La confrontación existente entre el Ministerio Público y el Presidente de la República no es algo nuevo sino que empezó justamente cuando Arévalo entró a la segunda vuelta electoral, lo que significó una especie de terremoto, sorpresivo y totalmente inesperado, en un medio político en el que han prevalecido pactos para mantener el sistema vigente. La arremetida para impedir la toma de posesión de Arévalo, una vez electo, es un hecho cierto y tangible que nadie puede pasar por alto, lo mismo que no se puede ignorar el extremadamente mesurado papel que ha jugado el mandatario a lo largo de este intenso conflicto.

La gran cantidad de días transcurridos desde que se produjo el cambio de gobierno sin que exista el más mínimo esfuerzo por investigar la corrupción de Miguel Martínez, Alejandro Giammattei y el pasado gobierno en general, de la que absolutamente nadie duda, sería razón más que suficiente para provocar el retorno de las facultades constitucionales del Presidente en cuanto a quien dirija el Ministerio Público. Pero esa “mesura” y falta de operación política, además de las expresiones de la bancada en favor de Félix Alvarado y que evidenció división, dio lugar a que a dos días de haber dejado el cargo se allanara la residencia del ex ministro Alvarado por supuestos manejos en el ministerio.

Siempre hemos dicho que en su gestión presidencial, el padre del actual mandatario, el doctor Juan José Arévalo Bermejo, enfrentó constantes intentos de golpe y todos los supo enfrentar con talento y firmeza, razón por la que logró no solo terminar su período sino ejecutar los mayores y más positivos cambios que ha vivido el país. Y es que ante esa clase de enemigos no se puede actuar más que con determinación y energía para utilizar todos los mecanismos que en el marco de la ley y con el peso de la presidencia para reencauzar el Estado de derecho, salvaguardar la democracia y asegurar la generación de oportunidades.

Pretender que Arévalo y Consuelo Porras lleguen a un acuerdo, como plantean algunos sectores, es realmente infantil porque la jefa del Ministerio Público ni investiga a Alejandro Giammattei y Miguel Martínez, sus subalternos tienen vínculos oscuros y no ha dejado la menor duda de cuál es el papel que está jugando y en el que sigue ganando mucho terreno, tanto así que hasta en el ejercicio de la conformación de las Salas de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia volvió a verse la enorme influencia de grupos que pretenden mantener, a toda costa, la total impunidad prevaleciente.

Hay tantos argumentos para evidenciar lo que el MP protege y la corrupción que ignora. Es el momento de asegurar una realidad distinta, por medio de la cual se opere para actuar en el marco de la ley, pero con determinación para responderle a aquel que votó por enfrentar la corrupción y la impunidad que aqueja el sistema.