Este martes 13 de mayo, la Corte Constitucionalidad (CC) en la resolución emitida bajo el expediente 1839-2025, resolvió denegar el amparo provisional solicitado por César Alexander Vega González, en contra de la Junta Directiva del Congreso de la República por el incremento salarial de los diputados; sin embargo, la magistrada Leyla Lemus emitió un voto disidente.

En el amparo, Vega argumentó que el aumento salarial de los parlamentarios, fue aprobado de forma irregular al no ser analizado financieramente y sin ser sometido a consideración del Pleno del Congreso.

De acuerdo con la resolución, el pleno de magistrados, en su calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo, consideró que no se cumplen con las condiciones en el artículo 28 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad para otorgar la medida provisional de forma inmediata.

Por lo anterior, la CC decidió continuar con el trámite y ordenó dar vista del informe circunstanciado a Vega González y al Ministerio Público (MP) mediante la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal en un plazo común de 48 horas para pronunciarse.

El caso seguirá siendo analizado por la CC, y será en una futura resolución cuando determinen si procede o no otorgar el amparo definitivo.

VOTO DISIDENTE

Por su parte, la magistrada Lemus, decidió emitir un voto razonado disidente en el caso, según ella, porque cree que si debió otorgarse la medida interina, debido a que sí existen indicios de ilegalidad en el proceso para aprobar el aumento a los legisladores.

En su voto, la togada indicó que, para que el aumento fuera válido, debía aprobarse previamente el plan de readecuación del presupuesto por parte del Pleno, con el fin de determinar la viabilidad del incremento salarial. Por lo tanto, la Junta Directiva estaba obligada a conformar un expediente administrativo que sustentara de manera legal, financiera, técnica y presupuestaria la factibilidad del incremento para los legisladores.

Posteriormente, la magistrada destacó que, una vez cumplido ese proceso, se podía elevar dicha decisión al Pleno del Congreso, lo cual, aseguró, «no se realizó».

Por lo anterior, consideró que, lejos de denegar el amparo provisional, el Pleno de la Corte de Constitucionalidad debió analizar si las actuaciones de la Junta Directiva estaban acordes a las estimaciones previamente efectuadas.

En cuanto al uso de fondos públicos, Lemus explicó que toda pretensión de aumento debe estar respaldada por dictámenes tanto jurídicos como financieros de la entidad pública que propone la mejora.

En ese sentido, la togada resaltó que tales parámetros jurídicos y financieros no fueron considerados, y por ello no se obtuvo la aprobación de la autoridad competente, en este caso, el Pleno del Congreso.

Lemus concluyó que, a su criterio, las circunstancias sí ameritaban otorgar el amparo provisional al solicitante, por todo lo anteriormente expuesto.

AUMENTO SALARIAL

El pasado 28 de febrero, la Junta Directiva del Congreso de la República concretó el polémico aumento de salario de los diputados, quienes a partir de entonces ganarían Q66 mil, alrededor del doble de lo que devengaban.

Mientras algunos aceptaban la oferta, el Partido Movimiento Semilla indicó que lo donarían asociaciones civiles, mientras solicitaban que dicho incremento fuera revocado.

Asimismo, fueron presentadas acciones ante la Corte de Constitucionalidad (CC), pero el incremento se hizo con la autorización de la mayoría de la Junta Directiva, evadiendo el procedimiento que ordenó la CC cuando otorgó amparo parcial al diputado de Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS).

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¿CUÁNTO GANAN?

Los 160 congresistas de la X Legislatura gozaban del incremento salarial que es de Q 20 mil más aproximadamente, con relación a lo que devengaban hasta enero 2025.

De acuerdo con el acta 21-2025 de la Junta Directiva de ese organismo, se aprobó un salario base para cada legislador de Q 46 mil 700.

Sin embargo, el monto incrementa debido a que los diputados reciben ingresos adicionales como beneficio de Q14 mil 600 por dietas, por asistir a plenarias y a comisiones de trabajo y Q5 mil por gastos de representación.

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