La cooptación de la justicia en Guatemala tiene un fuerte impacto en el Estado de derecho. No solo ha significado el debilitamiento de la administración de justicia, sino que esta se ha convertido en un instrumento de persecución contra jueces, fiscales, opositores, periodistas y defensores de derechos humanos. Esta tendencia se ha intensificado en el último lustro, principalmente porque la justicia dejó de actuar con imparcialidad y perdió su función de contrapeso frente a otros poderes del Estado. La justicia se convirtió en un ariete para ajustar cuentas a partir de motivaciones políticas o ideológicas, pero también por estar al servicio de sectores económicos. La utilización de la justicia como elemento de persecución también ha consolidado el poder paralelo de sectores ligados al expresidente Alejandro Giammattei, que intentan revertir los avances democráticos y buscan retener sus cuotas de corrupción e impunidad en la administración pública.

El año pasado todavía existía la confianza de que con la elección de nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte de Apelaciones se podía revertir la tendencia nefasta de la justicia sometida a intereses políticos. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados y es evidente que la depuración fracasó. De los magistrados elegidos, 114 estarían involucrados en el caso de corrupción Comisiones Paralelas. Según el exfiscal Juan Francisco Sandoval, 12 de los nuevos magistrados de la CSJ estarían implicados en la manipulación de procesos de selección de magistrados. De acuerdo con Sandoval, en las salas de Apelaciones 102 tendrían señalamientos de estar vinculados en el caso Comisiones Paralelas. Se trataría de 68 titulares y 34 suplentes, lo que significa que casi la mitad de las cortes estarían ocupadas por profesionales con esos señalamientos. ¿Cómo ocurrió eso? Fue el resultado de las negociaciones entre bancadas de diputados interesadas en que la justicia continúe a su servicio.

Cinco meses después de que tomaran posesión los nuevos magistrados se evidencia que casi nada ha cambiado. Casos como el ensañamiento contra el periodista Jose Rubén Zamora no dejan lugar a dudas de que la justicia sigue secuestrada por las mafias. La Cámara de Amparo y Antejuicio, de la CSJ, denegó el amparo que la defensa de la víctima había presentado para que se le restituyera la prisión domiciliaria. En lugar de conocer el fondo del amparo, los magistrados se detuvieron en un formalismo para justificar que Zamora volviera a prisión preventiva, pese a que ya había estado 813 días en cautiverio. Este caso ilustra cómo la justicia se utiliza como persecución y venganza contra un periodista que ventiló desde las páginas del diario elPeriódico casos de corrupción, principalmente del expresidente Giammattei y sus componendas con Consuelo Porras, jefa del Ministerio Público.

La cooptación de la justicia también se manifiesta con el retorcimiento de leyes para beneficiar a corruptos, como actúa la jueza Abelina Cruz, o para encarcelar a quienes desafían el poder del pacto de corruptos, como opera el juez Fredy Orellana. En el caso de este último son evidentes sus prejuicios ideológicos a la hora de resolver. Para muestra un botón: entre los argumentos que utilizó Orellana para enviar a prisión a Eduardo Masaya, capturado para afectar la participación de la Planilla 10 en la elección de la junta directiva del Colegio de Abogados y Notarios, estaba que había hablado como si fuera “el dictador Fidel Castro o Hugo Chávez”. Realmente es lamentable que un juez se guíe por un anticomunismo tan trasnochado para meter a la cárcel a alguien. Esa visión maniquea de la realidad es la que mantiene a más de cien compatriotas en el exilio, víctimas de una justicia utilizada como instrumento de venganza y persecución.