La euforia por la selección nacional —ahora ya desvanecida por un golpe de realidad— le restó fuerza a otra realidad mucho más dura, más cruda y de amplio impacto sociohistórico, que debería ser motivo de análisis, pero también de acción institucional visionaria en el Estado, dadas sus gravísimas implicaciones. Un excandidato edil del ahora extinto partido FCN-Nación, otrora oficialista, fue sentenciado por narcotráfico en una corte de Texas, EE. UU. Mario Rigoberto Ascensio contendió por la alcaldía de Salamá, Baja Verapaz en las elecciones del 2019. Afortunadamente, no ganó. Fue señalado de haber trasegado ilícitos entre el 2011 y el 2020. Fue capturado en el 2023 y extraditado; el 13 de agosto último se confesó culpable y el jueves 13 de noviembre fue sentenciado a 21 años de cárcel.

Se suma así al abyecto club de politiqueros convictos por delitos de narco y lavado, toda una galería de vergüenzas nacionales. O más bien desvergüenzas, porque durante años se pasearon ofreciendo el oro y el moro en campañas que obviamente buscaban el poder, pero no para el servicio del bien común. Por desgracia, Ascencio no es el primero ni el último.

En agosto del 2025 fue extraditado el exalcalde de Santa Lucía Cotzumalguapa Romeo Ramos Cruz, señalado de narco. Ganó el cargo en el 2020 con el ahora extinto Partido Productividad y Trabajo, y buscó la reelección en el 2023 con el partido Cabal. ¿De dónde provenían los fondos que aportó a las campañas? El 25 de agosto último, el exalcalde de Cuilapa, Santa Rosa, Edvin Marroquín Tupas, extraditado en el 2023, admitió cargos por el mismo delito en Estados Unidos. Llegó al cargo con el nefando Patriota, fue reelecto con Prosperidad Ciudadana y después con el también oficialista Vamos.

¿Cuántos casos más faltan para que la ciudadanía, los sectores productivos y las propias autoridades de turno exijan una reforma integral e íntegra que fortaleza al Tribunal Supremo Electoral y sus capacidades de fiscalización de financiamiento electoral? Los partidos políticos dicen una cosa, pero por detrás le meten el cuchillo a estas iniciativas. Se tardan lo que les da la gana en entregar informes físicos inexactos: sus cuentas ya deberían reportarse en tiempo real a través de NIT. Nadie obliga a tales grupos y personas a meterse en política, es un acto voluntario y, por ende, debe someterse al escrutinio público, pues pretenden manejar recursos e intereses públicos.

Por el contrario, recientes propuestas intentan debilitar la exigencia de origen de recursos partidarios y diluir la responsabilidad. Diputados y bancadas que impulsan tales atentados deben estar en la picota pública por anteponer intereses oscuros con pretextos que hasta invocan “soberanía”. Es evidente que el poder municipal, sobre todo en territorios costeros y fronterizos, así como en rutas de paso, proporciona acceso a recursos, permisos y hasta perversión de privilegios para la comisión de ilícitos.

Justo allí radica el peligro. Guatemala ya tiene 28 partidos establecidos, pero hay otros 21 en incubación. ¿Al servicio de qué o de quién? Si sus fines son honrados, deben rendir cuentas de sus dineros. Las bancadas del Congreso deben legislar para fortalecer y dar carácter verdaderamente supremo al Tribunal Electoral, para aguzar sus capacidades de revisión de finanzas. Pero no basta eso, también tienen pendiente una tarea que delatará de qué lado está cada diputado: actualizar la Ley contra el Lavado de Activos, una iniciativa que lleva meses ninguneada en el Legislativo. Es un requisito internacional que se debe cumplir. ¿Qué esperan?