema de Justicia, en noviembre de ese año. En abril de 2022, Vásquez Xol fue anunciado como suplente del Juzgado de Mayor Riesgo D, pero solo ocupó durante 24 horas el cargo, pues la CSJ dio marcha atrás, debido a los cuestionamientos públicos.

En noviembre de 2023, la Corte de Constitucionalidad confirmó el retiro de inmunidad, siguiendo la tesis e indicios presentados por el MP, acerca de la presunción de que Vásquez Xol había beneficiado en una audiencia de primera declaración a un grupo de personas que fueron detenidas en flagrancia con paquetes de cocaína. El juez las ligó a proceso por un delito menor. Pero es cuando ocurre otro de esos giros que causan extrañeza, por no decir suspicacia: en diciembre de 2024, el Ministerio Público solicitó desestimar y retirar los cargos, lo cual fue concedido con celeridad por la jueza Abelina Cruz. Curiosamente, dos meses antes, Vásquez Xol había ligado a proceso a un funcionario del TSE por supuesto fraude electoral.

La directiva de la Empresa Portuaria Santo Tomás presentó un recurso de revisión, el cual debería ser abordado al más alto nivel, sobre todo por el monto que implica para el erario, por el impacto de la inmovilización de cuentas en toda la operatividad logística nacional, pero, sobre todo, por la forma en que se dio la resolución judicial. Es necesario decir que este caso ya pasó por un extenso litigio en la vía civil, con todo y juicio, apelaciones, amparos. Una sala mixta de Apelaciones de Izabal, y cabe subrayar la localidad geográfica de la judicatura, habría emitido una orden a favor de la empresa demandante. Tal resolución también debería ser objeto de escrutinio de las máximas autoridades judiciales, para verificar que cumpla con todos los requisitos probatorios.

Existen otros casos en los que la presencia de Vásquez Xol ha coincidido con resoluciones reclamadas. Por ejemplo, cuando en 2020 era juez penal en Guatemala y ordenó el regreso del pandillero Aldo Dupié Ochoa al reclusorio de detención preventiva de la zona 18, del cual había sido trasladado, debido a su peligrosidad.